La batalla voto a voto por el Tribunal de Cuentas: qué está en juego
Inesperado: el recuento provisorio de los votos de la elección provincial del domingo pasado dio ganador a Martín Llaryora en el tramo de gobernador, pero Hacemos Unidos por Córdoba en ese recuento polémico perdía la mayoría en el Tribunal de Cuentas de la Provincia (TCP). De pronto, todas las miradas se volvieron sobre este organismo que marchó históricamente al final de la boleta y que siempre, hasta ahora, había ganado quien se llevaba el premio mayor. Son tres cargos: dos para los más votados en este segmento y uno para el segundo.
Pasó algo raro: en el tramo de la boleta para el TCP -al igual que para la Legislatura- el voto en blanco alcanzó casi el 16%. Así, entre los válidos, Juntos por el Cambio obtiene dos tribunos y Hacemos Unidos, uno.
El oficialismo no pierde la esperanza de revertir ese resultado en el recuento definitivo. Pero, según el escrutinio provisorio, entrarían los juecistas Fernanda Leiva (hoy en el Tribunal de Cuentas de la ciudad de Córdoba) y Beltrán Corvalán, exconcejal juecista. Del oficialismo, ingresaría sólo Silvina Rivero (hoy ministra de Coordinación de Juan Schiaretti) y quedaría afuera Juan Manuel Cid. La diferencia de votos en el provisorio fue de 7.621 votos a favor de Juntos por el Cambio.
“Vamos a revertir la diferencia porque tenemos absolutamente detectados que hay 25 mil votos errados”, dijo Cid a La Voz. El hoy legislador provincial de Hacemos Unidos entiende que el votante eligió lista completa, pero la autoridad de mesa “contó mal y sólo anotó el tramo a gobernador”.
Eso explicaría semejante nivel de voto en blanco y, a su entender, con este cómputo -que también beneficiaría a Juntos por el Cambio, pero en menor medida-, el oficialismo replicaría su ventaja también en este tramo de la boleta.
De todos modos, ya se terminó el escrutinio de Capital y no se revirtió la diferencia ni se descontaron votos masivamente de los blancos.
Qué significa
El Tribunal de Cuentas es un organismo de control externo de la actividad financiera de todos los organismos que contempla el presupuesto de la Provincia, incluyendo poderes Judicial y Legislativo. Está previsto en la Constitución provincial y sus competencias están reguladas por la ley 7.630. Debe ejercer un control previo -preventivo, se denomina- y uno posterior, aunque tiene facultades de realizar auditorías externas que le interesen al Estado o investigar a solicitud de la Legislatura.
En 2022 ejecutó un gasto de $ 1.239 millones, de los cuales el 86% se asignó a personal. Trabajan 247 personas en el organismo, con un salario promedio (a valores de 2022) de $ 323.562 por cargo.
Los tres tribunos tienen un salario que equivale al de juez de cámara y cuentan con la potestad de designar dos secretarios, dos prosecretarios y un fiscal General. Es probable que uno de esos cargos los nombre la minoría y el resto le corresponderá a la mayoría: eso se negocia.
Con estos números, entonces, no hay dudas de que el Tribunal es un lugar apetecible. Pero hay una lectura política sobre lo que puede significar el oficialismo en minoría.
La primera lectura que hacen en las propias filas de Gobierno es que todo se volverá mucho más burocrático. En teoría, cuando hace intervención preventiva del gasto, el Tribunal tiene 10 días para expedirse. En la práctica, demora de 20 a 30 días, que hacen caer presupuestos por efecto de la inflación.
Si el TCP no se expide, no se puede publicar una contratación, por caso, y no tiene eficacia jurídica. Muchas veces es la minoría la que demora porque, naturalmente, plantea más objeciones que el oficialismo. Así, podría pasar que todo se ralentice.
La segunda lectura está en las objeciones de peso que pueda plantear Juntos por el Cambio a la gestión de Llaryora. “No va a afectar la gobernabilidad, es cero grave que pase esto, pero sí afectará el meter la mano en el tacho”, dice Esteban Bría, concejal de Juntos por el Cambio en Capital y miembro del TCP por la minoría entre 2015 y 2019.
“El intendente de Los Cóndores en el período anterior perdió el TC y gobernó perfectamente en minoría. Pero la realidad es que al peronismo no le gusta que lo controlen, viene mal acostumbrado porque tiene dos tercios en la Legislatura y mayoría propia en el Concejo”, dice Bría.
Al oficialismo no se le escapa que los escándalos que afectaron la gestión de Llaryora en la ciudad -como la contratación de Ulises Bueno o el costo de la maratón- se originaron por fotos de expedientes que salieron del Tribunal de Cuentas de la ciudad.
“No creo que sean grandes complicaciones, porque. si perdemos, hay un voto del oficialismo y Fernanda Leiva es absolutamente razonable, no está en la locura de Luis Juez”, dice Cid, de Hacemos Unidos.
De todos modos, en el mismo juecismo relativizan el peso real de la “gobernabilidad en riesgo”, más allá de los debates acalorados que puedan surgir de alguna contratación.
“No se va a trabar nada, hay que desmitificar esto del Tribunal de Cuentas porque todo está arreglado para que no pase por el tribunal o pase a destiempo”, señala Ernesto Martínez, presidente del Frente Cívico e integrante del TCP entre 2007 y 2009 por la minoría.
Es que, según Martínez, al tribunal se lo ha ido vaciando de atribuciones, al punto que hoy su rol está muy diluido. Esto es porque hay áreas no sometidas a la mirada del TCP, como las agencias que, pese a que funcionan como secretarías del Estado (sin aportes privados), no están bajo la órbita de control del tribunal. Lo mismo pasa con las obras viales que ejecuta Caminos de las Sierras o con todo el gasto en seguridad, que por su naturaleza tiene autorizada la contratación directa. “No puede controlar porque está vaciado y diluido para que no controle”, agrega Martínez. También la declaración de emergencia es una estrategia para saltear el control del TCP.
Así, las áreas más controvertidas quedan afuera y el rol de los tribunos es ver si la partida ejecutada se corresponde con la partida aprobada. “Y, encima, lo que han inventado es esto del compromiso global, que se aprueba a paquete cerrado y después se revisa”, dice Bría.
Sí podría haber alguna artimaña respecto de las aprobaciones posteriores. “Hay un tiempo para rendir cuentas y el TCP puede intimar, pero para hacer la intimación necesita dos votos. Como no los ha tenido, quedan los gastos aprobados de forma ficta”, dice. Eventualmente esta lógica podría cambiar. Interesa mucho la ejecución de este 2023, que es el año electoral y el último de la gestión saliente.
Presencia schiarettista
Finalmente, algunos advierten objeciones que no vendrían de la oposición, sino del mismísimo oficialismo. Entienden que Silvina Rivero, ministra actual, actuará como una vigía incondicional de Schiaretti en el Tribunal y por esa vía podría facturarse la jubilación tan prematura y vertiginosa que Llaryora le tramitó al gobernador. “Será una generación que se retira, pero se retira dejando delegados que controlarán la gestión”, analizó un alto funcionario del Panal. También se recordaban los tiempos de Graciela Chayeb (delasotista pura) con Eduardo Barrionuevo (de Schiaretti), en la primera gobernación de Schiaretti, que se caracterizaron por una pelea feroz entre ambos sectores.
Hasta ahora, no se le atribuyen al Tribunal intervenciones sólidas respecto de la transparencia en la gestión o controles preventivos que hayan evitado un gasto inoportuno o sospechoso. Con una mayoría opositora, podría seguir así -dado que lo grueso va por otra vía- o, si quisiera, encontrar los atajos para complicar la gestión de Llaryora.
Al fin y al cabo, la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil fue porque le encontraron que había movido partidas presupuestarias de un área a otra y que había maquillado las cuentas fiscales. Un juecista fue quien recordó el dato.
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