Hubo acuerdo para el pago de indemnizaciones pendientes por las explosiones de Río Tercero
Tras una nueva audiencia de conciliación, esta vez se logró arribar a un acuerdo respecto al pago de los resarcimientos pendientes a damnificados por las explosiones de Río Tercero, ocurridas en 1995.
Este jueves, en la Cámara Federal de Córdoba se finalizó el largo pleito entre los abogados de los miles de reclamantes y los del Estado nacional.
La audiencia de conciliación fue presidida por el juez Abel Sánchez Torres. Y terminó con un acuerdo sobre los montos y la modalidad a pagar. El trámite llevaba años de demoras y trabas.
La Cámara Federal recordó que a fines de 2015 se sancionó en el Congreso la ley 27.179 para el resarcimiento de las víctimas de las explosiones que aún tenían procesos judiciales iniciados. Recién en el año 2018 dicha norma fue reglamentada. Pero nunca hasta ahora fue cumplida.
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“Atento el tiempo transcurrido para las víctimas y el dispendio jurisdiccional que la multiplicidad de esos procesos generaban, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba convocó a las partes y se llegó a un acuerdo”, rescató el tribunal federal.
La primera parte de la conciliación se llevó a cabo en el mes de abril pasado, luego de un cuarto intermedio se continuó en julio de este año y este jueves finalizó ese proceso.
Antes, hubo largas negociaciones, durante sucesivos gobiernos nacionales, entre el abogado de los ocho mil reclamantes y el Estado nacional.
Cuánto y cómo
El abogado cordobés Mario Ponce, desde hace casi casi tres décadas patrocinante de este grupo, señaló a La Voz que el pago será en bonos del Estado y que los reclamantes deberán refrendar en su oficina un nuevo formulario propuesto por el Gobierno nacional para acceder al pago.
Confió que antes de fin de año “estarán cobrando, en bonos, los primeros 100 damnificados mayores a 65 años”. El pago será en tandas, cada 100 personas, hasta terminar la nómina. En el acuerdo no se fijó el plazo límite de cobro.
Ponce aseguró que el cálculo de indemnización se realizó en base a lo que establecía la ley aprobada en 2015, que era en base a los salarios de empleados públicos nacionales, pero en función a lo que ganan en la actualidad, a agosto de 2024. Ese era un punto complejo de la negociación con el Gobierno nacional, por el arrastre inflacionario.
La ley sancionada en 2015 establecía un cálculo que resulta “de la remuneración mensual de los agentes nivel A grado 0 del escalafón del personal de la administración pública nacional, multiplicado por 100″.
Ese agente en la actualidad gana $ 1.200.000, que por 100, equivale a 120 millones de pesos y el 7% de ese valor sería cercano a los $ 8 millones. Ese cálculo debería hacerse si se siguen las premisas de la ley, razonó Ponce.
Por eso, a razón de 8 millones de pesos por persona, se estima que se inyectarían a la economía de Río Tercero unos $50 mil millones de pesos por esta vía.
Todo depende también del valor del bono PR17 (establecido en el acuerdo judicial). Según se mencionó a este diario, el equivalente de ese valor estaría cercano al 100%.
Según los patrocinantes del reclamo, se incluirá a los herederos de los reclamantes originales, en caso de fallecimiento. Los hechos por los que se reclama ocurrieron hace casi 29 años.
El atentado de 1995
Las explosiones de la Fábrica Militar ocurrieron el 3 de noviembre de 1995. Hubo siete muertos, cientos de heridos y millonarios daños materiales en la ciudad. La Justicia concluyó años después de que fue un hecho intencional y organizado, con responsabilidad del Estado, en el marco de una maniobra para ocultar ventas ilegales de armamentos durante el gobierno de Carlos Menem.
Desde entonces, además de resarcimientos por vía administrativa abonados por el Estado entre 1996 y 1999, se fueron liquidando luego juicios iniciados por damnificados por muertes, heridas y daños patrimoniales. Pero siempre fue quedando pendiente una megademanda con unas ocho mil personas que reclamaron por daño moral, a través del abogado Ponce.
Sobre todo para ese grupo se sancionó una ley en 2015 para evitar que llegara a la instancia judicial y se resolviera por vía administrativa el pago en acuerdo entre las partes. Casi 10 años después, ese acuerdo parece definido.
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