Ficción y realidad en el Senado
Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el Senado de la Nación nos vuelve a sorprender. La aprobación del pliego de la exjueza Ana María Figueroa es una afrenta a las instituciones, a la división de poderes y a la Corte Suprema de Justicia. Se trata de una decisión inaudita para nuestra práctica parlamentaria. Parece una ficción, pero es la cruda realidad.
De todos modos, podríamos hacer a un lado los adjetivos y los sustantivos propios; en especial, los sustantivos propios. Si lo hacemos, estaremos en mejores condiciones para analizar los hechos. Despojados de las creencias, los intereses y los deseos que dominan nuestras comprensión. Nos permitirá entender mejor la imagen que irradia esa decisión. En especial, por sus efectos sistémicos.
Los hechos brutos son los siguientes. El presidente de la Nación propuso al Senado que la doctora Figueroa continuara en la Cámara de Casación Penal. Sin embargo, no hubo consenso para aprobar la propuesta. En el ínterin de este ir y venir de la política, la (hasta entonces) jueza cumplió 75 años. Y en consecuencia, ante la falta de acuerdo, la Corte dijo que había dejado de ser jueza. El Senado ahora aprobó que retorne al cargo por cinco años más.
Una cuestión normativa
Este es un dato relevante. No es una imagen del Diario de la Guerra del Cerdo, de Adolfo Bioy Casares, en la que jóvenes atacan y amenazan a viejos. La observación tampoco se vincula con algún sesgo en su contra. No digo subrepticiamente que ella no está en condiciones de cumplir su función por los números que aparecen en una tarjeta que llamamos documento de identidad.
El comentario es relevante por una cuestión normativa. En 1994, nuestra comunidad política tomó una decisión: reformar las reglas básicas de nuestro sistema. Esto es, la Constitución Nacional.
La reforma introdujo una innovación respecto de la permanencia de los jueces en sus cargos. Estableció que necesitarían un nuevo acuerdo para permanecer en sus cargos cuando cumplieran 75 años. Hasta ese momento, eran vitalicios, aunque nos cueste comprender que en una república algunos estén atados a un puesto por el resto de sus vidas.
Esta regulación, hay que aceptarlo, no es del todo feliz. Puede generar incentivos poco virtuosos. No asegura la imparcialidad de quienes quieren continuar en el ejercicio de la magistratura. Si ese es su deseo, sus decisiones deberían ser complacientes con quienes deben decidir su permanencia. Si no lo fuera, al contrario, podrían favorecer a sus propios amigos sólo para cuestionar a quienes tienen poder de decisión.
En cualquier caso, estos incentivos no son de los más deseables. Sin embargo, la solución está prevista por el artículo 99 inciso 4 de la Constitución, y hay que cumplirla.
Esta disposición fue criticada por un sector doctrinario. Según ellos, ponía en entredicho la inamovilidad de los jueces y afectaba su independencia. Las objeciones dejaron de ser teóricas cuando el juez Carlos Fayt inició un juicio en el que pretendía la nulidad de aquel artículo.
La Corte, en uno de sus precedentes más criticados, hizo lugar a esa acción. Por eso, muchos jueces permanecieron en sus puestos, al margen de disposiciones expresas de la Constitución y al amparo de medidas cautelares dictadas por otros jueces.
Años más tarde, en 2017, cambió la doctrina del Alto Tribunal. En “Schiffrin”, sostuvo la constitucionalidad del articulo cuestionado.
Hace menos de un mes, la Corte tenía que resolver una cuestión administrativa: determinar si Figueroa, que tenía 75 años y no había logrado el acuerdo del Senado, podía mantenerse en su cargo.
En pocas palabras, debía establecer si todavía era jueza de la Nación. Para el Máximo Tribunal, el mismo día en que cumplió los 75 años dejó de serlo. La falta de acuerdo del Senado, aun cuando este hubiera sido solicitado por el Ejecutivo, demostraba que ella no podía continuar en su cargo.
Según la Corte, “el nombramiento debe ser anterior al día en que el magistrado alcance” los 75 años. De lo contrario, dice, “no habría límite temporal para la realización de ese nuevo nombramiento, con la absurda consecuencia de que el límite etario se tornaría inoperante”.
En este momento, no considerar los sustantivos propios es una ingenuidad. Podemos describir los hechos, pero difícilmente comprenderíamos su real dimensión. Menos aún su impacto sobre el sistema institucional.
¿Preferencias?
Los medios periodísticos dan cuenta de las preferencias de Figueroa por la vicepresidenta de la Nación. ¿Esas preferencias justifican una mancha indeleble sobre nuestro sistema institucional?
Cristina Fernández de Kirchner presidió la sesión, hasta que se marchó. No había manera de consolidar el atropello. Dos empates consecutivos de 35 votos cada uno. Una senadora, que ya había votado y que ejercía la presidencia por la ausencia de la vicepresidenta, volvió a votar para desempatar.
Estas acciones buscan desgastar al Poder Judicial y obstaculizar el control al poder político. En última instancia, son una señal: están dispuestos a extremar las posiciones para lograr sus objetivos. Esos objetivos, sin embargo, no son los de la ciudadanía.
La Corte, en el caso “Consejo de la Magistratura”, alertó sobre estas maniobras carentes de “buena fe”. Reprochó la manipulación y dijo que ese estándar era un factor para ponderar las responsabilidades por el incumplimiento de sus decisiones.
Tenemos un contexto general: inflación imparable y alarmantes índices de pobreza. También una demostración de lo que preocupa, y ocupa, a un sector de nuestra dirigencia.
Los sustantivos propios, entonces, son difíciles de aparcar. Son ellos los que tienen una estrategia: debilitar las instituciones y las instancias de control. Piensan que se hacen un favor.
Pero hay un problema: es favor para una y perjuicio para todos. Corroen la confianza en la política. Erosionan nuestra democracia. El daño es autoinfligido.
Suele decirse que la primera reacción del incrédulo es tomar distancia. Como el personaje de Albert Camus en El extranjero, que vacila ante la muerte de su madre. Aunque incrédulos, deberíamos advertir las implicancias de estas acciones antes de que sea demasiado tarde.
Mientras tanto, algún animal feroz se relame ante este escenario y permanece al acecho, a la espera para dar su zarpazo mortal.
* Docente de Derecho Constitucional, UNC y USiglo21
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