Fiscalía federal investigará asesinato de sacerdote en el sur de México
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La fiscalía federal mexicana será la encargada de investigar el asesinato del sacerdote y defensor de derechos humanos Marcelo Pérez, lo que implica que el homicidio podría estar relacionado con el crimen organizado.
Así lo indicó el martes la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina en la que siguió confiando en que el plan de seguridad del gobierno dé resultados.
“Esta estrategia no ha funcionado”, dijo el cardenal Felipe Arizmendi el martes tras una misa homenaje a Pérez, el sacerdote tsotsil reconocido por mediar en conflictos sociales, indígenas, campesinos y políticos de municipios azotados por todo tipo de disputas y actos de violencia, que fue tiroteado el domingo tras celebrar una misa en San Cristóbal de las Casas, en el sureño estado de Chiapas.
Pérez había recibido múltiples amenazas y desde 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido a México medidas de protección que no dieron resultado por lo que diversos colectivos de derechos humanos responsabilizaron a las autoridades de su muerte.
El homicidio se produjo en medio de una escalada de inseguridad en la que, a la violencia política, social y agraria preexistente desde hace décadas en Chiapas, se unió hace un par de años la lucha entre los cárteles de Jalisco y de Sinaloa por el control de la frontera con Guatemala y el tráfico ilícito de drogas, armas y, sobre todo, migrantes.
El padre Pérez y la Iglesia católica de la zona no cesaron en denunciar el incremento de los asesinatos, desapariciones, intimidaciones y desplazamientos de civiles en muchos municipios donde los cárteles amenazan a los pobladores o los utilizan como escudos humanos ante la pasividad de las Fuerzas Armadas.
“Chiapas es una bomba de tiempo”, había dicho el sacerdote hace poco más de un mes.
Otras organizaciones hablaban incluso del peligro de una ”guerra civil» en ese estado.
Sheinbaum negó este análisis. «Es importante trabajar para que no vuelva a ocurrir una situación así y que no haya desplazamientos y pacificar, evitar extorsiones y delitos que se están presentando”, dijo. Para ello, aseguró, se está trabajando con el gobernador actual y el próximo, que tomará posesión en diciembre —ambos del partido oficialista Morena—.
Las Naciones Unidas, la CIDH y numerosas organizaciones mexicanas exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva y transparente del homicidio y la Iglesia reclamó, además, el desarme de los grupos ilegales que operan en la región.
Pérez será enterrado en su pueblo natal, San Andrés Larráinzar, una comunidad en las montañas de Chiapas a 50 kilómetros de donde lo asesinaron.
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