La misión casi imposible de que mejore la seguridad y se note pronto
Con los indicadores sociales y económicos detonados, es una misión casi imposible generar una mejora perceptible en la seguridad de los grandes aglomerados urbanos cordobeses. Pero algo se va a intentar.
Destrabados los permisos de importación de las cámaras para videovigilancia, antes de que termine mayo estarán operativos casi la mitad de los 2.700 nuevos domos, que irán a las ciudades de Córdoba, San Francisco, Río Cuarto y Villa María, en forma prioritaria.
También se acelerará la provisión de autos para que los municipios armen sus patrullas de seguridad ciudadana, como ya hizo Capital en la experiencia piloto del Parque Sarmiento, próxima a extenderse a Güemes y los corredores gastronómicos de barrios Jardín y Cerro de las Rosas.
La intención de la Provincia es entregar 400 autos a todas las localidades de más de 500 habitantes. Sólo 70 serán para la ciudad de Córdoba -que ya recibió 37- y el resto irán a 330 localidades del interior, que hasta ahora recibieron 103.
Hacen falta más policías en la calle, mientras se aguardan los egresos de los cadetes que se están formando tras la reforma post Blas. Es por esto que se intentó -sin éxito- el regreso de policías retirados al servicio activo y ahora se apuran licitaciones con empresas de seguridad privada para dejar de tener tantos agentes con asignaciones fijas: la custodia de escuelas, hospitales y partidos de fútbol, entre muchos otros objetivos.
Cámaras, autos y policías son respuestas de un formato más convencional a una crisis de seguridad que desde hace siete años la Provincia viene encarando con un enfoque traído del modelo Medellín, la ciudad colombiana que logró salir de una pesadilla de violencia narco en las décadas de 1980 y 1990. En apretada síntesis, se basa en prevenir y construir redes sociales y comunitarias en los territorios, para que estas den sustento a la presencia estatal y le quiten espacio a las organizaciones criminales.
Las apuestas son diversas: los consejos barriales de participación y los playones deportivos, que son pistas de aterrizaje de distintos programas sociales, sanitarios, educativos, culturales y, también, de seguridad. La meta es llegar a 100. En la ciudad de Córdoba ya hay 42 playones en actividad, 13 que están esperando día de inaguración, tres en construcción y dos en etapa de proyecto. Hay 23 más ya listos en el interior.
Para el urbanista Gustavo Restrepo, uno de los desarrolladores del modelo Medellín y asesor del Gobierno de Córdoba en su estrategia de seguridad ciudadana, en Córdoba como en muchas ciudades latinoamericanas, “una crisis de falta de recursos económicos lleva a que se recurra al robo para sobrevivir”, pero en el actual contexto hay muchos más ingredientes: “La pandemia dejó muchas cosas revueltas, con muchas dificultades psicológicas y problemas socioafectivos en la comunidad”, causas que originan una violencia profunda.
Restrepo admite que al salir de las restricciones del Covid el delito creció en Córdoba. Pero que eso no quiere decir que hayan fracasado los planes que se diseñaron hace ya ocho años. “Lo que quiero que se reflexione es que pasaría hoy si no se hubiera iniciado este camino ocho años atrás. El haber hecho contención hizo que en Córdoba no estén las alertas que sí hay en otros lugares del país”, dice el colombiano. Es un contrafáctico que alude a Rosario y al conurbano de Buenos Aires. Si hay algo seguro, es que siempre se puede estar peor.
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