Filtración de audios expone presunta corrupción judicial en Chile y golpea al sistema de justicia
SANTIAGO (AP) — La filtración de audios que expone una presunta red de corrupción y tráfico de influencias en la élite judicial chilena golpea al sistema de justicia. Tres magistrados de la Corte Suprema fueron formalmente acusados ante la Cámara de Diputados, en un proceso que podría llevar a su destitución y pone en duda la credibilidad del poder judicial del país.
Los audios filtrados el año pasado revelan conversaciones entre el destacado abogado Luis Hermosilla, quien cumple prisión preventiva hace un mes, y varias figuras de alto perfil en el ámbito de la política y la justicia de Chile. En las conversaciones se evidencian supuestos arreglos para influir en nombramientos irregulares dentro del poder judicial. Entre los principales implicados están tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Jean Pierre Matus.
Diputados oficialistas y de oposición presentaron hoy acusaciones constitucionales en contra de los tres ante el Congreso chileno, apelando a un mecanismo previsto en la Constitución que posibilita al Legislativo entablar un juicio político o impeachment contra autoridades y funcionarios del Estado, en este caso en contra de los tres magistrados.
Las principales acusaciones recaen contra la magistrada Vivanco, a quien en la denuncia remitida al Congreso, se le acusa de tráfico de influencias, “notable abandono” de sus deberes, pérdida de imparcialidad y entrega de información confidencial, entre otras irregularidades. Sobre ella pesa ya una sanción disciplinaria, la suspensión de sus funciones como jueza, decisión tomada por la Corte Suprema mientras se esclarece su presunta participación en la trama.
La acusación ante el Congreso apunta también que “Vivanco concertó con el abogado Luis Hermosilla para obtener el nombramiento de miembros de la Corte Suprema”, explicó en declaraciones a la prensa Daniel Melo, jefe de la bancada del oficialista Partido Socialista.
La entrega de las denuncias formales ante el Congreso es el primer paso para la eventual apertura de un proceso de inhabilitación de los magistrados, que, una vez acogido y aprobado por la Cámara baja, deberá ser remitido y juzgado por el Senado. En caso de que las acusaciones sean aprobadas, los magistrados serán destituidos de sus cargos e inhabilitados para desempeñar funciones públicas durante cinco años.
El escándalo conocido como caso Audios explotó a raíz de una publicación hecha el año pasado por el medio chileno Ciper Chile, que filtró diversas conversaciones entre Hermosilla e importantes figuras del mundo político, judicial y empresarial, que a su vez se han visto salpicadas en una espiral de acusaciones de fraude, corruptelas, intercambio de favores y tráfico de influencias para el nombramientos de jueces y cargos políticos.
Acusaciones similares a las de Vivanco pesan contra otros dos magistrados: Jean Pierre Matus, quien también mantuvo conversaciones con Hermosilla y ha sido señalado ante el Congreso por la “pérdida de imparcialidad” en sus funciones, y Sergio Muñoz, quien es acusado de la filtración de información confidencial y de no haberse apartado de un caso en el que tenía conflicto de intereses, según detallaron desde la coalición opositora Chile Vamos.
Desde que las primeras denuncias salieron a la luz, las investigaciones de la gigantesca y compleja trama de corrupción han abierto diversas aristas investigativas adicionales en la Fiscalía, comisiones de ética, tribunales penales y, ahora, en la esfera legislativa.
Los representantes de varias bancadas políticas sostienen que es una de los mayores golpes al sistema de justicia de Chile desde la caída de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990 y el regreso a la democracia.
“Esta es la mayor crisis del poder judicial en los últimos 34 años”, dijo a los periodistas el vicepresidente de la Cámara baja y diputado por la Democracia Cristiana (DC) Eric Aedo tras ingresar la acusación formal al Congreso.
Ello porque, a los 68 años, Hermosilla es considerado uno de los abogados más destacados del país y ha desempeñado en importantes cargos de diferentes gobiernos a lo largo de décadas, entre ellos como asesor del ministerio del Interior durante el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera y, más recientemente, como representante del jefe de asesores del actual presidente Gabriel Boric, en un caso por presuntas irregularidades en la concesión de fondos públicos.
Aunque se desconocen los efectos inmediatos que podrían causar en el poder judicial del país, las revelaciones podrían impulsar un proyecto del gobierno que busca modificar y perfeccionar el sistema de nombramientos en el país.
En ese sentido, el ministro de Justicia, Luis Cordero, indicó a los medios locales que el gobierno «observará con atención las acusaciones presentadas”, pues la principal preocupación del Ejecutivo, dijo, «es el normal funcionamiento del sistema de justicia y sobre todo el adecuado funcionamiento de la Corte Suprema”.
“Para eso nosotros estamos trabajando, como ustedes bien saben, en el proyecto que modifica el sistema de nombramientos. Y mientras tanto se va a observar con atención lo que sucede con cada una de esas acusaciones constitucionales”, agregó.
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