La Voz del Interior @lavozcomar: “Gatillo fácil”: por el asesinato de Blas, altos jefes policiales continuarán detenidos

“Gatillo fácil”: por el asesinato de Blas, altos jefes policiales continuarán detenidos

La plataforma acusatoria del fiscal de Distrito 1 Turno 3 de la ciudad de Córdoba, José Mana, por la investigación del crimen de Valentino Blas Correas (17) sigue sumando consistencia y avanza a paso firme. En las últimas horas, el juez de Control Pablo Agustín Cafferata dictaminó la octava confirmación a las prisiones preventivas dispuestas por el instructor en contra de miembros de la Policía de la Provincia implicados en el asesinato y en las posteriores maniobras de encubrimiento, según se sostiene en la causa.

El crimen de Blas se produjo durante la madrugada del 6 de agosto de 2020 cuando un Fiat Argo en el que viajaban cinco adolescentes traspuso un control policial montado en avenida Vélez Sársfield a la altura del Complejo Pablo Pizzurno. Dos efectivos abrieron fuego al vehículo y uno de los proyectiles dio en la espalda del joven, que viajaba en el asiento trasero. Minutos después, procurando auxilio sin éxito en una clínica de Nueva Córdoba, Blas falleció.

La causa viene siendo investigada desde el comienzo por el fiscal Mana, quien acaba de sumar la confirmación de las ocho prisiones preventivas que dispuso.

Quienes en esta ocasión sufrieron reveses en la oposición a la restricción a la libertad son el comisario inspector Jorge Ariel Galleguillo, el subcomisario Enzo Gustavo Quiroga y el comisario inspector Walter Eduardo Soria, tres jefes policiales involucrados en supuesto “encubrimiento” del crimen de Blas.

Además de ese cargo, a estos tres jefes policiales se les imputa “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En su auto Nº 22/21, el juez Cafferata rechazó los recursos de oposición planteados por los defensores Gerardo Damián Morales (Galleguillo), Justiniano Martínez (Quiroga) y Julio César Páez (Soria).

Los otros cinco detenidos son los directamente relacionados con la escena del crimen, quienes ya tienen confirmada la prisión preventiva desde finales del año pasado.

Ellos son los dos cabos primeros acusados del “homicidio calificado”, Lucas Gómez y Javier Catriel Alarcón, a quienes se suman como “encubridores” y por “incumplimiento de los deberes de funcionario” el subcomisario Sergio Alejandro González, la agente Wanda Micaela Esquivel (prisión domiciliaria) y la oficial Yamila Florencia Martínez (prisión domiciliaria).

Esquivel, acusada de ser quien plantó el arma para entorpecer la investigación e intentar inculpar a los jóvenes que iban en el Fiat Argo baleado por Gómez y Alarcón, apeló la decisión del juez de Control y su recurso está siendo analizado en la Cámara de Acusación.

Los otros cuatro tienen firme la decisión de la prisión preventiva. Aún resta conocer el temperamento que asumirán las defensas de los tres jefes policiales que recibieron reciente revés.

“Soria, Quiroga y Galleguillo también habrían tenido conocimiento de que la imputada Esquivel, siendo aproximadamente las 0.46, en las inmediaciones de Vélez Sársfield al 1700 próximo al pasaje Aragón (frente a una estación de servicio), mientras circulaba en calidad de acompañante en el móvil 8723 –conducido por el imputado Alarcón–, habría arrojado a la vía pública un revólver calibre 22 de origen nacional, marca Doberman, cuya numeración se encuentra parcialmente suprimida, cuyo funcionamiento mecánico y operativo resulta nulo; y de que, tras ello, siendo las 1.14, Esquivel –en compañía de su dupla policial, el imputado Alarcón– habría simulado un rastrillaje y el hallazgo casual del referido armamento, en una clara maniobra tendiente a confundir a la autoridad y a favorecer a los imputados Gómez y Alarcón”, reprochó el fiscal Mana en la acusación.

Los otros acusados

Con menores grados de responsabilidad, están en libertad el comisario inspector José Antonio Gatica (por encubrimiento agravado), el cabo Leonardo Alejandro Martínez, el cabo Leandro Alexis Quevedo, el oficial ayudante Ezequiel Agustín Vélez y el agente Rodrigo Emanuel Toloza (todos estos por falso testimonio). Por lesiones leves está imputado el cabo Ezequiel Henot, por supuestos golpes al conductor del Argo en el momento en el que los policías detuvieron al rodado en Nueva Córdoba.

Los tres civiles imputados de abandono de persona son los empleados del Sanatorio Aconcagua Fernando Casalino, Guadalupe Moya y Andrea Mezzaccapo. Todos están libres, a la espera del peritaje médico que busca determinar cuándo falleció Blas. Se les reprocha no haber atendido al joven cuando sus amigos llegaron hasta allí y solicitaron auxilio.

Un caso que no deja de generar conmoción

El año pasado, hubo distintos episodios de “gatillo fácil”.

El asesinato de Blas y otro crimen policial ocurrido meses después en el pequeño pueblo de Paso Viejo, el de Joaquín Paredes (15), generaron lo que el gobernador Juan Schiaretti le ordenara al ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, que procediera a un cambio forzado en la máxima autoridad policial. Tras más de cinco años al frente de la Jefatura, Gustavo Vélez fue pasado a retiro y en su lugar asumió Liliana Zárate, la primera mujer en la historia en sentarse en el sillón principal de la Policía de Córdoba.

 

 

Reclamo. Mañana se cumplen siete meses del crimen policial. Familiares, allegados y parte de la sociedad reclaman que la causa vaya «hacia los máximos responsables». (La Voz / Archivo)

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