La autovía de Punilla ya tiene “licencia ambiental” y podría ser licitada este año
El proyecto provincial de una nueva autovía para el valle de Punilla dio otro paso. La Secretaría de Ambiente de Córdoba emitió la resolución 192 a través de la cual aprobó el aviso de proyecto y el estudio de impacto ambiental para la construcción de esa nueva ruta, que unirá el dique San Roque (en Carlos Paz) con La Cumbre. El proyecto tiene ahora la “licencia ambiental” que la ley exige,
El Gobierno provincial queda, de este modo, habilitado a licitar una obra que lleva años de polémicas respecto del trazado y de su impacto ambiental en el valle de Punilla.
El titular de Ambiente, Juan Carlos Scotto, confirmó el aval de su área a la obra en una entrevista con una radio de Traslasierra. Fue firmado ya el 12 de julio pasado, pero aún no está publicado en forma oficial. La Voz tuvo acceso a un extracto de la resolución que da por finalizado el proceso legal previo a la licitación.
La obra viene generando avales y rechazos entre quienes plantean que el actual colapso de la ruta nacional 38 amerita un nuevo trazado de envergadura, y los que advierten que una intervención de tal magnitud afectará el ecosistema serrano.
Se trata del segundo proyecto puesto a consideración de una audiencia pública. En 2018, casi mil expositores hicieron uso de su derecho a la palabra en una audiencia pública inédita que se concretó en Santa María de Punilla, tras un muy intenso debate. Es probable que no haya habido ninguna obra pública tan discutida como esta en Córdoba.
Aquel proyecto planteaba una traza sobre el piedemonte de las Sierras Chicas, al este de la ruta 38. Asambleas ambientalistas y otros sectores afines planteaban que el 76 por ciento de ese trazado afectaba bosque nativo y que atravesaba áreas con minas de uranio no explotadas que suponían riesgos al removerlas.
Aunque aquel proyecto también llegó a tener la “licencia ambiental” oficial, ante el nivel de controversias que no cesaba, el gobernador Juan Schiaretti decidió archivar la idea y ordenó generar otro proyecto, pero sobre el oeste de la ruta 38. Era ese un planteo de parte de los que se oponían al trazado por el este.
La nueva propuesta tardó más de un año en elaborarse y fue presentada a fines de 2020 por la empresa provincial Caminos de las Sierras, encargada de la futura obra.
“La propuesta de Alternativa Ruta Nacional 38 Variante es técnica y ambientalmente factible en la medida que se implemente el Plan de Gestión Ambiental, se realice la capacitación de los actores intervinientes, se cuente con responsables (ambiental, arqueólogo y paleontólogo) y se implemente una vía de comunicación eficiente y accesible para la comunidad”, señala uno de los párrafos del aval de la Secretaría de Ambiente que se conoció esta semana.
Desde esa área, como de Caminos de las Sierras, por ahora prefirieron no contestar preguntas a este medio.
La obra
La nueva ruta planteada recorrerá 43,5 kilómetros entre Carlos Paz y La Cumbre. Será una autovía de cuatro carriles. Está dividida en dos tramos: uno de unos 21 kilómetros desde el dique San Roque hasta Cosquín-Molinari, y otro desde allí hasta La Cumbre. La Provincia pretende por ahora licitar sólo el primero.
En mayo pasado, el Gobierno nacional ya dio su aval al endeudamiento de la Provincia a través de un crédito por 75 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF), para esa primera etapa.
En su recorrido, la traza contará con un gran puente sobre la desembocadura del río Cosquín en el lago San Roque y otro de menores dimensiones sobre el río Yuspe. En todo el trayecto se construirán otros 21 puentes.
En su aval, Ambiente reconoce que atravesará sectores con bosque nativo, áreas de valor arqueológico y la reserva hídrica de Los Gigantes, y advierte que existe una “sensibilidad social” en torno a los eventuales impactos.
La repartición plantea que quien gane la licitación deberá presentar informes periódicos sobre la marcha del proyecto y de las acciones de mitigación que deberán estar previstas en el pliego. Entre otros puntos, sostiene que se deberá reforestar el área con especies autóctonas por un total de 80 mil árboles, a razón de entre 400 y 1.200 por hectárea.
El proyecto de traza
También impone modos de preservación si se detectan puntos de valor arqueológico, como diversos vecinos y agrupaciones advierten.
Desde el Gobierno plantean que la traza corre por donde sugerían quienes se oponían a la planteada en 2018, que la afectación sobre bosque nativo es mucho menor y que no atraviesa ningún yacimiento de uranio. Los intendentes de todo el corredor avalan el proyecto.
La discusión sobre la obra escapa a la campaña electoral. El Gobierno provincial la impulsa y defiende, pero uno sus gestores fue el senador punillense Carlos Caserio, hoy alineado con el Gobierno nacional y enfrentado en el PJ con el schiarettismo. La obra no ha generado conflictos entre las administraciones provincial y nacional.
Cuestionamientos ambientales
La audiencia pública que se concretó de manera virtual entre el 9 de abril y el 20 de mayo pasado contó con la participación de 569 oradores y unos 232 asistentes. La mayoría de esos participantes se opuso a la obra.
Los grupos ambientalistas y vecinos que se oponen plantearon que la forma en que se realizó la audiencia cercenaba la participación ciudadana y cuestionaron que se debatió un proyecto que ya estaba decidido de antemano.
La abogada Marcela Fernández, representante de la Asociación de Amigos del Río San Antonio (Adarsa), aseguró que “el 90 por ciento de la gente que participó en la audiencia pública rechaza la obra, y el 10 por ciento que habló a favor eran los mismos políticos o personas afines al gobierno”.
“Vamos a buscar a todos los responsables que hayan avalado esta obra”, apuntó ahora Fernández y afirmó que la construcción de la autovía implicará también “una deuda millonaria que pagarán futuras generaciones”. Además de insistir en que tendrá impacto en el ecosistema, opinó que acentuaría otras problemáticas, como inundaciones (por la interferencia en cuencas hídricas) e incendios (por el avance sobre áreas no transitadas ahora).
Los grupos movilizados en contra plantean que el Gobierno esquiva admitir que esta obra es parte del concepto del Corredor Bioceánico, para unir en forma rápida el transporte de cargas desde Buenos Aires a Chile por Córdoba. En ese marco, han propuesto una alternativa que corra por el norte provincial (pasando por Cruz del Eje), sin atravesar el valle serrano. También recurrieron a la CAF para advertir que no debería confirmar el crédito ya preotorgado, al entender que la obra propuesta no es “ambientalmente sustentable”.
“Todo va de la mano de ilegalidades, esto no es progreso”, aseveró Fernández tras avisar que “se seguirá reclamando” por vías judiciales.
Mientras, la Provincia empieza a definir si la licitación del primer tramo se realiza este año o a principios del próximo.
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