Inédita escalada delictiva policial
El año que transcurre se perfila como uno de los más nefastos respecto de la cantidad de personal de la Policía y del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba involucrados en escándalos de corrupción. Casos de malas prácticas que se destapan con una frecuencia impensada, lo cual ha puesto a la ciudadanía en estado de perplejidad.
Sorprende, igualmente, que en el fárrago de expedientes y de imputaciones en la Justicia aparezcan altos oficiales y jefes de ambas fuerzas. En el caso de la Policía, comisarios generales que ocuparon cargos en la plana mayor de la institución.
Y en cuanto al sistema carcelario, la seguidilla de detenciones incluyó la del propio titular del servicio, Juan María Bouvier, quien estuvo nada menos que 15 años en ese puesto. Mucho tiempo como para no plantear el interrogante acerca de si este sujeto no contó con la anuencia de algún sector formal o marginal del poder político de turno.
Lo cierto es que todo supura sin solución de continuidad, en contraste con las demandas de la ciudadanía en dirección a que la Policía se ocupe de dar batalla a la creciente inseguridad urbana.
Sucesivos informes de La Voz han sido elocuentes acerca de esta escalada de delitos en manos de uniformados. Vale mencionar el descontrol que imperaba en la cárcel de Villa María, donde según la actuación judicial funcionaba una suerte de call center para perpetrar estafas telefónicas con apoyos externos. Ya son cerca de 30 los involucrados, varios con prisión preventiva por presunta asociación ilícita, entre los que se cuentan los máximos responsables del penal.
De acuerdo a las investigaciones, cuesta enumerar las transgresiones ejecutadas durante los últimos tiempos, tanto por oficiales y suboficiales policiales como por carceleros.
Facilitación del ingreso de drogas y de teléfonos celulares a los presidios; complicidad con las tareas de bandas dedicadas a introducir en el mercado negro esos aparatos, entre otros objetos malhabidos; faltantes de estupefacientes en relación con la cantidad incautada en diversos procedimientos, y hasta la sustracción de pertrechos de una comisaría de la ciudad de Córdoba, presuntamente con destino de venta o de “canje” con los malhechores.
El problema no es menor y merece la atención de los funcionarios políticos abocados a garantizar no sólo la seguridad de las personas sino también al control de los servicios que por ahora transitan más cerca del lodo que de la debida transparencia.
No sería pertinente dejar de mencionar el rol de la Justicia, en particular de fiscales y jueces de control que parecen haber abandonado cierta parsimonia procesal cuando se trata de causas de corrupción.
Con todo, en el tema que nos ocupa, la Justicia tiene la tarea de investigar y eventualmente sancionar los delitos cometidos desde las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, el poder político –desde su máximo nivel– tiene el deber irrenunciable de seleccionar a personal de probada idoneidad, tanto en filas policiales como en el Servicio Penitenciario.
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