Evitar el colapso de la medicina privada
El sistema de salud en Argentina ha quedado atrapado por una crisis económica que impacta en la atención sanitaria, tanto de gestión pública como privada. Un declive generalizado que arrastra décadas y que los sucesivos gobiernos no han logrado remediar, de modo de garantizar a la población un derecho insustituible.
Por cierto que el cimbronazo se siente más aún en estos tiempos de ajustes impetuosos que han puesto en aprietos a millones de pacientes en todo el país, con particular repercusión en el universo de prestadoras del ámbito privado, cuyos referentes alertan sobre el posible quebranto de numerosos centros asistenciales asfixiados por la crisis.
Los zigzagueos tarifarios en el marco de la medicina prepaga y el derrumbe económico de clínicas y sanatorios, entre una amplia gama de especialidades médicas, colocaron el esquema de prestaciones privadas ante un colapso que las autoridades nacionales no deben desconocer.
El problema no es para nada menor y cobra relevancia al ritmo de políticas monetarias ancladas más en los indicadores fiscales que en la salud colectiva, por citar una carencia entre tantas otras.
El panorama es incierto y puso en alerta a la Unión Argentina de Salud (UAS), que mediante un comunicado advirtió que más de 5.000 establecimientos sanitarios del país corren riesgo serio de cierre, ya que se encuentran al borde de la quiebra. La entidad agrupa a prepagas y al resto del sistema privado, entre los que se enumeran sanatorios, clínicas y laboratorios, entre otros.
Semejante cifra no es para tomar a la ligera, sino para admitir el estado de preocupación y asumir sin dilaciones las medidas pertinentes.
Desde UAS afirman que el conjunto del sistema, incluidos prestadores y financiadores, atraviesa un dramático desfinanciamiento como consecuencia de políticas erráticas y de regulaciones que, lejos de mejorarlo, lo fueron sumergiendo en una crisis sin precedentes, que lo acerca día a día a un escenario insustentable. Es decir, la caída del servicio acecha.
A ese contexto, habrá que añadir que muchos centros están jaqueados por eventuales ejecuciones por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) a raíz de deudas previsionales e impositivas, a lo que se suman los rubros referidos a salarios y otras imposiciones.
En relación con la provincia de Córdoba, los datos no son auspiciosos: para el titular de la Asociación de Clínicas Hospitales y Sanatorios Privados de Córdoba, Juan Grass, las instituciones de salud tienen una deuda “impagable” con la Afip, lo que se suma a los aumentos de costos y de insumos.
Si un dirigente o ejecutivo reconocen que hay ítems “imposibles de pagar” y que no se visualiza una mejoría global en el corto plazo, es lo mismo que considerar, como señala UAS, que la quiebra de un centro de salud detonaría más temprano que tarde.
No se deben demorar medidas estructurales claves, toda vez que, como siempre ocurre (también en el sistema público), están en el medio los pacientes, a menudo sumergidos en las estridencias ajenas.
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