La nueva reforma de la educación superior
El artículo 3 de la Ley de Educación Superior establece que las instituciones universitarias tienen por finalidad proporcionar generación y comunicación de conocimiento en el más alto nivel.
Para cumplir este objetivo, es indispensable contar con recursos humanos, tanto en docencia como en investigación, con nivel de excelencia y, por supuesto, bien remunerados.
Esto significa que la discusión sobre los salarios de docentes y de investigadores debe estar separada y diferenciada del resto de los empleados de la administración pública, y reflejar la valoración social que esta actividad tiene.
Si de verdad creemos que un docente o un investigador universitario es un actor importante en el desarrollo social y económico del país, su remuneración debe ser superior a un empleado jerárquico de la administración. Es lo que se llama “precios relativos de la economía”.
El sistema vigente
Fijada mi posición en este punto, quisiera pedir que reflexionemos sobre el conjunto del sistema de educación superior en Argentina.
En primer lugar, debemos aclarar que el sistema de educación superior comprende a instituciones de nivel terciario, tanto universitarias como no universitarias (aunque la frase “no universitaria” me estaría vedada por peyorativa por la reforma del 2015).
Sin embargo, pareciera que los argentinos consideramos que las universidades son la única alternativa para los egresados del nivel medio y miramos con desdén cualquier alternativa que no sea un título universitario.
Quizá suene ingenuo de mi parte, pero me ilusiono con que la dirigencia política de todos los partidos se aboque a sentar las bases para crear un robusto y extendido sistema de instituciones terciarias no universitarias, públicas y gratuitas, de carreras cortas, con ofertas ligadas a las economías regionales y salidas laborales directas.
Estaríamos dando respuesta a la demanda de miles de jóvenes que, terminado el nivel medio, tienen como única alternativa ingresar a una carrera universitaria y en su enorme mayoría quedan boyando hasta que abandonan sin haber obtenido ningún resultado.
El escaso número de egresados respecto de los ingresantes en todas las universidades avala esta afirmación.
Sin embargo, nuestros políticos –de todos los colores, aclaro–, en vez de trabajar con los gobiernos locales para desarrollar un eficiente sistema de instituciones terciarias no universitarias, compiten en el Congreso de la Nación para crear universidades sin ningún estudio de factibilidad, ni de masa crítica de docentes, ni de estudiantes, y se las intercambian como caramelos: votame la mía; yo voto la tuya.
Hemos llegado así a una inflación de universidades que no pasarían ningún filtro serio de calificación internacional.
Becas y exigencias
En otro orden, propongo cambiar la palabra “gratuidad” por la palabra “no arancelada”, que refleja mejor la realidad de la universidad pública argentina.
Creo que, una vez establecido el valor de la inversión que el conjunto de la sociedad aporta por cada ingresante a la universidad pública, se le otorgue a este una beca académica por el 100% de ese valor para el cursado de la carrera que haya elegido.
Obviamente, como cualquier beca académica, tiene una contraprestación por parte de quien la obtuvo. Esto implica cursar y aprobar un mínimo de materias por año, tener un promedio mínimo y que el cursado total no exceda en un tiempo determinado el tiempo establecido en el plan de estudios.
Esto sería equitativo para toda la sociedad que contribuye al otorgamiento de esa beca y nos indicaría a todos que vale la pena el esfuerzo. La meritocracia está establecida para los docentes y los investigadores: deben rendir concursos periódicos, presentar trabajos de investigación, etcétera. No veo la razón para que no se aplique a los estudiantes.
Auditorías y presupuestos
Respecto a la rendición de cuentas por parte de las universidades, tema que hoy está en los medios y en las calles, me parece que las propias instituciones tendrían que mostrar públicamente cómo se distribuye la partida correspondiente a sueldos para conocer qué porcentaje se aplica a docencia e investigación y cuál a cargos de gestión y personal no docente. En más de un caso, nos llevaríamos una sorpresa.
El grueso del presupuesto debería estar dedicado a docencia e investigación, laboratorios y bibliotecas; y una porción mínima, a administración y gestión.
Basta de crear universidades por mezquinos intereses de políticos locales. Hay que poner a los docentes y a los investigadores en el lugar que les corresponde por su aporte al desarrollo social y económico del país. Hay que expandir un robusto sistema de instituciones terciarias no universitarias con carreras cortas, de salidas laborales directas, que den respuesta al desarrollo de las economías regionales y a los miles de jóvenes que se frustran en un interminable boyar por aulas universitarias sin cumplir con sus expectativas.
Quizá sería bueno que la dirigencia política se abocara a debatir una profunda reforma del sistema de educación superior, en lugar de trenzarse en peleas de menor cuantía.
Un último punto para la dirigencia universitaria: la autonomía otorgada a las universidades no fue para darles un certificado de inmunidad para hacer cualquier cosa.
Fue lograda por las universidades para evitar la injerencia del poder político de turno que pudiera anular la libertad académica, el principio del pensamiento crítico y la aceptación de la diversidad de opiniones en el ámbito universitario.
No bastardeemos un principio histórico duramente logrado. Tenemos la obligación moral e intelectual de rendir cuentas.
* Exsecretario general de la UNC
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