Las veredas en mal estado impiden el ejercicio de nuestros derechos
El espacio público más transitado en la ciudad de Córdoba es, sin duda alguna, la vereda. Una vereda cualquiera, de un barrio o de una calle del centro. El resultado más probable es que su deterioro sea perceptible a simple vista. Pero la Municipalidad hace tiempo no intima a los frentistas, y tampoco asume su responsabilidad.
El tema cobra una gravedad inusitada si se piensa en las personas concretas que se ven impedidas de circular porque se encuentran con rampas destrozadas, baldosas rotas, escombros, caños descubiertos y sobresalidos, desniveles por las raíces de los árboles, o distintos tipos de obras públicas o privadas que reducen al mínimo el ancho de las veredas.
El sentido común diría que, ante esos obstáculos, la única alternativa es esquivarlos, saltarlos, bajar por un momento a la calle. Pero no todos podemos hacerlo. ¿Se puede bajar a la calle el cochecito de un bebé? ¿Una silla de ruedas? ¿Puede hacerlo una persona con muletas, bastón o andador? ¿Qué hace ante esas circunstancias una persona no vidente? No son pocos los casos, entonces, en que la más mínima deficiencia de una vereda se torna insalvable para un sinnúmero de ciudadanos.
Hecho el planteo general, concentrémonos en el caso particular de las personas que tienen discapacidad motriz. Una periodista de este diario recorrió una zona del barrio Nueva Córdoba acompañando a Gianna Mastrolinardo, integrante de Orgullo Disca y de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos. Gianna reflexionó sobre su experiencia: “Las personas con discapacidad nos tenemos que acostumbrar a hacer un ejercicio de sobreadaptación, que implica asumir que hay cosas que no vamos a poder prever”, lo que implica quedar a merced de lo imprevisible.
Quienes no tenemos esa discapacidad, ¿aceptaríamos tener que enfrentarnos a lo imprevisible cada vez que nos movemos a pie por la ciudad? No poder superar el obstáculo que aparece inesperadamente significa una frustración, ya que impone un nuevo límite: algo que debiera ser perfectamente posible, se vuelve imposible. O, en el mejor de los casos, puede significar que uno tenga que deshacer lo andado y emprender un nuevo camino, más largo, para llegar a destino.
La ley 24.314 establece las condiciones de accesibilidad de las personas con movilidad reducida al espacio público. Determina, por ejemplo, la obligación de eliminar “barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte”. Por eso mismo, fija que las rampas deben estar construidas con materiales antideslizantes “sin resaltos ni aberturas que permitan el tropiezo de personas con bastones o sillas de ruedas”, y con una inclinación “que permita la transitabilidad, utilización y seguridad de las personas con movilidad reducida”.
Córdoba ha adherido a esta ley. Pero las rampas no están en todas las esquinas; y donde están, es común que estén mal construidas, que tengan parte de su superficie en mal estado o que se encuentren afectadas por desniveles que las tornan peligrosas.
Por cada ley que no se cumple, hay personas que no pueden gozar de sus derechos. La Municipalidad debe asumir su responsabilidad y hacer cumplir la ley.
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