El problema no es el déficit, sino el sistema de poder que lo genera
El único análisis considerado científico por el mundo académico es el sistémico. Término que viene de las ciencias duras y significa que nada puede ser analizado fuera de su contexto. No hay explicaciones monocausales de nada.
El “problema argentino” no es sólo económico, monetario o fiscal. Está generado por un sistema de construcción de poder impregnado de corrupción, con impunidad judicial garantizada y con un fuerte aval social. Este sistema de poder no es sólo político. Es también económico, sindical y cultural.
En realidad, la casta política es el accionista minoritario de este sistema de acumulación de poder. Sobreprecios, sobrecostos, sobornos, y enriquecimiento ilícito público y privado. Estos son los eslabones que marcan la acumulación del poder político, económico, sindical y cultural en la Argentina. Y es un sistema que funciona sin ningún riesgo penal. Un juicio por corrupción en la Argentina dura 14 años y tiene sólo un 5% de índice de condena. Y los bienes robados al Estado nunca aparecen.
Esta es la causa principal del déficit fiscal que el presidente Javier Milei busca corregir y eliminar: la corrupción del poder.
Somos el país de menor crecimiento del producto interno bruto (PIB) per capita en el continente en los últimos 30 años. El de mayor inflación acumulada. Y uno de los tres países con mayor índice de corrupción en América.
La inflación y el déficit son la fiebre, pero no la enfermedad. La política de Milei de equilibrar las cuentas fiscales es correcta, pero no suficiente. Porque la inflación no es otra cosa que la pérdida de confianza del ciudadano en su moneda. Y esa confianza no se recupera si al mismo tiempo no se logra recuperar confianza social en la Justicia y en la ley.
El 82% de los argentinos declaran tener escasa, baja o nula confianza en la Justicia. Y este es el huevo de la serpiente.
El costo de la corrupción nunca fue medido en la Argentina en términos económicos. Se estiman en un 30% los sobrecostos que paga el Estado por todas las obras y los servicios en los que interviene. Que equivalen a un 14% del PIB. Y la casta política no está sola. “Los que mandan” en la Argentina de hoy han construido su poder sobre la base de ese sistema impregnado de corrupción.
Esta es la dimensión real del “problema argentino”. No alcanza con el equilibrio fiscal. Paolo Mauro, economista y exdirectivo del Banco Mundial, elabora un modelo matemático que demuestra la conexidad objetiva entre índices de corrupción y crecimiento del PIB de los países. A mayor corrupción, menor crecimiento. Argentina es un ejemplo de este modelo matemático de Mauro.
Por otra parte, en este análisis sistémico debe incluirse que la tendencia del voto popular argentino está marcada por la dialéctica orden-caos. El argentino huye del caos y busca el orden.
Raúl Alfonsín representó el orden frente al caos sangriento del genocidio. Carlos Menem representó el orden frente al caos de la hiperinflación de 1989. Néstor Kirchner representó el orden frente al caos del default de deuda soberana de 2001, el más grande del siglo 20. Y ahora Milei representa el orden frente al caos que nos dejaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
El mismo apoyo popular que tiene Milei hoy lo tuvieron Alfonsín, Menem y Kirchner en su momento. Y todos fracasaron. Por error en el diagnóstico del problema argentino y falta de valentía en la aplicación de medidas de cambio.
¿Qué falta hacer para que el cambio de modelo de país sea real?
Terminar con la impunidad de los delitos del poder. Porque esa impunidad tiene consecuencias económicas, culturales y políticas. Por lo pronto, la corrupción impacta en el crecimiento del PIB per capita de manera directa. En segundo lugar, porque la impunidad de la corrupción impide recuperar confianza social en la Justicia. El ciudadano no va a creer en un sistema de justicia que no castiga a “quienes mandan”.
Medidas que se deben tomar
Frente a esta realidad, deberían tomarse de manera urgente medidas como las siguientes:
1) Reforma del Código Penal en el capítulo de delitos contra la administración pública. Porque se debe aclarar que los delitos de corrupción no tienen tipicidad penal en la Argentina. Estos delitos, que están en el título XI del libro segundo del Código Penal, deben incluir agravantes punitivos conforme los niveles de responsabilidad de los funcionarios y el daño causado al Estado.
No se trata de aumentos masivos de pena que no sirven para nada. En la Argentina de hoy, los delitos de la corrupción sólo tienen castigos de multa o prisiones menores a tres años.
2) Reformulación de la figura del funcionario público. No sólo debe ser el nombrado por el Estado, sino quien está a su servicio. Los concesionarios de obras y servicios públicos deben ser considerados funcionarios públicos a los fines de su responsabilidad penal y civil.
3) Decomiso anticipado de los bienes habidos por la corrupción.
4) Suspensión inmediata en el ejercicio de sus funciones públicas con un auto de procesamiento por delitos de corrupción.
5) Ampliación del artículo 268 del Código Procesal Penal de la Nación. Para incluir en su texto el enriquecimiento ilícito privado.
6) Responsabilidad civil de las personas jurídicas por actos de corrupción o delitos transnacionales de sus directivos.
7) Imprescriptibilidad de las acciones penales y civiles emergentes de la corrupción (artículo 36, quinto párrafo, de la Constitución).
8) Reforma del Consejo de la Magistratura federal. Agilidad e imparcialidad en sus decisiones. Aplicación del artículo cuatro del Estatuto de la Corte Interamericana como regla de interpretación de la conducta de los jueces. Alta autoridad moral.
Estas propuestas tuvieron estado parlamentario hasta 2017 en Diputados, con dictamen unánime de las comisiones de Legislación Penal y de Justicia.
Son propuestas que hacen al fondo del “problema argentino” y que el presidente Milei debería proponerlas ya al Congreso, como fundamentos éticos y jurídicos de su modelo de equilibrio fiscal.
* Exdiputado nacional
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