El relato construido en torno a las falsas denuncias en contexto de violencias por razones de género
Argentina ha sido pionera a la hora de contar con un sistema normativo protectorio de los derechos humanos, con la implementación de potentes políticas públicas tendientes a la protección de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencias por razones de género.
¿Ha sido suficiente para la erradicación de un flagelo multicausal que afecta al 40% de mujeres?
Claramente, no, sino que por el contrario debemos continuar exigiendo políticas públicas de prevención, asistencia y persecución de sus autores, lo que por cierto es parte de las obligaciones que le incumben al Estado en todos sus sectores y niveles.
Sin embargo, el contexto actual y el debate que se impone en temas relacionados con el género se encuentran plagados de un discurso de odio que vuelve a hablar de “ideología de genero”, que promueve el desmantelamiento de todas las políticas de prevención y acompañamiento a las víctimas, o colocan a la Argentina en el triste ranking de ser el único país que, el pasado 14 de noviembre, votó en contra de una resolución de Naciones Unidas destinada a prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres en los entornos digitales.
Hace poco el tratamiento en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación de un proyecto de ley por el que se agravan las penas en casos de violencias de género puso en el tapete un debate que, si bien debemos seguir dándonos como sociedad, las posiciones ideológicas extremas esgrimidas profundizan aún más la grieta que existe en temas tan sensibles y que afectan de modo particular a un grupo de personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad.
En medio de argumentos falaces, desconociendo la complejidad y particularidades de la problemática de las violencias contra las mujeres, y con datos incomprobables se avanza de manera liviana en un tema que exige –por las consecuencias que genera– un debate serio y responsable, ya que sus consecuencias pueden propiciar la reproducción de violencias desalentando a las mujeres en la denuncia.
No es la víctima de violencia quien debe padecer la crisis del sistema, sino que es el Estado quien debe optimizar un recurso dispuesto para la protección de aquellas.
Es hora de que el escrutinio al que se encuentran sometidas las intervenciones de la áreas administrativas, como las del Poder Judicial, resulten en la reformulación de prácticas o modelos de gestión que no están dando resultado, y no en desalentar a las víctimas de la formulación de denuncias.
* Abogada; directora de la sala de violencias por razones de género del Colegio de Abogados de Córdoba
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