La transparencia en el ejercicio del poder en México, ¿un derecho en peligro?
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El poder de la ciudadanía para exigir rendición de cuentas a todas las instituciones públicas es una de las facultades que pueden peligrar en México tras la desaparición del organismo que velaba por la transparencia, el acceso a la información y que resguardaba los datos personales de los mexicanos.
El Instituto Nacional de Transparencia (INAI) es uno de los varios contrapesos del Poder Ejecutivo que quedaron eliminados el jueves por la noche, una supresión que será efectiva en un máximo de 90 días.
A partir de ahora será más complicado saber cómo se compraron determinadas medicinas, cuántos funcionarios han sido sancionados por corrupción, qué datos de un ciudadano tiene el gobierno o cómo se utilizó un presupuesto público.
La razón es simple: si el departamento cuestionado no quiere dar los datos ya no habrá una entidad independiente que pueda obligarlo y el gobierno federal tendrá siempre la última palabra.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Estado ahorrará dinero y habrá más transparencia y menos corrupción. Pero el todavía presidente del INAI, Adrián Alcalá, dijo que aunque el derecho a la información permanece en las leyes, su garante quedará fragmentado en muchas oficinas con reglas diversas, que pueden ser discrecionales. ”Y cuando fragmentas algo tiende a desaparecer”, alertó.
“La transparencia y la información pública son pilares para una democracia», afirmó Sarahí Salvatierra, del centro de investigación Fundar. Ahora, todo eso «se dinamita”.
¿Quién y cómo podía pedir información?
Cualquier ciudadano a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, un sitio web desde el cual se podía preguntar a cualquier institución federal, estatal o local, datos públicos o datos personales de cada solicitante.
Si la institución se negaba a dar los datos solicitados, se podía apelar esa decisión sólo apretando un botón.
En los nueve primeros meses de 2024 se realizaron más de 275.000 consultas al INAI. Y en los últimos 20 años ha habido más de cuatro millones de solicitudes a este instituto o los que le precedieron.
¿Para qué sirve un instrumento de acceso a la información?
Para fines muy diversos. Ha permitido que particulares tengan acceso a expedientes médicos suyos que las instituciones les negaban, que comunidades sepan cómo, con qué materiales y a qué costos se hace una obra en su pueblo y así actuar en consecuencia, o saber, por ejemplo, que el estado de Guerrero, aunque despenalizó el aborto, sólo destinó un peso a garantizarlo, explicó Salvatierra, que durante años ha hecho monitoreos para rastrear cómo se han utilizado los presupuestos.
También ha exhibido gastos excesivos, corrupción, desvíos de dinero y violaciones a los derechos humanos, recordó Adrián Alcalá. Por ejemplo que el expresidente Vicente Fox compraba toallas a un precio de 400 dólares la unidad, datos sobre los vínculos mexicanos en la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht o que la guardería del norte del país donde en 2009 murieron 49 menores no tenía permiso para funcionar.
¿Se podía conseguir siempre la información?
No. El derecho a la información tiene límites estipulados por ley que a veces son discutibles. El INAI actuaba de árbitro entre quien pedía los datos y quien los tenía.
Por ejemplo, no se pueden dar datos de una investigación judicial abierta que pueda ponerla en riesgo pero en casos de serias violaciones a los derechos humanos sí se deben entregar ciertos datos de interés público. Tampoco se puede dar información que pueda causar graves perjuicios al país.
Las decisiones del INAI eran de cumplimiento obligatorio e incluso promovió acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte cuando la administración abusaba de argumentos, como el no dar información por “seguridad nacional”, algo que se usó mucho en la segunda mitad de la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) para negarse a entregar información de grandes obras públicas construidas por los militares.
Sin embargo, según Salvatierra, al INAI “le faltaban dientes” para tener una mayor efectividad.
¿Qué pasará con los datos personales y la información que custodiaba el INAI?
No se sabe. El instituto era garante de todos esos datos. La presidenta ha dicho que el gobierno protegerá los datos personales y que la Plataforma de Transparencia seguirá funcionando pero no se sabe cómo hasta que se definan las leyes secundarias.
¿Cuál es el panorama en otros países de América?
Desde hace dos décadas el patrón en la región ha sido crear leyes de transparencia o mejorar las existentes aunque funcionan distinto según los países.
En lugares como Estados Unidos, los organismos de transparencia forman parte de la administración pero, según el presidente del INAI, son efectivos porque hay un “contexto institucional robusto, con un sistema judicial eficaz y con mecanismos internos de rendición de cuentas muy, muy consolidados” que sancionan si no se cumple la ley, algo que, en su opinión, no ocurre en México.
«México ha pasado abruptamente de ser Estado inspirador que llevó su experiencia a muchos países de la región a un Estado que despierta preocupación regional ante la incertidumbre sobre el futuro del derecho de acceso a la información pública”, explicó Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
¿Qué otros organismos autónomos desaparecen?
Además del INAI, se eliminan otras seis entidades, entre ellas varias vinculadas con la competencia.
Para evitar que suprimir estas últimas supusiera una violación al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el oficialismo anunció que se crearían otras nuevas dentro del gobierno federal pero con “independencia técnica” que es lo que está obligado a garantizar México a sus socios norteamericanos.
Al igual que en el caso de la transparencia, el Ejecutivo argumenta que será algo similar a lo que funciona en Estados Unidos.
Miriam Grunstein, académica asociada del Centro México del James Baker Institute de la Universidad Rice, consideró que mientras en ese país no hay riesgo de que se beneficie a unos actores frente a otros porque hay muchos jugadores en el mercado, el peligro en México es que la nueva entidad pueda quedar sometida a intereses políticos.
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