La política atravesó el contencioso por el Colegio de Abogados
El litigio por la conducción del Colegio de Abogados tuvo este miércoles su debate oral y público en el alegato de propuestas y chicanas de los tres candidatos para conducirlo: Eduardo Bittar, Mariano Jándula Torres y Cecilia Pregoni; quienes competirán en las urnas el próximo martes 23, cuando unos cinco mil abogados asistan a votar.
No es por el volumen de electores que esta elección trasciende los pasillos de Tribunales, sino por el poder de lobby que está en juego: quien conduce el Colegio puede incidir en el único poder que perdura más allá de las elecciones: el Judicial.
Como en cada elección del Colegio de Abogados, la sobrevuelan hábiles “cuervos” de la política local. Y ese fue uno de los grandes temas del debate: cuánta injerencia tiene el poder partidario en la entidad gremial de los abogados.
Jándula Torres, a quien no se le conoce afiliación partidaria, se lanzó sobre Bittar, reconocido llaryorista. “Hoy tenemos a la política partidaria metida dentro del Colegio”, dijo Jándula Torres y acusó a Bittar por ser parte de la conducción de la entidad.
Si Jándula Torres quiso dar una estocada, al experto en derecho de aviación y ex vicepresidente de Southern Winds le faltó vuelo: en su lista lleva como candidata a vicepresidenta a la deloredista Alejandra Ferrero, actual vicepresidente del Colegio, y a Julio Ochoa, el tribuno de Cuentas por el radicalismo en la Municipalidad de Córdoba, y quien ha dejado trascender su intención de quedarse con la Defensoría del Pueblo, una jugada que tendría el aval de De Loredo.
Sin dar nombres, Bittar le recordó a Jándula la participación de ambos radicales en su espacio independiente para que el avezado abogado trastabillase, aunque sin tocar la lona.
La chicana de Bittar se llevó la primera ovación en el auditorio del Colegio de Abogados, donde unas 175 personas lo colmaron anegando pasillos y el palier.
De hecho, al rato, Jándula Torres volvería a su estrategia al acusar a Bittar de ser un “militante activo de al campaña de Passerini y Llaryora”; “¿Cómo vas a defender a los abogados si sos militante del partido que gobierna?”, disparó.
“La simpatía partidaria queda fuera del Colegio; tengo puesta la camiseta de la abogacía”, fue la respuesta seguramente coucheada por lo obvio de la chicana.
Al final de su presentación, Jándula Torres intentaría recuperar la iniciativa de esa controversia: “¿Queremos la continuidad de la política o queremos la abogacía? Los abogados no queremos la política partidaria, queremos la política colegial; o seguimos con las mismas personas cambiando los cargos y con la política como rectora del Colegio, o damos un cambio de 180 grados”, dijo en la arenga final.
Fue una de las pocas menciones indirectas a Ignacio Segura, el presidente saliente del Colegio. Ninguno de los candidatos se presentó como su continuador, aunque Bittar mantiene un acuerdo con él y lleva como uno de los vices a “Chipi” Contreras.
La construcción de Bittar tiene, él lo reconoce, alta incidencia de la rosca partidaria: la primera vicepresidenta de su lista es la concejala mestristas Verónica Garade; pero también hay lugar para el abogado Luciano Correas, vinculado a Mario Negri, en la estratégica secretaria general. Es una construcción propia del partido cordobés con el que sueña Llaryora. Se suman, los abogados del Estado y ahora los libertarios de Gabriel Bornoroni.
Una cuestión de plata
Acorde a los tiempos que corren, la principal preocupación del debate fue cómo “defender los honorarios” de los abogados, en particular de aquellos que recién se inician en la actividad.
Es un punto que tiene dos ejes: la ley que regula los aranceles y las regulaciones que dictan los jueces.
En ambos, también Bittar se mostró más aplomado a la hora de proponer: con astucia, hizo sobrevolar la idea de que sus vínculos con el peronismo provincial le permitirían rosquear los votos de Hacemos Unidos, indispensables para modificar la ley que regula los aranceles. Pero fue por más: le pidió a Jándula Torres que haga el lobby correspondiente con los abogados radicales de su esquema, en particular a los legisladores Ferraro y Dante Rossi, cuya esposa, Sabrina Kenis, integra esa lista como candidata a secretaria académica.
Bittar aprovechó el clima de época para criticar a la casta judicial: quejándose por la regulación de honorarios, dijo que “así como son incólumes los sueldos de los magistrados, son incólumes los honorarios de los abogados”,
Aunque la promesa de Bittar más aplaudida fue la de judicializar una acordada del Tribunal Superior de Justicia que limita el ingreso meritorio al Poder Judicial para los estudiantes de derecho, dejando a abogados recién recibidos sin la oportunidad de iniciar la carrera judicial.
Por su parte, Jándula Torres prometió impulsar desde el Colegio un régimen de padrinazgos formativos de los grandes estudios cordobeses, como una forma de que los recién recibidos den sus primeros pasos.
La sentencia será el martes 23. Y será firme porque no la dará un juez, sino las urnas.
Coincidencia en la defensa de la universidad pública
En lo que sí hubo coincidencia entre los tres candidatos a presidir el Colegio de Abogados es en la necesidad de defender la universidad pública, amenazada por un fuerte recorte que la dejaría al borde de la inacción en las próximas semanas, lo que podría implicar una suspensión de clases en el segundo semestre.
Fue la abogada Cecilia Pregoni quien puso el tema sobre la mesa: “Me pone muy triste la situación de la universidad pública, y por el bien de la Argentina debemos defenderla”, dijo antes de recordar su propio paso por la Facultad de Derecho de la UNC.
Por su parte, Bittar señaló que sin la educación pública y gratuita él no podría haberse desarrollado como abogado ni haberse perfeccionado en el exterior.
En un mismo sentido se pronunció Jándula Torres, al igual que sus colegas egresado de la UNC, y con formación media en el Colegio Nacional del Monserrat.
Sin embargo, también dejaron en claro que hoy el título de abogado no garantiza un buen pasar económico: de hecho, Bittar aseguró que tres mil matriculados no cuentan con cobertura médica vía obra social o prepaga, un dato que sorprendió al auditorio.
Bittar y Jándula Torres coincidieron en que en la actualidad abrir un estudio es prácticamente imposible por la alta inversión inicial y los costos fijos que demanda ante la poca rentabilidad derivada de los bajos aranceles, las actividades no aranceladas, la mora del Estado en pagar sentencias y la regulación de honorarios que dictan los jueces en sus sentencia.
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