La Asociación de Entidades Periodísticas criticó el pedido de la Justicia para no tocar el tema de Jorge Lanata
Jorge Lanata continúa internado en la clínica Santa Catalina mientras se desata una fuerte polémica en torno a su vida personal. Las hijas del periodista, Bárbara y Lola, están enfrentadas a su actual esposa, Elba Marcovecchio, por una serie de situaciones que consideran cuestionables.
En ese contexto, la jueza a cargo del Juzgado Civil N°8 de Buenos Aires impuso restricciones estrictas a los medios de comunicación, prohibiéndoles mencionar a Lanata y divulgar detalles sobre su situación familiar y judicial. Esta decisión fue solicitada por Marcovecchio, en medio de un conflicto que involucra denuncias cruzadas con las hijas del periodista, quienes la acusan de “hurtar elementos de gran valor” y afectar la salud de su padre.
Como era de esperarse, la decisión judicial generó fuertes críticas por parte de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que calificó la medida como un ataque directo a la libertad de expresión. Así mismo, figuras políticas como la diputada Silvana Giudici, alzaron la voz en rechazo, señalando que esta censura judicial no sólo afecta el derecho a informar, sino que sienta un precedente peligroso para la prensa en el país.
Qué dice el comunicado de Adepa al respecto
En su página web oficial, Adepa compartió un comunicado en el cual hacen referencia a esta decisión del juzgado.
“La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) rechaza enérgicamente la decisión del Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 8, por la cual se prohíbe ‘la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, gráfico, radial, medios digitales y/o publicación en páginas web), de toda información que involucre” al periodista Jorge Lanata y a su esposa’”, comenzó el escrito.
“Se trata de una medida que debería ser dejada sin efecto con mayor premura que la que precedió a su dictado, por ser incompatible en letra y espíritu con las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa. El artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica son tan claros y rotundos en esta materia que no se explica la ligereza judicial que los ha violentado.”, continuó.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cualquier medida preventiva que impida el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo las decisiones judiciales, constituye censura previa. Así, por ejemplo, el caso de la película “La Última Tentación de Cristo” contra Chile”, ejemplificó.
“El juez, en tanto funcionario estatal, tiene vedado decidir qué es lo que puede ver o escuchar la ciudadanía. Los periodistas son responsables por lo que publican, pero esa responsabilidad solo se puede hacer efectiva con posterioridad a la publicación”, añadió.
Finalmente, cerró diciendo: “La censura judicial, en tanto puede ser fácilmente utilizada para proteger a los poderosos y silenciar a las voces independientes, representa un peligro para la convivencia democrática y el debate público”.
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