Legislatura de Córdoba: con un fuerte debate y discusiones de campaña, se aprobó una modificación en la designación de magistrados
La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles en un debate de más de una hora la modificación de la ley 8.802 referida a atribuciones del gobernador acerca de los pliegos de aspirantes a cargos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, en la que quedó expresado que deberán darse a través de una selección de orden de mérito determinada por el Consejo de la Magistratura.
El proyecto fue enviado por el Ejecutivo provincial a comienzos de mayo y este miércoles en el recinto contó con el aval de la mayoría de los bloques de la oposición, a excepción de la legisladora del FIT Noelia Agüero, que se expresó en contra; y de la parlamentaria del MST Luciana Echevarría, que se abstuvo en la votación. Pese a que el radicalismo acompañó con su voto, hubo fuertes cuestionamientos.
En el único artículo del proyecto, más allá del de forma, se estableció: “El gobernador remitirá a la Legislatura provincial los pliegos de los aspirantes a cargos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de acuerdo al orden de mérito confeccionado por el Consejo de la Magistratura”.
“A través de esta iniciativa se pretende establecer la expresa limitación al Poder Ejecutivo que plasme mediante una ley la inalterabilidad de la decisión política de los gobernadores de la provincia de Córdoba practicada desde 1999 hasta la fecha y, a su vez, blinde y consolide la regla restrictiva, en aras de la mejor calidad institucional que implica un Poder Judicial independiente”, se expresó en los fundamentos del proyecto.
“En definitiva, se propicia que el nuevo plexo asegure la igualdad de condiciones de los aspirantes y afiance el respeto a los criterios y estándares fijados en el procedimiento de selección de los aspirantes al ejercicio de impartición de justicia. Estableciendo que, al momento de emitirse el acto de designación el Poder Ejecutivo, deba respetar obligatoriamente el orden de mérito fijado por el órgano de selección”, se agregó.
Ya en la sesión, la legisladora oficialista Julieta Rinaldi fue una de las encargadas de defender el proyecto del Poder Ejecutivo. “Este gobierno jamás alteró el orden de mérito porque entendemos que Consejo de la Magistratura es el organismo técnico que está en mejores condiciones institucionales de seleccionar a los jueces, porque se aspira a formar un Poder Judicial independiente preservando la igualdad y el principio de idoneidad”, dijo la legisladora.
“Este gobierno quiere llevar esto a ley en un debate amplio… por eso ratificamos por ley el compromiso asumido hace ya muchos años”, insistió.
El radical Dante Rossi, si bien acompañó con su voto la modificación, habló de una estrategia de campaña por parte del Gobierno provincial a pocos días de las elecciones a gobernador.
“Lo que hace la campaña. Ahora ponen pistolas con gas pimienta, autos a controlar el Parque Sarmiento y se les ocurre que tienen que hacer algo en materia de seguridad. Y con 24 años de gobierno se les ocurre plasmar en una ley algo que es de absoluto sentido común: que es que el Poder Ejecutivo tiene que respetar a rajatabla lo que resuelve el Consejo de la Magistratura”, ironizó.
“Córdoba tiene una pésima calidad institucional, las leyes están bien hechas, lo que falla es el espíritu republicano del gobierno. Se dan de republicanos… pero de nueve miembros que tiene el Consejo de la Magistratura, siete de ellos son afines al Gobierno”, dijo Rossi y enumeró los integrantes de este cuerpo ligados al PJ o a la administración provincial.
Esto generó el enojo de los legisladores oficialistas Rinaldi, Laura Labat y Juan Manuel Cid, quienes salieron al cruce de las críticas de la oposición por los vínculos del Gobierno con cargos en el Consejo de la Magistratura.
“Si nos toca ser gobierno, no vamos a designar el fiscal General que no sea experto en la materia penal, un jurista de nota y no se nos cruzará por la cabeza designar a un funcionario del gobernador”, insistió. A lo que le respondió con dureza la legisladora Labat. “De la Sota decía que cuando uno está en el proceso electoral y sabe que no ganará, se dice cualquier cosa porque se sabe que no se va a cumplir”, dijo.
En la misma línea que Rossi, la legisladora Verónica Garade Panetta habló de la necesidad de modificar la ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
“El gobernador utiliza la Legislatura para su precandidatura presidencial porque busca diferenciarse del Gobierno nacional. Aunque es una intención discursiva, no es lo que se pregona”, sumó María Amelia Moscoso, de Encuentro Vecinal Córdoba.
Una de las más críticas fue la legisladora Agüero, quien votó en contra y al momento de la fundamentación expresó: “No acompañamos por principios y coherencia porque no confiamos en esta Justicia, menos en el Consejo de la Magistratura y cómo eligen a sus jueces, que no son los jueces de los trabajadores. Privilegian a algunos y no a los y las que lucha, es una completa mentira la independencia de poderes. Esta es una justicia machista y patriarcal”.
“Lo que hacen es garantizar la impunidad, de qué independencia hablan… tenemos una agencia más que es la agencia córdoba de la Justicia. En Córdoba hay connivencia y este proyecto no cambia nada, Este consejo responde al gobierno”, sumó la legisladora Echevarría, que se abstuvo en la votación.
Cecilia Irazuzta, de Coalición Cívica-ARI, apoyó la modificación, aunque insistió en que la “independencia en Córdoba no está asegurada”.
Por lo que al final del debate, el presidente del bloque de legisladores de Hacemos por Córdoba, Leonardo Limia, salió a responder las críticas de la oposición. “Somos una coalición que se caracteriza por el respeto a nuestra Constitución. Córdoba es una provincia que se destaca por la calidad institucional”, expresó.
Otros proyectos
Por otra parte, los legisladores aprobaron la ampliación de los radios urbanos de las localidades de Sampacho (departamento Río Cuarto) y de El Fortín (San Justo).
Además, se trató un pedido de informe sobre precisiones acerca si se realizarán obras por parte del Gobierno provincial o por parte de la empresa Caminos de las Sierras en la reserva natural San Martín, lo que generó un intenso debate entre oficialistas y opositores.
“Muchos vecinos vienen denunciando hace tiempo que la Municipalidad, en complicidad con la Provincia, está permitiendo que Caminos de las Sierras desmonte los alrededores de la reserva San Martín para la construcción de una avenida”, aseguró la legisladora Irazuzta.
“No, no señores no hay obras que estén afectando la reserva. A los vecinos los vamos a defender siempre y no se hará nada a espaldas de los vecinos. Esto es un tema del Concejo Deliberante, si quieren les pasamos los teléfonos”, ironizó la legisladora oficialista Nadia Fernández.
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