Los chilenos cierran el capítulo del cambio constitucional desmarcándose de los extremos políticos
SANTIAGO (AP) — Frente a un auge de los populismos conservadores en diversos lugares del mundo, los chilenos cerraron el domingo un ciclo constitucional largo y desgastante desmarcándose de los extremos.
Optaron por quedarse con el mismo texto que hace cuatro años querían reescribir, la constitución de la dictadura, y dar un mensaje claro a los políticos: trabajen en necesidades colectivas más urgentes con el marco legal actual.
Con el 55,7% de los votos, rechazaron una propuesta de nueva constitución, de marcado corte conservador, redactada por una mayoría de derecha y ultraderecha.
Hace poco más de un año, un 62% de los chilenos también había rechazado otro texto radicalmente opuesto, escrito por distintos sectores de la izquierda y apoyado por el presidente Gabriel Boric, una propuesta que muchos consideraban una de las iniciativas constitucionales más progresistas del mundo.
De ahí que el domingo nadie saliera a celebrar el resultado del plebiscito constitucional. Todos reconocieron fracasos. Y Chile seguirá regido por una constitución nacida del régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990), que ha sido reformada en hasta 70 ocasiones.
La conclusión en la que coinciden analistas es que los constituyentes desaprovecharon la oportunidad que les dieron los chilenos en dos ocasiones y apostaron más por diseñar un programa político que por redactar un nuevo marco legal duradero, donde tuvieran cabida diversas opciones democráticas.
En palabras de Marcelo Mella, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago, fueron más bien intentos de dejar su propia huella ideológica y, al final, todos pagaron las consecuencias.
La primera propuesta «iba demasiado lejos, demasiado rápido en temas como la plurinacionalidad o un derecho al aborto sin límites», opina Javier Couso, académico chileno y catedrático en Tendencias Globales del Constitucionalismo por la Universidad de Utrecht, en Holanda.
La segunda, en cambio, se iba al otro extremo y abría la puerta a limitar el aborto e intensificaba las políticas de libre mercado, reduciendo el papel del Estado y sus políticas sociales. Justo lo contrario de lo que exigieron miles de manifestantes en 2019, en el estallido social donde empezó todo.
Una de las lecciones del domingo, apuntó Couso, es que los políticos exacerbaron una polarización que no existe en la ciudadanía, que demostró moderación.
Para el experto constitucionalista, Chile mantiene una constitución de la dictadura «jurídicamente vigente pero repudiada por la ciudadanía» y no tiene «problemas irreconciliables sino problemas de justicia social». Con lo que, en un futuro, cree que se podría retomar el objetivo de elaborar una nueva constitución si hay madurez política y liderazgos.
Eso, sin embargo, no está en el horizonte cercano.
Nada más conocerse los resultados, Boric dijo que retomará su propuesta de reforma de pensiones y de leyes para la distribución de riqueza, que están estancadas en el Congreso. Y el lunes el gobierno ya empezaba a hablar de la necesidad de llegar a grandes pactos, aunque no será sencillo en un parlamento dividido.
Además, Boric reconoció desde el domingo la urgencia de dar solución «sin más demoras ni excusas» a temas como la seguridad. El lunes acudió a uno de los barrios más pobres de la capital para hablar de eso con los vecinos.
Pero los ciudadanos no quieren más palabras; quieren resultados.
“No sé qué pasa, no hay medidas, no hay mayores sanciones, vemos que los tipos están en la cárcel y después al otro día están sueltos otra vez”, se quejaba el domingo Johanna Anríquez, una funcionaria de 38 años que votó por la postura oficialista pero es muy crítica.
El ejecutivo de Boric destinó 1.500 millones de dólares extra a la seguridad este año y tiene previsto un aumento del 5,7% en los presupuestos de 2024 pero, a la par, no logra alcanzar acuerdos con la oposición en iniciativas como la de levantar el secreto bancario en investigaciones por lavado de dinero.
También activó medidas ejecutivas, como enviar más policías a las barriadas pobres, pero los chilenos se sienten cada vez más inseguros. Las tasas de criminalidad se han multiplicado aunque se mantienen a la cola de las de otros países latinoamericanos.
Nadie tiene claro qué puede pasar en el terreno electoral en las próximas convocatorias y al gobierno de Boric le quedan dos años de mandato, pero a cuatro años de la revuelta social, siguen vigentes las demandas ciudadanas de mejorar la salud, la educación o las pensiones.
La socióloga y psicóloga Kathya Araujo, que publicó varios libros sobre el violento estallido de 2019, ve incierto que en el corto plazo los chilenos puedan protagonizar protestas similares a las de entonces, que se fraguaron lentamente durante mucho tiempo.
Su argumento es que los movimientos sociales que se involucraron en la primera constituyente aún están pasando por una fase de “duelo y depresión” por el rechazo a su iniciativa en 2022.
“Pensaron que tenían que cambiar, que iban a cambiar la sociedad, que (la constituyente) era el lugar de la revolución”, indicó Araujo. Y, por eso, después de perder, comenzaron a desarticularse. Para la socióloga, no es que hayan desaparecido sino que están en proceso de recomposición.
Mientras, muchos se levantan este lunes en Chile con la sensación de que esa lucha social no sirvió para nada y quedó en papel mojado. «Quedamos igual, no hay más que hacer», afirmó el lunes Gustavo Fernández. «Con todo lo que se hizo… para nada».
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