Independentismo vernáculo versus federalismo parasitario
Meses atrás, hemos visto resurgir un debate acaso impensado en otras circunstancias históricas, y en cuyos cimientos subyace una crítica profunda al federalismo vigente en el país.
El exgobernador de Mendoza Alfredo Cornejo ha puesto voz al reclamo de un alto porcentaje de mendocinos que imaginan un plebiscito tendiente a debatir la pertenencia futura de su provincia al país, explorando alternativas separatistas o independentistas, frente a un gobierno nacional al que consideran enemigo de los intereses provinciales con sus políticas centralistas y redistribucionistas.
La primera consideración que debe hacerse, sin zonas grises, es que la propuesta de Cornejo es totalmente inviable en el contexto de nuestro federalismo y está terminantemente prohibida por la Constitución Nacional. Un federalismo de integración, como el nuestro, surge de la voluntad común de los socios de dejar de ser unidades aisladas para convertirse en un proyecto común de Estado nacional, cuyo contrato político yace en el propio texto constitucional.
En consecuencia, las provincias delegan competencias al gobierno nacional, conservan otras bajo su cuidado (modelo de soberanías compartidas), mientras que algunas son concurrentes, compartidas, excepcionales o prohibidas para las partes.
La Corte Suprema de Estados Unidos, en el famoso caso Texas vs. White (1869), afirmó que la Constitución en todas sus disposiciones pretende hacer una unión indestructible, compuesta por estados indestructibles. Esta última definición ha pasado a la posteridad, dota de estabilidad a todo federalismo y despoja a los socios del derecho de escindirse de manera discrecional.
Dos realidades
Amén de lo dicho, cabe también preguntarse cuáles son los motivos por los que un amplio porcentaje de mendocinos –y también de cordobeses, debe decirse– piensan que tendrían un mejor pasar y mayores perspectivas de progreso de manera disociada del resto del país.
En primer lugar, nuestro federalismo cada vez reconoce más visiblemente que sus socios cuentan con un nivel de desarrollo económico, social, cultural, demográfico, de infraestructura, etcétera, crecientemente asimétrico, y con una clara tendencia a que dichas asimetrías se vuelvan estructurales.
En ese federalismo conviven dos realidades diferenciadas.
Un primer conjunto de provincias que conforman el eje central del país se caracteriza por ser densamente poblado y contar con una base económica diversificada, una industria y una economía de servicios competitivas, mejores indicadores socioeconómicos y, aunque sea opinable, mayor calidad de sus instituciones.
Esas provincias, entre las que se incluye Mendoza, soportan una enorme presión tributaria, generan la mayor parte del empleo privado del país, aportan significativos recursos al Tesoro nacional y –he aquí el nudo del problema– sostienen con sus recursos a otro subconjunto de provincias.
A este segundo grupo de provincias (entre 10 o 13, según diferentes miradas) aún no ha llegado la industria, cuentan con una matriz Estado-céntrica estructural y un índice de correspondencia fiscal que nos muestra que de cada 100 pesos que gastan, alrededor de 90 provienen de transferencias del Gobierno nacional.
Estas provincias cuentan con tasas de empleo público superiores al 50% y la ayuda estatal alcanza a más del 80% de sus hogares. Algunas de ellas ocupan el sótano de los índices de calidad institucional en temas como independencia de poderes, libertad de prensa, derechos y garantías individuales y mecanismos electorales tramposos.
Carlos Gervasoni define a estas provincias como “rentísticas” –viven de rentas–, mientras otros autores las califican de “parasitarias”, el necesitar de otro cuerpo vivo que les garantice su supervivencia.
Frente a ello, una reflexión. El federalismo, desde su propia etimología, es un sistema de organización del poder en el territorio que propicia el diálogo, los pactos, las negociaciones y los acuerdos. Su naturaleza es esencialmente política.
Si acordamos que todo federalismo se funda en vínculos solidarios entre los socios, en el debate deben prevalecer el principio de lealtad federal o de buena fe entre las partes que se sientan a acordar y la racionalidad técnica.
Estos últimos aspectos están ausentes en un federalismo actual, pobre y centralizado, en donde el gobierno nacional se sienta sobre la caja de los recursos y acuerda la gobernabilidad con ese bloque de provincias chicas y menos desarrolladas económicamente, garantizando que en ellas nada cambie.
Es necesario problematizar este acuerdo que excluye a muchos, y el trabajoso camino exige la construcción de consensos para un acuerdo fiscal federal, con base en una ley convenio de coparticipación que sepa fijar criterios normativos para dar a cada parte lo suyo, sin intermediaciones del gobierno federal y sin lógicas que enfrentan a quienes deben ser socios de un proyecto común.
*Docente e investigador de la UNC
https://www.lavoz.com.ar/opinion/independentismo-vernaculo-versus-federalismo-parasitario
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://www.lavoz.com.ar/opinion/independentismo-vernaculo-versus-federalismo-parasitario