López Peña: Podemos ser mejores o peores que Comodoro Py, pero no tenemos nada que ver con eso
Sebastián López Peña es la máxima autoridad del Poder Judicial de Córdoba. Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), lleva adelante un rol de bajo perfil pero de fuerte implicancia en la vida pública de la provincia.
Aunque suele aparecer poco en los medios, reconoce que debe acercarse más a la sociedad porque hoy, según sus propias palabras, la imagen de la Justicia entre los cordobeses es “mala”.
En una larga entrevista con el programa Voz y voto, López Peña se diferenció de lo que ocurre en la Justicia Federal (especialmente en Comodoro Py), afirmó que la población carcelaria ha crecido (en contraposición a la idea de “puerta giratoria”) y aseguró que su contacto con el gobernador Juan Schiaretti es solo “institucional”.
–¿Hay alguna intención de acortar la distancia con la sociedad y la Justicia?
–Hay un problema comunicacional en el que los poderes judiciales solemos incurrir. Hay un concepto abstracto de justicia, al que la gente se refiere y donde la gente encuentra cierto reflejo. Para bien o para mal. Y luego hay instituciones distintas. Hay poderes judiciales provinciales y hay uno federal, que además tiene representación en cada provincia. Y hay, además, ideas sobre la justicia administrativa, la de faltas, etc. Pero la percepción social engloba todo bajo un mismo concepto y, entonces por ahí una actuación de alguno de esos poderes, que tiene una repercusión mediática fuerte, engloba a todos. Eso hace que la gente entienda, para bien o para mal, un concepto generalizado que no es el preciso que merece, también para bien o para mal, un poder judicial específico. Lo que tratamos de transmitirle a la ciudadanía es que son poderes distintos. Independientes. Y hay un ejemplo concreto, que me animo a decir cada vez más ya que lo decía cuando era abogado litigante y lo ratifico desde mi lugar hoy: hay mucha trascendencia mediática en las decisiones que se toman en la Justicia Federal de Buenos Aires, en el edificio de Comodoro Py, donde se llevan adelante las causas más resonantes. Y como, generalmente, las que más repercuten son las negativas en cuanto a la percepción social, eso repercute en todas las instancias. Uno puede ser mejor o peor que en Comodoro Py, pero lo que sí somos distintos. No tenemos nada que ver con eso, para bien o para mal, y sin entrar a adjetivar la actuación de otro poder judicial. Debemos trabajar más en la comunicación sobre quiénes somos, qué hacemos y por qué debemos responder, y por qué no.
–¿En ese sentido, es partidario que los jueces hablen con la prensa? ¿O prefiere que lo hagan solo por sus sentencias?
–En el derecho privado, uno gana y otro pierde. O los dos ganan un poco. En el derecho público, ya es el Estado contra un particular. Pero siempre hay gente que no queda conforme. Un juez, un fiscal o un camarista que esté permanentemente dando explicaciones mediáticas es un proceso de desgaste muy fuerte. Sí creo que hay determinados momentos en el que aquel adagio de que “el juez habla por su sentencias” merece excepciones. Desde hace varios años esto es así, e implica que los jueces muchas veces debamos salir a explicar el contenido de una resolución; cuando la resolución es importante. O, desde mi lugar, como cabeza del gobierno del poder judicial, también explicar cada tanto cuáles son los ejes o políticas que se implementan y los porqué. Normalmente, todo lo que se lleva a cabo en instituciones tan grandes tiene que ver con un proceso, con una formación o con una idea que muchas veces no se conoce. Siempre hay un porqué en las decisiones. Estas cuestiones merecen, primero desde nuestro lugar con las instituciones que nos rodean, tener un diálogo que tiene que ser permanente, por ejemplo con los colegios de abogados, las asociaciones profesionales, federaciones de magistraturas, y los consejo de magistratura. Para que todos estén al tanto de lo que pasa. Y en segundo lugar, hacia el resto de la sociedad. Ir a lugares como este (por La Voz) que nos permitan poder transmitir lo que hacemos para que haya una idea más formada de lo que es, no la Justicia, sino el poder judicial.
Fuero Anticorrupción
–Un ámbito que concentró mucha polémica en Córdoba fue el del Fuero Anticorrupción. Es un espacio que comenzó a funcionar en 2004 y ha mostrado magros resultados. ¿Cuál es su percepción? ¿Debería modificarse?
–La puesta en marcha del Fuero Penal Económico Anticorrupción es de muchísimo años antes a mi ingreso al poder judicial. Lo viví desde otro lugar. Pero no me ha cambiado la idea, o la imagen, una vez adentro. Hay dos cuestiones. En primer lugar, la ponderación en cuanto al contendido de sentencias debe necesariamente, si queremos ser responsables, conocer el contenido de las mismas. Un concepto abstracto que diga que acá “hay magros resultados” debería tener en cuenta expedientes concretos, para ver si se produjo un resultado que no fue acorde a lo que debería ser. Y por qué. Esa discusión pormenorizada nunca la escuché. Escucho conceptos generales.
–Sobre un número muy bajo de condenas.
-Claro. Pero es común que en los fueros, o Penal Económico o Anticorrupción, donde la temática es mucho más complicada, los números cuantitativamente bajen. Porque son causas más complejas. Lo que sí digo es que son conceptos que, cuando son vacíos de contenido, son meros opiniones. En ese caso puntual conlleva mucha politización. El tema es que la clase política es la que está muy encima de esta cuestión y esto implica, para el juez, una cuestión de prudencia, en la que nunca puede intervenir o inmiscuirse en esa discusión. Sí creo que sea como sea el fuero, ese (por el Anticorrupción) o cualquier otro, es decisión del Poder Legislativo. A veces, a propuesta del Poder Ejecutivo, a veces por iniciativa de legisladores. Pero en ninguna de esas situaciones, ni cuando fue la creación ni cuando fue la idea de modificación, participó el Poder Judicial. Nunca al Poder Judicial se le preguntó si estaba a favor o en contra.
–¿Si debía existir un foro específico, o deben ser causas en los tribunales ordinarios?
–Exacto. A veces suele ocurrir, cuando hay ideas de reformas procesales, que se consultan a muchos de los actores del mundo jurídico. A veces se conforman comisiones donde el Poder Judicial tiene un representante, y también el Colegio de Abogados, la Academia de Derecho… De esa comisión puede surgir alguna propuesta que puede debatirse en materia procesal. En lo que tiene que ver con el Fuero Penal Económico eso no existió. No hubo una comisión que propusiera esto. Ni la hubo en 2021, cuando se creó el fuero de Violencia de Género, que está próximo a ponerse en marcha, en sus primeros lugar. Con el nuevo presupuesto se asignan ciertos recursos para ello.
–¿Eso le parece un déficit?
–Bueno, no… Esto implica entender bien qué es la división de poderes. No es potestad del Poder Judicial legislar. Al contrario, le está vedado. La Constitución indica que, nosotros como Poder Judicial, si pretendemos una ley debemos remitir la idea al Poder Ejecutivo, para que ellos la manden al Legislativo. Está establecido así, y no pasa por una cuestión de buena o mala voluntad. De la misma manera que digo: “El Poder Judicial no participó en esto”, tampoco voy a arrogarme facultades que la Constitución no le da al Poder Judicial.
La relación con Schiaretti
–En Comodoro Py se menciona mucho de la relación entre la Justicia y el poder político. En Córdoba, ¿qué relación tiene usted, como cabeza del Poder Judicial, con el gobernador Juan Schiaretti? ¿Hablan?
–Cuando hablamos es prácticamente público, en algún acto en conjunto o en la firma de algún convenio. Pasó hace días, a raíz del financiamiento de la construcción de los tribunales de Deán Funes. Fuera de eso, no hay diálogo personal. Hay sí un diálogo institucional, como con cualquier poder del Estado, con quien es el ministro de Justicia, o con la ministra Coordinadora en materia de presupuesto. Diría que es un diálogo institucionalmente bueno, y correcto; diálogo que puede tener sus partes buenas y sus partes malas. Días atrás (por diciembre) pasamos momentos de cierta tensión en la discusión del presupuesto por una modificación que hubo, no a la ley de equiparación salarial, sino a lo que son la percepción de los retroactivos de los salarios de los jueces. Fue una modificación inconsulta, que fue sorpresiva para nosotros, y generó cierta tensión. Pero el diálogo es el que debe ser. Así se han podido establecer ciertas políticas judiciales de Estado, como el avance en el expediente electrónico, que tuvo financiación del Gobierno; o en materia edilicia, para la construcción de dos nuevos edificios.
Violencia de género
–Mencionó el fuero de Violencia de Género. ¿Cuánto pesa todo el paquete de causas que gestiona la Justicia? Debe ser un gran volumen.
–Muchísimo. En materia de de recursos es una cuestión que va aumentando, y al mismo tiempo va colapsando. Hace falta cada vez más. Yo vivía en Madrid en 2002, cuando en ese momento en España estaba sobre la mesa la política de Estado sobre violencia de género. Todavía tenían a favor el Tratado de Maastricht, por lo que recibía muchos recursos de la Unión Europea, e invertía y mucho en esta temática. Pero a medida que pasaban los meses, veía que cada vez invertían más, y colapsaban. Hay una cuestión cultural que va a llevar, no ciertas políticas de Estado en algunos años, sino que va a llevar generaciones de revertir. Esto tiene que ver con hacer conocer, a cada vez más segmentos sociales, sus derechos. Que la gente pueda entender lo que está viendo, y si está mal. Que no haya un silencio cómplice ni de las víctimas ni de los actores, de conductas que antes, quizá, estaban tácitamente consentidas o no se denunciaban. Esa concientización en derechos implica, para el Poder Judicial, mayor trabajo porque a medida que la gente va conociendo qué esta mal, va recurriendo a la Justicia. Hoy, casi un tercio de la población carcelaria en Córdoba tiene que ver con la violencia familiar, directa o indirectamente. Hay fueros específicos de violencia. Es una temática transversal a todo el Poder Judicial. Esto implica el desarrollo de equipos técnicos, de apoyo, asistentes sociales, psicólogos, que insumen, desde lo presupuestario, muchísimos recursos. Y está bien que así sea. Si seguimos colapsando, quiere decir que vamos en el buen camino.
–Porque es mayor la concientización.
–Creo que sí. Lo hemos visto también con el tema de los abusos sexuales intrafamiliares, donde vemos muchas denuncias que en número son muy mayores a lo de años atrás. Uno se pregunta si antes no pasaba, o si ahora se denuncia más. Por otro lado, estamos empezando el programa de referentes judiciales comunitario. Es un programa inédito en el país, ya que asume la colaboración de agentes judiciales, cualquiera sea su rango (desde el camarista más experimentado hasta el empleado recién ingresado) para que, fuera de su horario de trabajo y ad honorem, concurra a lugares que son referencias sociales, culturales, o deportivos para la concientización de derechos. Nos hemos encontrado con la buena sorpresa de tener 1.000 voluntarios, sobre una planta de 8.000. Sabemos que si esto tiene éxito va a repercutir en una mayor tarea, porque la gente va a ir al Poder Judicial a buscar soluciones. No tenemos que bajar los brazos en este esfuerzo por hacer que toda la gente conozca sus derechos porque, en algún momento en muchos años, quizá veamos una curva de inflexión en los requerimientos. Porque si ya todos aceptamos que las cosa son así, se supone que las desviaciones deberían ser menor. Y porque además, el problema, sobre todo en derecho penal, no pasa por su aplicación, sino porque está en las antípodas. Cuando hay mayor educación, cuando hay trabajo, salud, uno entiende que los requerimientos por injusticias o por delitos deberían disminuir.
La “puerta giratoria”
–Ante el colapso que describe, aparece la idea de la “puerta giratoria” en la Justicia. Por ejemplo, ante un hecho delictivo reiterado, la pregunta suele ser, en muchos casos, qué hacía esta persona libre. ¿Es así? ¿No hay suficiente espacio físico para resolver este problema?
–En toda Hispanoamérica, el número de sentencias o de resoluciones es muy inferior al número de denuncias. Esto es un fenómeno global del derecho penal. El dato no es para consolarse, pero sí para entender que no es un problema que ocurra solo en nuestra provincia. Uno trata de lograr, con la menor cantidad de recursos posibles, la mayor eficacia. Y eso se logra a través de las reformas procesales, o de los códigos procesales, o ahora con la implementación del expediente electrónico y de las etapas de oralidad en la mayor parte del proceso. A medida que uno va logrando eso, y hace mucho años que se trabaja en eso, se van logrando mayores resultados. Esos mayores resultado implican mayor número de condenas y mayor número de internos privados de su libertad y que nos arroja un dato estadístico, objetivo, que parece contradecir la idea de la puerta giratoria: la población carcelaria en los últimos 10,12 años prácticamente se ha duplicado en la provincia. En un aumento que no se condice con el de la población, que ha sido mayor. Hay una cuestión presupuestaria en relación a la capacidad del servicio penitenciario de Córdoba, que siempre está en tensión entre la capacidad real y las personas que allí se alojan. Es un problema menor al que se ve en otras provincias, como Buenos Aires, donde hay un nivel de hacinamiento que en Córdoba todavía no se ha llegado. Pero indudablemente provoca un problema serio, que necesita un solución que es costosa. Siempre en esto la sociedad tiene una mirada un poco, lo digo con respeto, cómplice en el sentido de que desatiende las necesidades que el servicio penitenciario o las cárceles requieren. Pero hay que darle una solución. Esa solución implica un nivel presupuestario que muchas veces, desde el punto de vista político, no es simpático. No es simpático invertir en cárceles en vez de hospitales o escuelas…
–¿Sería cuestión física? ¿Harían falta más cárceles?
–Una cuestión física haría necesarios más recursos. No solamente en equipos técnicos. En agentes penitenciarios, nutricionistas, psicólogos.. Todo lo que conlleva una nueva cárcel.
–Con la idea de rehabilitación.
–Ese es el punto. Para que sea buena tiene que haber una contención. Es una solución, si se quiere, cara. Pero insisto: se están sacando, por año, cada vez más sentencias condenatorias. En relación al aumento de Tribunales y al aumento de la población, el número ha sido muy superior.
–¿Cuál es la población carcelaria?
–En este momento (a diciembre de 2021), alrededor de 11.000 internos.
Prisión preventiva
–Hay un sector de los abogados penalistas que han reclamado, a la Justicia de la Provincia, lo que consideran una aplicación excesiva de la prisión preventiva. ¿Cuál es su mirada?
–El cura Brochero se quejaba de lo mismo. De los altos niveles de prisión preventiva y de las personas que están procesadas y no están condenadas. Es un problema histórico en Córdoba. De todos modos, los criterios sobre la prisión preventiva han variado en los últimos años con fallos de la Corte muy puntuales respecto a cuándo ha de aplicarse. Y voy a lo mismo: si se aplica bien o mal hay que discutirlo expediente por expediente. Nosotros resolvemos, porque llegan hasta el Tribunal Superior, casaciones en materia de prisión preventiva. Discutimos y resolvemos mucho sobre este aspecto. Y al hacer un análisis en general, uno puede decir que es mucho o es poco. Pero si dice que es mucha la prisión preventiva debemos entonces hacer un listado de las causas en las que se aplica y por qué. El proceso penal en Córdoba es muy garantista, no en el sentido que comunmente la población pueda entenderlo, no en el sentido “puerta giratoria”. Digo que se le da a la persona imputada muchísimas facultades. Esto es una derivación de los tratados internacionales a los que nuestro país, en la Constitución del 94, adhirió. Hay un fuerte respaldo a eso, sobre todo por la posibilidad de recurrir que tiene el imputado. Lo tiene en la instrucción penal y lo tiene luego de condenado. Vemos que en las audiencias de debate, en las cámaras del crimen, que es la segunda etapa del proceso, hay un índice de condenas muy alto en relación a los sobreseimientos. Esto es por la cantidad de recursos que previamente existieron. Uno llega a esa instancia luego de haber pasado todas las instancias.
–¿Se llega con mucha seguridad para fallar?
–Claro. Seguridad que atenta contra la celeridad. Son dos conceptos que están en pugna permanentemente. Quizá, el reclamos de la ciudadanía, va en sentido contrario: “Sean más rápidos”. Pero para eso tendríamos que reducir la capacidad recursiva para que los trámites vayan más rápidos. Estamos en un sistema en el que los jueces aplicamos la ley, no la creamos. Entendemos que puede haber mucha seguridad (para un fallo), pero eso atenta contra la idea de que hay mucha prisión preventiva. Porque si hay algo que el acusado puede hacer es imputar la prisión preventiva. Incluso hasta el propio Tribunal Superior. Lo que no he visto causas puntuales en las que uno diga que fue innecesario, o un fiscal tiene mucha gente innecesariamente presa.
El “lawfare”
–¿Qué opinión tiene del concepto de lawfare?
–Tenemos un sistema de competencia muy claro, que impediría esto de poder elegir tribunales o de elegir materias para poder caer en uno u otro tribunal. El sistema de competencias de Córdoba está muy predeterminado. Ahora, incluso, con el expediente electrónico son sorteos informáticos. Está bastante cuidado. Respecto al concepto sustancial… No lo he visto en Córdoba. Voy a recordar mis épocas de abogado litigante. Nos podíamos quejar de muchas cosas, menos de eso. Desde mi lugar en el TSJ, hace ya 7 años en marzo, no he visto planteos de ese tipo. Quizá lo que más he visto es sobre prisión preventiva. Y si bien no lo dicen, estos planteos se dan con mayor fuerza en algún grupo de delitos determinados. Algún grupo de imputados por una fiscalía que trata delitos complejos, en donde esta crítica se ve más fuertes. Pero fíjense: hemos tenido consultas de organismo de Derechos Humanos respecto a tal o cual personas; y esas personas son de alta capacidad económica, o de estratos sociales altos, delincuencia de “guante blanco” (si se confirmara). Y no hemos tenido consultas por personas más vulnerables. Paradójicamente se da esa situación.
Los “no vacunados”
–La situación en el Poder Judicial con las vacunas desató una polémica. ¿Qué cantidad de empleados resistió vacunarse? ¿Hubo renuncias? ¿Licenciada?
–El TSJ dictó una normativa en relación a las vacunas que tomó una repercusión nacional que, honestamente, no esperábamos que ocurriera. Nos sorprendió. Pero que sin necesidad de que interviniéramos de otra manera, terminó bastante consolidada esa posición. Tuvo que ver con compatibilizar los derechos de aquellas personas que no se quieren vacunar con los de las personas que, vacunadas, nos planteaban, en un universo de 8.400 agentes, su incomodidad por compartir espacio con un “no vacunado”. Se tomó esa decisión: no podemos exigir la vacunación, pero sí podemos exigir una prueba que, en un principio fue PCR y luego, por recomendación, una prueba semanal de antígeno, para poder compatibilizar ambos conceptos. De un universo de 500 personas, se redujo casi al 10 por ciento. Quedaron 50 personas no vacunadas más otras 50 que, por prescripción médica, no pueden hacerla.
–¿El resto se vacunó?
–Sí. Y los que no se vacunaron, presentan la prueba de antígeno semanal para ir a trabajar. Hubo un par de renuncias de empleados. Y hubo contadas licencias sin goces de sueldo de los que se negaron a hisoparse. Ellos plantearon alguna serie de recursos administrativos, que fueron rechazados. Y hubo una presentación en la Cámara Contencioso Administrativo, lo que es una presentación judicial, que fue rechazada. Pareciera un concepto que está bastante consolidado. Hemos recibido después de eso muchísimas consultas de organismos de todo el país para ver cómo había sido la experiencia. Y respecto al pase sanitario, acá me comprende las generales de la ley porque un adelanto de opinión puede llegar a inhibirme para intervenir en un planteo que puede llegar. Lo anterior no, porque fui parte de la decisión administrativa. Hemos tenido un respaldo muy fuerte, no solo de la opinión pública, sino también de los propios agentes judiciales. Hubo un pequeño grupo que organizadamente protestó, y está en todo su derecho de hacerlo, y una enorme mayoría que callada, consentía las políticas que se implementaron.
–Se dice que es “inconstitucional” exigirle a un empleado que, para ir a trabajar, tiene que estar vacunado. Y también que falta marco legal.
–La pandemia nos coloca en una situación en la que no encontramos precedente. Una de las fuentes del derecho, que es la jurisprudencia, es precisamente eso. Estamos en una situación en la que se va haciendo camino al andar. Las soluciones posibles van a ser discutibles, y está bien que así sea porque hay que escuchar la totalidad de los planteos y las opiniones. Uno tiene una opinión. Pero en el carácter de jefe del TSJ no puedo adelantar opinión hasta que lo resuelva en una sentencia.
La imagen de la Justicia en Córdoba
–¿Qué opinión cree que tiene el cordobés, el ciudadano, del funcionamiento de la Justicia de su provincia?
–La opinión es mala. Cuando uno habla con gente totalmente ajena al mundo jurídico a veces no distinguen, y está bien, lo que es el Poder Judicial de Córdoba del de Comodoro Py. De manera tal que el concepto negativo lo es sobre la Justicia. Sin distinguir si estamos hablando de uno u otro poder judicial. Pero, al mismo tiempo, y lo hemos visto en la provincia, en determinados programas, como lo de los jueces en la escuela o entre los jurados populares, eso cambia. Ciudadanos comunes que concurren a formar parte. Uno ve las encuestas, antes y después de integrar esos jurados, y la imagen de la Justicia para ellos cambia radicalmente. Por eso, estamos embarcados en este proceso de comunicación para que la gente nos conozca. Porque así va a cambiar la opinión de la gente, al menos sobre la justicia provincial.
–¿Le preocupa el aumento de los casos de “justicia por mano propia”? ¿Cree que la Justicia tiene que intervenir en esos casos?
–Está obligada porque hay una disposición legal al respecto. Y si algo, uno como juez no puede hacer es ignorar la ley. Hay estudios de filosofía jurídica que estudian la distinción entre el cumplimiento a rajatabla de la ley, o apartarse de la ley en función de un fundamento “justo”. “Me tomo el derecho de no hacer caso a la ley, pero lo hago por una causa justa”. Ese es el principio de la anarquía y el caos. El estado de derecho implica la sujeción a las leyes. Uno lo entiende desde el punto de vista sociológico, porque uno también está en la calle, también ha sido víctima de delitos a mano armada, fuerte. Me pongo en el lugar y puedo entenderlo desde el humano. Pero también uno debe llamar, desde su lugar, a la cordura y dejar que las instituciones funcionen.
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