General colombiano en retiro asume «con vergüenza» título de máximo responsable de 196 ejecuciones
BOGOTÁ (AP) — Un general en retiro del Ejército colombiano reconoció el martes ante la Jurisdicción Especial para la Paz ser el máximo responsable de 196 ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que cometió la brigada militar a su cargo en un departamento del sur de Colombia entre 2005 y 2008.
El general Henry William Torres Escalante fue el máximo comandante de la brigada 16, a la que se atribuyen los asesinatos sobre personas protegidas y población civil en el departamento colombiano del Casanare.
Su confesión del general Torres se dio en la segunda audiencia impulsada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el rol de 21 militares, un exfuncionario gubernamental y dos civiles, en ejecuciones conocidas como “falsos positivos” contra campesinos y miembros de comunidades, quienes eran asesinados y luego señalados de ser guerrilleros o delincuentes muertos en combate.
Según cifras de la JEP y de la Comisión de la Verdad, otra instancia que se creó a raíz del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC, entre el año 2002 y el 2008 se cometieron 6.402 crímenes de esta naturaleza, lo que está siendo investigado por la justicia para la paz y por la jurisdicción ordinaria.
El general en retiro Torres pidió “1.000 y 1.000 veces perdón” a los familiares de las víctimas y dijo que asumía “con vergüenza el señalamiento del título de máximo responsable y autor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada”, cometidos por la brigada militar a su cargo.
También reconoció haber obstruido a la justicia al mover los cuerpos de las víctimas para impedir que se pudiera probar que los victimarios habían sido integrantes de la brigada 16.
De acuerdo con el magistrado de la JEP Óscar Parra, quien dirigió la audiencia del martes, el general Torres “tuvo el control sobre la organización criminal que se insertó en esta unidad militar”, es decir, en la brigada 16, y «se apartó de la institucionalidad” al cometer los asesinatos.
Parra agregó que el uniformado “impulsó” un “plan criminal” en el cual “fueron asesinadas ilegítimamente y presentadas como muertas en combate 196 víctimas, en 141 eventos de resultados operacionales, de las cuales 138 fueron presentadas como no identificadas”.
En la primera jornada ante la JEP el lunes, los 21 militares de la brigada reconocieron su responsabilidad sobre 296 ejecuciones extrajudiciales.
Torres señaló que esta operación criminal se dio por las “presiones” del general Mario Montoya, excomandante del Ejército colombiano, y del general Guillermo Quiñónez, comandante de la 4ª división de la institución, bajo la cual operaba la brigada 16.
La JEP le imputó a Montoya el pasado 30 de agosto crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad por su responsabilidad en “falsos positivos” también en el departamento de Antioquia, al noroccidente del país, entre 2002 y 2003. Montoya fue comandante del Ejército colombiano entre 2006 y 2008.
Johanna Torres, quien perdió a su padre y a su hermano en estos asesinatos, reprochó al general Torres que él “no tuvo otra salida” que la de acogerse a la justicia para la paz. “Usted aquí no está por voluntad propia”, le dijo la familiar de una de las víctimas.
“Hoy le digo que usted, para mí, es un asesino, un perpetrador y un peligro para nosotras las víctimas”, espetó la mujer al general.
“Respeto profundamente lo que está diciendo Johanna. Muy probablemente yo, estando en su posición, haría lo mismo. Creo que lo haría”, encajó el oficial en retiro.
Y concluyó diciendo: “Una vez me enteré de lo que estaba sucediendo en la brigada, permití que eso siguiera ocurriendo. Lo permití siendo muy permisivo en los controles sobre las operaciones y cuando no hacía ninguna llamada de atención o no tenía en cuenta cómo se llegaba a los resultados en algunas ocasiones. Lo hice por un error mío gravísimo: la soberbia. Creía que con eso estaba logrando resultados”.
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