Lavado de dinero: además del detenido Federico Máscolo, hay otros ocho imputados en libertad
Sin mencionar el nombre del detenido Federico Máscolo (50), imputado por lavado de activos, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) emitió el miércoles a la noche una gacetilla informando nuevos procedimientos para secuestrar bienes y vehículos suntuarios. El parte de prensa de los efectivos que realizaron los procedimientos judiciales sorprende porque en el título y en el texto se utiliza la palabra “testaferro”.
En la semana que se cierra, se ejecutaron numerosos allanamientos a las órdenes del fiscal federal N° 1 Enrique Senestrari, quien además amplió el cuadro de acusados a nueve imputados.
El empresario que hasta comienzos de la década pasada ejecutó obra pública con empresas constructoras está detenido desde comienzos de diciembre, cuando se efectuaron los primeros allanamientos.
Ahora se suman, en libertad, otros ocho imputados, a saber: Ricardo Sodo Toranzo, Javier Adrián Katz, Ricardo Salvador Quevedo, Norma Albina Solterman, María de los Ángeles Avendaño Ferrero, Enrique Medeot, Mirta Bustos y Pablo Máscolo, este hermano del detenido Federico.
La causa –radicada en el Juzgado Federal N° 2 a cargo de Alejandro Sánchez Freytes– se inició cuando el fiscal Maximiliano Hairabedian (que reemplazaba a Senestrari, de licencia médica) allanó el domicilio de Federico Máscolo en un country Las Delicias y los efectivos de PSA descubrieron que la casa estaba revuelta y daba toda la sensación de que, a último momento, se habían llevado elementos que podían ser clave para la prueba de la causa.
El dueño de casa se presentó a Tribunales Federales para averiguar el porqué del procedimiento y quedó inmediatamente detenido, por presuntas acciones de entorpecer el allanamiento.
Desde ese momento está detenido sin que triunfen los recursos de sus sucesivos defensores para recuperar la libertad.
Ahora, Senestrari lanzó una nueva andanada de allanamientos a otros “objetivos”, entre los cuales se cuentan los domicilios de algunos de los recientemente imputados. También en esta oportunidad se incautaron numerosos vehículos de muy alta gama, entre motos y automóviles.
Cuestión de fondo
Como cuestión de fondo, resta por definir qué sucede con algo que puede tener mucha incidencia en la causa. Se sostiene de un lado y del otro (Justicia y defensores) que no está definido si el delito de la imputación, “lavado de activos”, es consecuencia de delitos vinculados al narcotráfico o a defraudaciones al Estado. De fuentes judiciales desmienten que se trate de una causa que analice el destino de dineros de la droga.
Es decir, por ahora no se puede determinar aún cuál es el “delito original” o “precedente” para que luego se dé el lavado de activos.
En diciembre, Hairabedian imputó por presunto lavado a Máscolo e indicó que se presumía que estaba evadiendo impuestos por bienes que no podía justificar en momentos que sus empresas ya no facturaban.
Ahora, el nuevo defensor del principal imputado, Lucas de Olmos, sostiene que su cliente no está vinculado con lavado alguno porque sus empresas funcionaron hasta 2012. Además, añade que los bienes que se están secuestrando a otras personas no son de él y que Máscolo no tienen ninguna relación con esos bienes.
Caballo a mitad del río
El dicho dice que no se debe cambiar de caballo a mitad del río, con las consecuencias que eso puede acarrear. Este jueves, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba rechazó un pedido de libertad de Máscolo porque consideró que la defensa había desistido del pedido al renunciar la abogada que lo había presentado.
En febrero, la abogada Virginia Sayavedra Milano presentó un nuevo pedido de libertad, pero días después renunció a la defensa.
Este viernes, el tribunal integrado por los camaristas Graciela Montesi, Abel Guillermo Sánchez Torres y Eduardo Ávalos (con disidencia parcial) consideró que el recurso estaba “tácitamente desistido” porque quien lo presentó se había retirado.
Desde la Justicia federal se criticó los diversos cambios de defensor por parte de Máscolo. Ahora, está defendido por los abogados De Olmos y por Pedro Nasser.
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