“Ley ómnibus”: cuáles son los temas que más preocupan a la provincia de Córdoba
La llamada “ley ómnibus” comenzaría a tratarse mañana en el recinto del Congreso, en lo que se espera sea una sesión maratónica. Algunos aseguran que por el volumen de la norma (un megaproyecto de 350 páginas con más de 600 artículos), el tratamiento en Diputados se extendería hasta el sábado, marcando todo un récord en la historia de la democracia argentina moderna.
Desde que se conoció el contenido inicial, en Córdoba se generaron rispideces, toda vez que el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei toca intereses públicos y privados de los más variados.
Desde el Gobierno provincial hasta representantes de la oposición local y de sectores empresarios y gremiales se manifestaron abiertamente en contra de algunos de los artículos.
Algunos fueron más disimulados, hay que recordar que Milei ganó en el balotaje en Córdoba con casi el 75% de los votos.
El mayor obstáculo
Por lejos, el tema que más convulsionó a todos en Córdoba es el de las retenciones. El proyecto original preveía llevarlas al 15% en todas las exportaciones del agro e industriales, algo que impactaría no sólo en el campo, sino también en un amplio abanico de industrias, como la maderera y la metalmecánica, por ejemplo.
Los últimos cambios, y luego de la presión de varios gobiernos provinciales entre los que está Córdoba, implican la quita de ese 15% para un amplio paquete de 35 economías regionales. Entre las producciones que pasarán a tributar cero de retenciones, y con un protagonismo fuerte en Córdoba, están el maní, las forrajeras (estaría allí la alfalfa), lácteos y el garbanzo.
El argumento tanto de los gobiernos como de los distintos sectores empresarios es que la suba de las alícuotas no tiene un gran impacto en la recaudación tributaria, pero sí en la producción de empleo en el interior del país. En este sentido, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, viene diciendo que está de acuerdo con el ordenamiento fiscal, pero también que “de nada sirve el déficit cero en un cementerio”.
La lógica es la misma que impulsan desde el campo cuando el coordinador general del Consejo Agroindustrial Argentino, José Martins, dice: “Argentina necesita promover empleo para salir del 40% de la población en situación de pobreza”.
Las quitas de alícuotas en la última versión de la “ley ómnibus” no abarcan a la soja, el maíz ni el trigo (si no hay cambios, estos dos últimos pasarán del 12 al 15%), y tampoco a las exportaciones de carnes.
Preocupación
Desde Juntos por el Cambio, el diputado cordobés Luis Picat advirtió sobre el impacto de las ausencias dentro de las excepciones. “Me preocupa que economías como la avícola, la porcina y la bovina pasen a pagar del 9 al 15%, lo que en algunos casos va a terminar complicando la comercialización del producto”, aclaró.
También se mantiene la decisión inicial de elevar del 31 al 33% el impuesto a los subproductos de la soja (con lo que quedarían igualados con las exportaciones del grano) y no contempla eliminación para ninguna actividad metalmecánica, incluida la maquinaria agrícola.
Córdoba no es de las más perjudicadas por esto, porque sus exportaciones de soja son fundamentalmente en granos.
Para Picat, la posición de Milei representa un error conceptual. “Los derechos de exportación no son el método para corregir ingresos”, destacó, al tiempo que aseguró que el Gobierno no quiso escuchar la propuesta de eliminar los aportes del Impuesto a los Combustible a diferentes fideicomisos, para compensar los ingresos por retenciones.
Los cambios en el proyecto sí benefician a los lácteos, que tienen a Córdoba como la mayor productora de leche a nivel nacional. En diciembre, con el comercio liberado para el sector y sin el peso de las retenciones (suspendidas desde septiembre por el Gobierno de Alberto Fernández), las exportaciones de lácteos crecieron 19%, según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina.
Respecto de las retenciones, el diputado Rodrigo de Loredo sostuvo ayer que “el radicalismo va a ser una garantía de que no van a prosperar los aumentos de alícuotas”, aunque aclaró: “Seguimos en la idea de darle al Gobierno las herramientas para que lleve adelante su plan de gestión”.
Jubilados
Otro de los temas que genera tensión con Córdoba es el de las jubilaciones. Luego de los últimos cambios, el Gobierno propone mantener la fórmula vigente para el aumento de marzo, y en abril pasar a un ajuste mensual por IPC, pero en la oposición advierten que los haberes quedarán muy rezagados.
En este sentido, un tema que preocupa es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sea absorbido por el Tesoro Nacional. Si bien un exfuncionario cordobés, Osvaldo Giordano, está sentado en el sillón principal del Anses, lo cierto es que una vez que los fondos salgan del organismo, de poco servirán las relaciones.
La degradación de los ingresos de los jubilados nacionales no es un tema menor en Córdoba ya que el universo es de aproximadamente 820 mil beneficios previsionales, entre jubilaciones y pensiones.
Cultura
El Gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se refirió el domingo, en la segunda luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, a la desfinanciación que se espera se produzca con la puesta en vigencia del articulado de la “ley ómnibus”.
En una conferencia de prensa junto a Raúl Cardinali, intendente de esa ciudad, y la vicegobernadora, Myrian Prunotto, el gobernador se mostró distanciado de la postura del presidente Javier Milei en la que se propone hacer recortes en ciertas áreas de cultura a través de la ley que envió al Congreso.
En un claro mensaje a lo que se está debatiendo a nivel nacional, Llaryora hizo la entrega de un aporte de 90 millones de pesos para el festival y dijo: “Cuando algunos dicen que hay que cerrarle la puerta a los festivales, les decimos que no porque los festivales son el sostén de la cultura, de la tradición, mueven el turismo, dinamizan la economía local y regional”.
A su vez, ratificó su apoyo a los proyectos de la agencia Córdoba Cultura: “Ponemos en marcha los planes provinciales para fortalecer la cultura, no vamos a acompañar la derogación de leyes culturales que se debaten en el Congreso. Colaborar es ayudar, acompañando lo que está bien, dando propuestas superadoras que mejoren a las que se conocen y no acompañando aquellas que rompen el tejido productivo”.
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