En la Provincia esperan represalias por su postura más crítica a la Nación
La estrategia está en marcha. Puertas afuera, desde las Paso a esta parte, en cada aparición del gobernador Juan Schiaretti, el mandato fue diferenciarse explícitamente del Gobierno central: desde pedir directamente la suspensión del cepo a la carne o la baja de retenciones a ensalzar que Córdoba subsidia el empleo y no el desempleo.
“Estamos convencidos de que sólo el empleo dignifica la vida de las familias”, dijo hace unos días en la presentación de líneas de crédito para inversiones en parques industriales. Lo repite hasta el cansancio. Entiende que ahí está la gran demanda social que el kirchnerismo no puede cumplir.
Puertas adentro, también sabe que serán dos años para Córdoba de apretar los dientes. Pero a diferencia de lo que pasó desde 2008 en adelante, cuando el apoyo de la Provincia al campo en la batalla de la 125 obligó a la Provincia a un peregrinar, hoy se apodera en el gabinete provincial la certeza de que esta vez la insubordinación no costará tanto, al menos en términos financieros. Creen que el kirchnerismo no tiene capacidad de hacer daño como entonces y que, además, la Provincia no tiene los flancos débiles que hace poco más de una década la dejaron tan vulnerable.
Lo que cambió
La Caja de Jubilaciones fue históricamente el talón de Aquiles para Unión por Córdoba. La ley 8.024 sancionada en tiempos de Eduardo Angeloz fue desde su génesis impagable, al punto que Ramón Mestre padre la acotó en 1995 con el famoso decreto 1.777, que ordenaba pagar como jubilación el 82%, pero del salario de bolsillo del trabajador.
En 1999, José Manuel de la Sota asumió prometiendo el 82%, aunque sólo aplicó un aumento de la mínima a una porción de los jubilados de entonces. En 2008, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el decreto 1.777 y obligó a pagar el 82%. En esos tiempos, Schiaretti –en su primer mandato– se alineaba con los productores rurales. Se abrió un abismo en la relación con Nación y todo se dio vuelta.
Estaban iniciadas las conversaciones para que Córdoba armonizara el sistema previsional local con el nacional a cambio de financiamiento, siempre enredadas en el chicaneo político y sin pocos avances reales. La Caja se convirtió en la espada de Damocles y se habló incluso de volver a emitir cuasimonedas para no cortar el pago de sueldos y jubilaciones.
Unión por Córdoba llevó adelante tres reformas estructurales sobre el sistema previsional (2008, 2012 y 2020) que la armonizaron por completo con Nación. Con Macri, en 2018, logró que se incorporara a una adenda del Consenso Fiscal el financiamiento de Nación a las provincias que no habían transferido sus regímenes y que perdían ingresos fiscales que antes de distribuir a las provincias iban a Anses. Eso quedó plasmado en una ley y no en un acuerdo, lo que les da un mejor sustento jurídico a las eventuales disputas. No es lo mismo desconocer una ley que un acuerdo de partes, dicen en Córdoba.
La Caja de Jubilaciones de Córdoba tiene gastos que superan en un 23% los ingresos previsionales genuinos del sistema. En 2020, por caso, pagó 83.899 millones de pesos en jubilaciones y pensiones y tuvo ingresos por 64.439 millones. Los 19.460 millones que le faltaron al sistema se cubrieron con aportes de impuestos generales: Nación puso 10.020 millones y el 49% restante lo aportó la Provincia.
En términos prácticos, bancó la mitad del rojo previsional. En términos técnicos, ese aporte está calculado sobre el déficit de 2018. Es decir que, aun llegando dos años más tarde y sin actualizar, representa la mitad del rojo por cubrir. De menguar la inflación, el aporte en términos reales sería mucho más alto.
¿Cuál podría ser el problema? En Córdoba no creen posible que Anses incumpla con los pagos, que se envían en cuotas iguales todos los meses y que se vienen pagando al día. Sí suponen que Nación podría “congelar” el monto en 2022, más con un argumento montado en la desidia de las otras provincias que en el revanchismo que se podría suponer de parte de Anses.
En 2020, Nación transfirió 36.225 millones de pesos a las provincias que tienen sistemas previsionales locales: Córdoba se quedó con 9.014 millones de ese monto, al tope de la lista. La siguieron Entre Ríos, con 6.816 millones, y Buenos Aires, con 6.000 millones. Al 10 de septiembre del 2021, Anses lleva transferidos 32.926 millones a las provincias, de los cuales 15.705 millones se los quedó Córdoba: el 48% del total. Entre Ríos recibió 2.710 millones y Buenos Aires, apenas 211 millones.
La razón es que las cajas previsionales de las otras provincias no tienen aceitado aún el envío de información a Anses, que también agrega su propia demora al cotejar los datos. Hace unos días, el titular del Instituto de Previsión Social de Corrientes reclamó públicamente el envío de 1.550 millones pendientes.
A esta altura del año, Córdoba ya debiera haber empezado a discutir con Anses los números del rojo de 2019, que determinará las cuotas por enviar en 2022, pero esa negociación ni siquiera arrancó. La presunción es que Nación no aceptará el inicio de las conversaciones hasta terminar 2018 con el resto de las provincias.
En ese escenario, lo peor que podría pasar es que Anses le repita a Córdoba en 2022 los mismos envíos de 2021, sin actualizar. Con una inflación del 50%, esa hipótesis sería preocupante, pero lo cierto es que las jubilaciones en la provincia no se mueven al ritmo de la inflación. De hecho, hoy el haber promedio está 34,2% arriba que a septiembre de 2020.
Por eso es que en Córdoba repiten siempre lo mismo: la clave para poder sostener una pelea con Nación está en la negociación paritaria. De ahí deriva el impacto en el pago de sueldos y jubilaciones, el ítem que se lleva el 74% del gasto total de la Provincia. Debe estar por debajo de los ingresos para poder campear la pelea política.
Otras negociaciones
Del resto de partidas discrecionales, por fuera de coparticipación, no hay demasiado relevante para Córdoba. Nación ha prometido avanzar en las rutas nacionales 19, 158, 7 y 8. En la 19 se inauguraron dos tramos no consecutivos, quedan pendientes los 29 kilómetros que van de Arroyito a Tránsito y los 35,5 kilómetros de San Francisco-Cañada Jeanmaire. Sobre la 158 está prometida la autovía entre San Francisco y Las Varillas. En la 7 están anunciadas obras de rehabilitación integral entre Vicuña Mackenna y el límite de Córdoba con San Luis, en Córdoba. En la 8 este año se retomaron las obras para la autovía en el tramo entre Río Cuarto y Holmberg; es una segunda calzada de 7,3 kilómetros. Están prometidos un nudo vial de enlace con la ruta nacional A005 y un puente sobre el arroyo Santa Catalina. Está anunciada además la autovía Alta Gracia-Villa Ciudad América, que se financiaría 40% con el Fondo Fiduciario Federal, que gira Nación.
La inclusión o no dentro del Presupuesto, creen en Córdoba, es casi anecdótico: pueden estar y después, por razones presupuestarias o políticas, no hacerse.
Epec, que en algún momento necesitó de la garantía de coparticipación nacional para tomar deuda y ordenarse, hoy tiene un atraso tarifario del 16%, menos de la quinta parte que se calcula que tiene Nación con Cammesa, en función del costo de producir energía.
Además, logró armar un fondo específico para obras, despegado de las tarifas, que le permite financiar el mantenimiento del sistema. Sí está discutiendo Epec con Cammesa una compensación por la aplicación del famoso artículo 87 del Presupuesto nacional, que establecía compensaciones a las distribuidoras que en 2020 no cortaron el servicio pese a la mora, no subieron tarifa y aplicaron beneficios. Epec debe dos meses de 2020 y espera que eso sea parte del crédito por compensar.
Una última discusión no menor, aunque no exclusiva de Córdoba: los subsidios al transporte urbano e interurbano del interior del país. Para 2021, el Presupuesto nacional previó 20 mil millones de pesos, que en el marco de la pandemia y los paros generalizados de transporte se elevaron a 28 mil millones en junio pasado. Es que Nación negocia y paga las paritarias de los choferes del Amba, descalzando al interior que no puede bancar con tarifas ni con presupuestos locales esos aumentos salariales.
Pero la sorpresa es que, en la pauta que elevó Martín Guzmán para 2022, la partida del Fondo Compensador es de 27 mil millones, lo que a las claras significa un recorte real del 34%. Pero, bueno, esa es ya una discusión del centralismo porteño y la inequitativa distribución de los subsidios a los servicios públicos y no de los eventuales costos que la nueva versión del cordobesismo le podría costar a la Provincia.
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