El Rigi es miseria planificada por 30 años para Argentina
Nos encontramos frente a una crisis ambiental y climática de alcance global sin precedentes. Y esta se suma a una crisis política de representación en las democracias occidentales, que ha llevado al poder a líderes y a movimientos políticos de extrema derecha caracterizados por su negacionismo.
La manera en que resolvamos los desafíos a los que se enfrenta nuestra generación será determinante para las generaciones futuras. De allí se desprende, tras la sanción de la Ley Bases, la necesidad histórica de ponerle un freno al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi).
Organizaciones ambientales y representantes de la comunidad científica coinciden en alertar sobre el severo impacto ambiental que tendrá el Rigi, al anular competencias de control y eliminar posibilidades de participación ciudadana, con la consecuente degradación institucional y de la calidad democrática, y al otorgar a las corporaciones extractivas el predominio sobre el manejo de los insumos locales.
El impacto directo será sobre los bienes naturales y sobre las comunidades, que pagarán los costos sociales y ambientales del saqueo.
El Rigi profundiza un modelo extractivista que va en contra de los principios de soberanía nacional y desarrollo sostenible al favorecer sin condiciones megaproyectos mineros, petroleros y forestales, entre otros. Se trata de un régimen diseñado para atraer inversiones extranjeras mediante una serie de privilegios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios.
De hecho, no prevé ninguna sanción por violar las normas ambientales. Las corporaciones podrán mantener los beneficios del Rigi aunque contaminen el suelo, el agua y el aire, destruyan bosques, humedales y glaciares o provoquen la extinción de especies animales y vegetales autóctonas. Tampoco existe previsión alguna sobre los pasivos ambientales que provocarán estos megaproyectos.
La ley sancionada el jueves sostiene que “no podrán ser afectados por restricciones regulatorias sobre el suministro, transporte y procesamiento de los insumos destinados a tales exportaciones, incluyendo regulaciones que pretendan subordinar o reasignar los derechos de los proyectos sobre tales insumos o su transporte o procesamiento con base en prioridades de abastecimiento interno u otras prioridades o derechos regulatorios en favor de otros sectores de la demanda”.
La cuestión ambiental
¿A las corporaciones se les debe garantizar todo por encima de las necesidades de nuestras comunidades? ¿Qué pasará con el agua en las comunidades aledañas a los megaproyectos mineros? Si el agua fuera considerada un insumo por estas corporaciones, podrían ampararse en esta ley para relegar su abastecimiento a las comunidades, violando los derechos humanos de sus pobladores.
Este régimen no establece requisitos vinculados a la generación de puestos de trabajo o a la transferencia de tecnología. Lejos de promover un desarrollo sostenible, el Rigi no garantiza beneficios para las comunidades y constituye un mecanismo de saqueo de nuestros bienes naturales comunes. Queda claro que no hay separación entre extractivismo y degradación ambiental. Son las dos caras de la misma moneda.
Por otro lado, la Ley General del Ambiente 25.675, citada en numerosos fallos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, establece que, producido el daño ambiental, el Estado –nacional, provincial y municipal– se encuentra legitimado para reclamar la recomposición del ambiente dañado.
Sin embargo, con el Rigi resolverán árbitros extranjeros, lo que deja en evidencia que este régimen es un mecanismo de defensa para las corporaciones beneficiarias, frente a la alta probabilidad de daño ambiental. Se trata de una cesión de soberanía imperdonable.
El principio de no regresión contenido en el Acuerdo de Escazú –ley 27.566– establece que la legislación no puede empeorar la situación del derecho ambiental vigente desde las perspectivas de su alcance y amplitud. Es decir, el proyecto vulnera el principio de no regresión ambiental, dado que los cambios propuestos a la normativa vigente implican una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados.
La falta de regulación ambiental nos expondrá a mayores conflictos ambientales y sociales. La ausencia de estudios de impacto ambiental llevará a la presentación de amparos que determinen medidas cautelares que paralicen estos proyectos, como ya sucede con varias explotaciones mineras y petroleras a lo largo y ancho del país.
El Rigi hipoteca el futuro de nuestro país al profundizar y consolidar un modelo extractivista y al no garantizar una adecuada protección ambiental. Esta ley condenará a la Argentina a un desarrollo insostenible, y dejará un pasivo ambiental para las generaciones futuras.
Debemos replantearnos el modelo de desarrollo. Argentina tiene el potencial para convertirse en un líder mundial en materia de desarrollo sustentable, pero para lograrlo es necesario superar el modelo extractivista y apostar por un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible, socialmente inclusivo y políticamente soberano.
* Diputada nacional (Unión por la Patria)
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