Elecciones Córdoba 2023: La Justicia abrió una investigación e inicia el escrutinio definitivo
“Indolentes”. Con esa palabra, una alta fuente de la Justicia electoral de Córdoba calificó el accionar de la empresa Ocasa, responsable de la logística del polémico escrutinio provisorio que mantuvo en vilo a los cordobeses entre el domingo por la noche y el lunes por la madrugada, y que el lunes fue finalizado cuando se había cargado el 94,90% de las mesas.
“Esto le va a terminar costando caro”, agregó la fuente frente al escándalo que significó no saber el resultado de la votación.
El lunes, todas las miradas apuntaron a la Organización Courrier Argentina SA (Ocasa), con fuertes críticas de parte de la Justicia electoral.
La empresa, a cargo de Héctor Colella (ex mano derecha de Alfredo Yabrán), había sido contratada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para hacer el recuento provisorio en Córdoba.
La contratación fue este año cerca de la fecha de la elección y en forma directa. Según se explicó, “a diferencia de otras provincias, en todos los casos se hizo un formal procedimiento de selección previa” para garantizar “la publicidad, la concurrencia con la mayor participación de oferentes, la igualdad y la transparencia”.
La Voz se comunicó con Carlos Hessel y con Santiago Pico Estrada, gerente y CEO de Ocasa, respectivamente, para preguntarles sobre la responsabilidad en el escrutinio.
Ambos derivaron la consulta a la agencia de comunicaciones VGV.
“La carga fue normal en las escuelas y establecimientos que tenían conectividad. Luego, con aquellas que no tenían adecuada conexión, hubo que implementar el sistema de contingencia y llevar los datos de las escuelas a los nodos previstos como esquema alternativo. Este esquema comprende desde la logística para llevar los datos y luego su transmisión. Una vez que los datos llegaban a los nodos, quizás de escuelas a 100 kilómetros de distancia, se iban cargando en las máquinas disponibles”, fue la explicación general.
Una versión que surgió el lunes fue que Ocasa no contaba con los escáneres suficientes para cubrir todas las mesas y que le habían avisado a la Justicia.
“La empresa comunicó con anticipación a la Justicia acerca de los problemas de conectividad en toda la red de la provincia. En esa lógica, se le comunicó el plan de contingencia con escáneres en las escuelas para paliar esa situación”, respondieron.
Y agregaron que “se dimensionó la cantidad de nodos con los escáneres necesarios para procesar el volumen de datos mencionado”.
¿La empresa considera que su tarea cumplió con lo requerido por la Justicia electoral? “Sí”, respondieron desde Ocasa.
Sistema
En la noche del domingo, hay versiones que sostienen que hubo acusaciones cruzadas entre Ocasa y MSA, la otra empresa que tenía a su cargo el sistema Turing de transmisión digital de las actas.
Para los responsables de MSA, no hubo inconvenientes en el funcionamiento propio, sino que le faltaron datos para procesar.
¿Cómo funcionaba? Ocasa generaba el dato desde cada escuela con el escaneo y transmisión de las actas, y operaba la tecnología a través de sus asistentes técnicos. El medio era el sistema Turing.
Ante cualquier contingencia, se había establecido el traslado de las actas (en un pendrive) desde las escuelas hasta los nodos de Ocasa (eran 17 en toda la provincia), y desde allí se debían transmitir al centro de cómputos.
Fallas
¿Qué pasó el domingo por la noche? El lunes se sumaron más testimonios de personas que trabajaron en el escrutinio. Como se dijo, hubo fallas en la conectividad y también faltó personal, aunque MSA dejó trascender que no faltaron los kits tecnológicos.
Uno de los roles que contemplaba la logística era el de Fipe (fiscal público electoral del establecimiento). “Nos aseguraron que sí o sí iba a haber uno por escuela. Eso lo determinó la Justicia electoral. Si no andaba internet, si no funcionaba el escáner, al Fipe se llevaba todo”, explicó alguien que trabajó en el escrutinio (una tarea que tuvo una remuneración de aproximadamente $ 39 mil por cuatro días).
No está claro el número de Fipe ausentes el domingo, pero se sabe que hubo ausencias.
También, relacionado con la conectividad, hubo escuelas que nunca figuraron en el sistema. “No tenían técnico, no tenían Fipe y nunca aparecieron como cargadas en las pantallas del escrutinio. No sé si esas actas se llevaron manualmente al centro de cómputos”, agregó la fuente que participó en el escrutinio.
Urnas
Además de la logística en el escrutinio, Ocasa tenía a su cargo la provisión de urnas y cabinas de votación y la impresión de papelería (sobres, fajas, formularios, cartelería).
Además, debió hacer la notificación a autoridades de mesa de votación, el despliegue y repliegue de urnas, y el operativo de repliegue de certificados de escrutinio desde los centros de votación y hacia el centro de cómputos.
Justicia
Ayer por la mañana, el presidente del TSJ, Domingo Sesin, informó que se había ordenado una investigación administrativa contra Ocasa.
“Ordenamos una investigación administrativa para determinar responsabilidades de la empresa por la demora en la que ha incurrido. Nos queda la tranquilidad de que en definitiva la certidumbre, la seguridad y la transparencia están aseguradas, y de que es un problema de transmisión de datos”, dijo Sesin a Cadena 3, y afirmó que la transparencia está garantizada porque cada apoderado tiene en su poder las actas oficiales.
“La esencia del escrutinio está absolutamente resguardada”, advirtió Sesin, quien el domingo por la noche acompañó personalmente a los jueces Marta Vidal, Leonardo González Zamar y Jorge Namur, del Tribunal Electoral, para brindarles apoyo institucional en el momento más álgido de la jornada.
Si bien hubo críticas hacia la Justicia electoral por no haber controlado a Ocasa, en Tribunales aseguraban este lunes que hicieron lo posible por hacer cumplir las obligaciones de la empresa.
“En un momento, tuvimos que ponernos firmes y exigirles que buscaran las actas que faltaban. Así, por ejemplo, apareció la información que faltaba de Luque”, contaron.
Definitivo
Pasado el escrutinio provisorio, los cordobeses sabrán quién es su nuevo gobernador la próxima semana, cuando se termine el recuento definitivo, único valido según la ley.
El conteo oficial de los votos recién arrancaría el miércoles, si no se producen quejas o presentaciones de parte de los apoderados de los partidos políticos que participaron de la votación.
Desde la Justicia aclararon, además, que el recuento provisorio de votos no tiene ninguna validez legal (“Es una ficción”, describieron), ya que no está contemplado en la ley.
Por eso, no sería posible accionar contra las autoridades por lo sucedido hasta este martes, ya que el conteo sólo busca adelantar una fotografía del domingo, antes de lo que sucederá la semana que viene.
Desde la Justicia enfatizaron que están las actas y los certificados que sirven legalmente para el conteo, y que llevan las firmas de las autoridades de mesa de cada uno de los más de 1.478 centros de votación que participaron en la elección.
Con base en ellos (las urnas no se abren), se realizará el escrutinio definitivo, lo que definirá al nuevo gobernador, como así también la composición de la Legislatura provincial y la mayoría y minorías en el Tribunal de Cuentas, entre otras categorías.
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