La difícil tarea de recuperar la confianza en la política
Los ciudadanos asistimos cada día a distintos espectáculos que ofrece el escenario político. Cada día un nuevo capítulo que no deja de sorprendernos, entre las expresiones del Presidente, su posible veto y las miserias de algunos funcionarios, se construye la novela que entretiene a los argentinos.
La senadora Alejandra Vigo, esposa del exgobernador Juan Schiaretti, no asistió a la sesión más importante del Senado, donde se aprobó una recomposición salarial para los jubilados nacionales y el envío de los miles de millones adeudados a las cajas jubilatorias provinciales no transferidas.
Martín Llaryora se cansa de gritarlo y pedir a los cuatro vientos que paguen lo adeudado a Córdoba, y la senadora se da el lujo de no asistir a esa sesión. Contradictorio, ¿no?
Recursos
En Córdoba, el show no para. Entre el bochornoso intento de pago de un subsidio de $ 76 millones a la familia de Fermín Albareda, que puso bajo la lupa numerosas irregularidades, como no pasar el pago por el Tribunal de Cuentas; no estar incluido el hijo como beneficiario en el artículo 114 de la ley 9.728; no figurar publicado el decreto 120, al que alude la resolución 215, que dispone el pago, y numerosas sospechas más. Todo lo cual visibilizó el lado oscuro del manejo de los recursos públicos, con dos ministros que se deslindaban de responsabilidades, echándose la culpa unos con otros.
Esto sin analizar el fondo de la cuestión y entrar a pensar por qué la vida de algunos vale $ 76 millones y la vida de los ciudadanos, arrebatada por los delincuentes en distintos asaltos en los barrios, vale cero pesos.
Las imágenes de Fabiola Yañez con moretones fueron de un impacto significativo para todos los argentinos. Sus chats, su entrevista y su relato estremecedor sorprendieron a propios y extraños.
Acá, en Córdoba, muchos se espantaron. Sin embargo, el espanto y el asombro fueron selectivos, y el cordobesismo se mantiene en silencio y está mudo. Nadie hizo declaraciones. Lideresas y funcionarias se encuentran cargando hoy una mochila pesada difícil de sobrellevar.
En Córdoba, Llaryora ha decidido sostener en su cargo de ministro a Martín Gill, un hombre sobre el que pesa un procesamiento y auto de elevación a juicio por violencia de género; ahora imputado también por un juez federal de Buenos Aires por malversación de caudales públicos.
Violencia de género
Claramente, el delito de violencia de género es de instancia privada y no hay una obligación legal de apartar al supuesto agresor, pero sí existe un imperativo moral, ético, que marca la ejemplaridad en el accionar político de un gobernador.
El intendente capitalino, Daniel Passerini, no vaciló, y Gabriel Bermúdez fue de inmediato apartado del cargo de secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba. Después de esa decisión, no se escucharon más rumores, ya que se anuló desde la raíz la controversia y ahora la causa seguirá en manos de la Justicia, en la que todos confiamos.
En las cárceles de Córdoba, 2.200 presos ingresaron por casos de violencia de género. En 2023, murieron 18 mujeres por femicidios en nuestra provincia, y la mitad había radicado denuncias. Con esto no pretendo meterme en el fondo de la cuestión, sino llamar a la reflexión sobre este flagelo que crece de manera vertiginosa y que no podemos encubrir.
En 2023, 750 hombres asistieron por semana al Centro Integral de Varones por derivaciones judiciales. Ese mismo año se dieron 1.071 turnos a hombres con problemas de violencia y 910 confirmaron su asistencia. Claramente, el abordaje de este flagelo debe ser integral y multidisciplinario, para prevenir, tratar y erradicar la violencia de género. Jamás podemos naturalizar situaciones de violencia, máxime cuando existen vínculos de poder que acentúan la situación de desigualdad y profundizan la violencia.
Recuperar la confianza
La ciudadanía perdió la confianza en las instituciones públicas. La transparencia es un puente que puede comenzar a acercarnos.
Ahora bien, si quien atropella y mata a una madre y deja cuadripléjica a una niña sigue libre; si se dilatan y demoran las causas judiciales por el atroz asesinato de cinco bebés debido a la apelación incómoda de un exministro; si quienes están procesados siguen no sólo libres, sino también en sus cargos, y desde ahí administran los recursos de todos los cordobeses, entonces se hace difícil reconstruir este vínculo de confianza entre representantes y representados.
Para que no existan más los dobles discursos, para que la vara nos mida a todos por igual, y se dignifique y convierta en honorable la actividad política, debemos actuar en consecuencia.
Que el cordobesismo de Llaryora acepte Ficha Limpia y que las listas de candidatos electivas no puedan estar integradas por personas con antecedentes penales y condenados, sería un buen primer paso para recuperar la jerarquía de la política y la confianza con la ciudadanía. Hoy el contrato social está roto; de nosotros depende.
* Legisladora provincial (UCR); presidenta del interbloque (JPC)
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