La cuarentena, a confesión de parte…
En tiempos de eslóganes, grietas, desintegración del tejido orgánico de las sociedades, desprecio por los argumentos plurales y representativos, y sobrevaloración de las emociones en el mensaje público, daría la impresión de que se están cuestionando, directa o indirectamente, cada vez más, los sistemas democráticos que imperan en las democracias capitalistas de Occidente.
Muchas no están dando solución a los problemas y las necesidades actuales de las sociedades, y se enfrentan a enormes desafíos para continuar siendo la forma civilizada en que las sociedades resuelven sus conflictos de poder.
Así, las sociedades se trasforman en caldo de cultivo para el surgimiento de liderazgos políticos autoritarios que, a través de diversos instrumentos, e incluso con ideologías antagónicas, encuentran la manera de reemplazar los valores democráticos sustentados en el consenso social y sus instituciones, por la imposición de modelos totalitarios, no siempre representativos, muchas veces atravesados por intereses espurios y que ocultan en su relato el objetivo último del control social en sus diversas formas.
En este contexto, cuando digo control social hago referencia al avance del Estado de modo coercitivo sobre el conjunto de derechos civiles, políticos, económicos o sociales que hacen a la existencia de una sociedad libre, y no al necesario control que debe ejercerse sobre las conductas delictivas.
La vigilancia de la sociedad civil, el discurso ideológico llevado hasta el límite, las regulaciones o la censura a la libertad de expresión, el desprecio por el pensamiento plural, hasta actos represivos directos sobre opositores políticos, o mecanismos que someten a gran parte de los ciudadanos a una dependencia degradante del Estado para su subsistencia, son sólo algunos ejemplos de esta conducta.
Enrique Dans describe en su texto “El control social como herramienta política” el caso de China, donde mediante distintas herramientas tecnológicas de control social los ciudadanos viven bajo una vigilancia permanente destinada a mantener la estabilidad del régimen.
El autor describe que estas conductas representan “un planteamiento diferente de sociedad, en el cual cuestiones que en Occidente consideramos derechos fundamentales desaparecen en aras de un beneficio supuestamente mayor, en donde el control social se convierte en la auténtica herramienta política”.
La “rendidora” extensión de la cuarentena
Las recientes declaraciones del exministro de Economía de la Nación Martín Guzmán, quien aseguró que la cuarentena por la pandemia se extendió más de lo conveniente porque era una “bandera política que hacía más fuerte al Gobierno”, no hacen más que confirmar lo que fue un sistema de gobierno que hacía del control social y de la dependencia de los ciudadanos del Estado su principal herramienta de gestión, y es una enorme contribución al desprestigio de los sistemas democráticos.
Escuchar al ministro Guzmán decir que extender la cuarentena fue una manera de favorecer políticamente al gobierno es una afrenta a la sociedad argentina que valora enormemente vivir en una sociedad libre del flagelo del autoritarismo.
En el informe de la última edición del Índice de Calidad Institucional global, que elabora la Red Liberal de América Latina, se describe la importancia de la calidad institucional para el desarrollo económico y para la prevención del surgimiento de poderes autoritarios.
En ese informe se destaca la importancia del rol de las instituciones estatales para defender el cumplimiento de las reglas del mercado y garantizar la libre competencia. También insiste en la defensa de un Estado de derecho con división de poderes, una justicia independiente, un sistema político abierto y plural, y una democracia participativa.
Los beneficios de un sistema de gobierno abierto, que permitan el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad, son también elementos indispensables para una democracia participativa.
En este sentido, el decreto reglamentario 780/2024 del Gobierno, que modifica la Ley N° 27.275 restringiendo el acceso a la información pública; la postulación para integrar la Corte Suprema de Justicia a un juez que tiene la mitad de sus causas por corrupción sin elevar a juicio oral desde hace más de 10 años; o las recientes declaraciones del senador libertario Bartolomé Abdala, quien admitió que tiene unos 15 asesores que están trabajando en su campaña política y no en temas relacionados con la agenda del Congreso, no son justamente acciones que contribuyan a mejorar la ya denostada calidad institucional argentina.
Por otro lado, usar las redes sociales para agrietar a la sociedad, descalificar adversarios y denostar expresiones que no coinciden con el Gobierno es un acto de violencia verbal que también va dirigido al control social a partir de pretender imponer un pensamiento único y hegemónico.
Si la dirigencia no da señales de un rumbo claro para un cambio institucional profundo, no sólo desde lo económico, sino también desde lo político, difícilmente podamos hablar de libertad, y mucho menos de desarrollo.
* Licenciada en Administración
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