El sistema jubilatorio necesita cambios profundos
Desde este domingo, cesa la compra de aportes a través de una de las moratorias previsionales, que permitía la jubilación de trabajadores que no contaban con 30 años de aportes al sistema.
Ese mecanismo caducó para aquellas personas a las que les faltan menos de 10 años de aportes y están en condiciones de acceder al beneficio por su edad: 60 años para las mujeres y 65 para los hombres.
La decisión del Gobierno nacional de no prorrogar ese esquema pone en riesgo la situación de más de 240 mil personas, el 60% de las 403 mil que llegarán este año a la edad requerida.
El kirchnerismo había habilitado ese mecanismo en 2005 –con claros propósitos electorales–, lo que terminó por distorsionar totalmente el sistema de aportes y redujo a cifras insignificantes lo que cobran quienes sí cumplieron con los requisitos legales.
De acuerdo con cálculos de estudios previsionales, nueve de cada 10 beneficiarios que en la actualidad perciben el haber mínimo lograron la prestación con las moratorias vigentes.
Mirado en su conjunto, dos de cada tres beneficiarios del sistema contributivo –más de 3,8 millones de jubilados– accedieron a través de ese esquema.
El sistema previsional argentino está en una virtual bancarrota, por esta situación y por la mínima relación que existe entre aportes y personas retiradas del trabajo activo.
El riesgo que atraviesan miles de personas este año debería obligar a las autoridades y a la oposición –en especial, los sectores vinculados con el kirchnerismo, que siguen apelando a un discurso electoralista– a revisar a fondo el sistema jubilatorio.
El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) sugirió como paliativo inmediato la eliminación de la exigencia de los 30 años de aportes.
Añadió la posibilidad de que quienes gozan de una prestación universal para el adulto mayor (Puam) –a la que se accede con 65 años de edad, más allá de los aportes realizados– puedan continuar su vida activa en el ámbito laboral, que ahora les está vedada.
El sistema deberá incluir también una revisión de los regímenes especiales, de la edad mínima para jubilarse y la posibilidad de que ciertos contribuyentes dediquen una parte de sus aportes a un sistema de capitalización.
Otra reforma clave es la incorporación de una mayor cantidad de aportantes, lo que será posible a través de cambios laborales en las contrataciones. Las empresas ralentizan las nuevas incorporaciones en función del riesgo jurídico que les supone.
Los cambios son urgentes para mantener y mejorar un sistema que, por ahora, sumerge en la miseria a millones de trabajadores que a lo largo de su vida laboral realizaron aportes para acceder a un beneficio digno.
La alternativa de esperar a los comicios legislativos del 23 de octubre próximo revela la mezquindad de los actores principales de la política, más prestos a captar votos con propuestas irrealizables que a aportar soluciones ante la emergencia previsional.
La insignificancia del actual haber mínimo –menor a los $ 350 mil, si se incluye un bono extraordinario de $ 70 mil– constituye la mayor alerta que deberían asumir quienes ocupan el rol de dirigentes en la sociedad.
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