La Voz del Interior @lavozcomar: Facturas truchas: agravan imputaciones por la megaevasión

Facturas truchas: agravan imputaciones por la megaevasión

En los últimos días, el fiscal federal N° 1 de Córdoba, Enrique Senestrari, resolvió agravar la situación penal de nueve de los más de 40 imputados que tiene la investigación por la megaevasión a través de facturas truchas.

A partir de esta nueva resolución, Cristian Debarre, Germán Destefanis, Paola Andrea Arévalo, Silvina María Valeria Rincón, Sergio Gabriel Sosa, Mario Ernesto Casco, Diego Alberto Vieyra Ferreyra, Marcelo Rubén Gaido y Federico Carlos Dellamaggiore vieron más comprometida su situación judicial.

De acuerdo con las fuentes consultadas por La Voz, el fiscal llegó a esta conclusión tras el análisis de la documentación secuestrada en los allanamientos practicados entre fines de agosto y octubre últimos, los nuevos informes aportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y las declaraciones de los propios imputados.

El empresario Debarre –quien en los papeles figura sólo como el apoderado de la firma Corphone SA (uno de los call centers más poderosos de la provincia), aunque la Justicia sospecha que sería el dueño de la empresa– está sospechado de haber simulado la real situación fiscal de la empresa ante la Afip. Rincón, Sosa, Gaido y el contador Casco aparecen junto con él en esta acusación.

“El nombrado habría sido el encargado de solicitar la confección de la facturación falsa emitida por la asociación ilícita fijando los montos y descripciones que debían ser incluidos en esta, y además de ello se encargaba de descontar los cheques obtenidos, como retorno de la facturación así emitida”, se sostiene en el agravamiento de su imputación.

Entre otros roles, se le adjudica haber sido el encargado de abonar cada mes una suma fija a otro director que en realidad nunca habría trabajado en Corphone.

Asociación ilícita (sólo en el caso de Debarre), evasión de impuestos agravada y defraudación por administración fraudulenta son las figuras penales en torno de estas cuatro personas.

En tanto, el empresario Destefanis, Arévalo y Dellamaggiore están apuntados por los presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta en torno de las firmas Softkey SA y Bornix SA, radicadas en Hernando y en la ciudad de Córdoba, que brindan servicios de desarrollo tecnológico e informático.

De acuerdo con la acusación, Dellamaggiore, en “su carácter de asesor contable de la empresa, habría actuado como intermediario entre Destefanis y los falsos proveedores en la tarea de coordinar los detalles de las facturas, pagos de los supuestos servicios y posterior reintegro en efectivo del dinero abonado; y Arévalo, en su carácter de empleada y CEO de Softkey SA, se habría encargado de gestionar los falsos contratos de locación de obra/servicios que respaldaban dichas facturas y de llevar un registro de los pagos realizados”.

A los empresarios Debarre y Destefanis, el fiscal los vincula con el presunto punto neurálgico de toda esta investigación, Diego Alberto Vieyra Ferreyra, señalado como el presunto organizador de la asociación ilícita: el encargado de unir a todas las partes de esta cadena de eslabones (los que daban sus claves fiscales, los que generaban las facturas truchas y los que recibían los pedidos de empresarios).

En total, con esta reformulación de la acusación, a Debarre se le suman seis supuestos delitos, mientras que Destefanis deberá responder por cuatro.

La causa de las facturas truchas, instruida por los fiscales federales Senestrari y Maximiliano Hairabedian, analiza la creación de usinas de facturas para presuntamente simular operaciones tendientes a incrementar el crédito fiscal de los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA). Haciendo uso de ese crédito, se consigue desgravar impuestos y se perjudica al fisco con una evasión.

Según se indicó, ya hay más de 15 mil facturas investigadas y en el expediente aparecen involucrados dos intendentes (Cayetano Canto, de Saldán, y Daniel Salibi, de Mendiolaza), empresarios, contadores y personas de muy bajos recursos.

Según cálculos de la Afip, el monto de lo facturado para evadir un porcentaje del total es multimillonario.

Se trata de una de las investigaciones más voluminosas y complejas que se desarrolla en la Justicia federal de Córdoba en los últimos años, según coinciden en las fiscalías como en el Juzgado Federal N° 1, a cargo de Ricardo Bustos Fierro, sede en la que se lleva la causa penal.

La “usina”, una causa muy compleja

Se trata de una gigantesca investigación que hoy tiene 15.995 facturas bajo sospecha, emitidas desde el 1º de enero de 2018; 45 imputados, 17 de ellos con alguna clase de detención (en prisiones o domiciliarias), y una importante colección de vehículos de alta gama, de cuadriciclos y de yates secuestrados, entre otros elementos de valor.

La nueva moratoria genera malestar judicial

La nueva moratoria aprobada en el Congreso de la Nación en agosto último generó que cientos de causas por evasión y contrabando, distribuidas en jurisdicciones judiciales de todo el país, quedaran a un paso de ser archivadas.

“Sabuesos, fiscales y jueces consultados lamentaron, en particular, el tiempo y los recursos humanos, administrativos, procesales y económicos que conllevó investigar a miles de contribuyentes, determinar el monto que evadieron, llevarlos ante la Justicia, impulsar las investigaciones, elevarlas a juicio y que incluso se arriben a condenas, para que luego se acojan a una moratoria y queden impunes”, indicó ayer La Nación en un artículo en el que el periodista Hugo Alconada Mon destacó que la búsqueda de más ingresos fiscales iba a generar “más impunidad penal”.

En ese sentido, se indicó que, de acuerdo con un relevamiento particular, entre el 10 y el 15 por ciento de los acusados a nivel nacional ya se acogió a la moratoria con la intención de evadir la causa penal.

“Porcentaje que se descuenta que aumentará de manera sustancial durante las próximas semanas, cuando otros acusados acompañen las constancias de la Afip”, se añadió.

Se recalcó como el caso más icónico el de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, quienes solicitaron incorporar a su petrolera Oil Combustibles en la moratoria, como así también otras empresas del Grupo Indalo –que adeuda más de 11.800 millones pesos, entre capital e intereses– y la productora televisiva Ideas del Sur.

La nueva legislación tributaria (la ley 27.652) permite la extinción de la persecución penal cuando se abona el monto de la evasión o se suscribe un plan de pagos con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). En la causa de las “facturas truchas” en Córdoba, varios de los imputados ya comenzaron a regularizar su situación ante la Afip y a presentar solicitudes para quedar fuera de la investigación penal.