El Salvador: Ordenan juicio a militares por asesinato de periodistas holandeses en la guerra civil
SAN SALVADOR (AP) — Un juzgado salvadoreño ordenó el jueves elevar a juicio el caso en contra de altos mandos de las fuerzas armadas en retiro a los que se les atribuye haber participado en el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982 mientras cubrían la guerra civil en el país centroamericano.
El exministro de la Defensa Nacional, general José Guillermo García y el ex director de la extinta Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Moran deberán enfrentar la etapa de juicio pues son acusados del delito de asesinato como autores mediatos. Desde octubre de 2022 los dos, ya ancianos, han permanecido en un hospital privado de la capital, bajo custodia policial.
En enero de 2016, el exministro García fue deportado de Estados Unidos luego que un juez declaró responsable de graves violaciones a derechos humanos durante los primeros años del conflicto armado interno en El Salvador.
La resolución judicial también incluye al excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería con sede en El Paraíso, Chalatenango, coronel Adalberto Reyes Mena, quien es acusado por el delito de asesinatos, pero en la modalidad de comisión por omisión. Para él, el juzgado determinó tramitar la extradición pues reside en Virginia, Estados Unidos.
Otros militares como el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Rafael Flores Lima y el sargento Mario Canizales Espinoza, que también eran acusados de participar en la comisión del crimen, pero tras el fallecimiento de ambos, la justicia los sobreseyó por muerte. Según las investigaciones, el sargento Canizales dirigía la patrulla que perpetró la emboscada y la masacre de los periodistas.
“La decisión de la jueza de dictar auto de elevación a plenario para llevar a juicio al exministro de la Defensa, José Guillermo García, al exdirector de la Policía de Hacienda, Francisco Antonio Morán, y al excomandante de la cuarta Brigada de Infantería, Mario Adalberto Reyes Mena, es un hito histórico en la búsqueda de verdad, justicia para las víctimas y sus familias”, expresó en un comunicado de prensa la Fundación Comunicándonos, que representa en el país a las familias de las víctimas.
“Estamos ante un hecho realmente muy importante, un paso firme hacia el esclarecimiento del caso en la búsqueda de la verdad. La elevación a plenario significa que no existe ninguna causal para sobreseer a los procesados”, afirmó el abogado del caso, Pedro Cruz.
En marzo de 2022, familiares y representantes del gobierno de Holanda y de la Unión Europea exigieron al El Salvador que lleve ante la justicia a los responsables del asesinato de los periodistas holandeses Jan Kuiper, Koos Koster, Hans ter Laag y Joop Willemsen, el cual fue documentado por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas. Dicha comisión compiló los crímenes cometidos en El Salvador durante los 12 años de guerra civil, entre 1979 y 1992.
En octubre del 2022, el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, en Chalatenango, ordenó la captura de cinco exmilitares: el general y exministro, José Guillermo García Morán, pero también del coronel Mario Adalberto Reyes Mena, quien fungía como comandante de la Cuarta Brigada de Infantería de El Paraíso, Chalatenango, cuando se cometió el hecho. También del exsargento Mario Canizales Espinoza, y el general Rafael Flores Lima.
Este crimen, como tantos otros perpetrados durante la guerra civil, no fue investigado y los culpables nunca fueron procesados debido a una Ley de Amnistía General promulgada en el gobierno del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) pocos días después de darse a conocer el informe de la Comisión de la ONU, que calificó el asesinato de los periodistas como un crimen de lesa humanidad.
En su informe, la comisión de la ONU concluyó que hay plena evidencia de que el asesinato fue consecuencia de una emboscada planeada por Reyes Mena con el conocimiento de otros oficiales, basándose en un reporte de inteligencia que los alertó de la presencia de los periodistas.
Días antes del asesinato de los periodistas holandeses, agentes de la Policía de Hacienda, vestidos de civil, llevaron a los reporteros a su cuartel para interrogarlos tras enterarse de que habían estado en contacto con guerrilleros.
El “Estado no cumplió con la obligación de investigar, procesar y sancionar a las personas culpables, como es su deber de acuerdo con el derecho internacional”, señaló la Comisión de la ONU en el texto.
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