El peronismo cordobés, en su encrucijada histórica
El peronismo cordobés lleva una semana lamiéndose las heridas. Con apenas dos puntos más, hubiera celebrado como un triunfo la conservación de tres bancas en Diputados y la recuperación de la banca en el Senado, pero los puntos fueron 25 y no le alcanzó para el festejo ni para la promoción nacional del “modelo cordobés”.
El oficialismo se quedó con una derrota, con una diferencia histórica a favor de las boletas que encabezaron Luis Juez y Rodrigo de Loredo y con un presagio inquietante: 2023 exigirá una estrategia política diferente, además de multiplicar exigencias de gestión en la Provincia y en todas las grandes ciudades del mapa cordobés.
La constatación más preocupante que tuvo el Panal hace una semana es que en Córdoba los votos no se transfieren. Juan Schiaretti y Martín Llaryora asumieron tras las Paso un protagonismo casi exclusivo en la campaña de Hacemos por Córdoba, que dejó en segundo plano a las candidatas que encabezaban las listas, Alejandra Vigo y Natalia de la Sota. Ni la imagen imbatible del gobernador, ni la alta aprobación de la administración provincial, ni los esfuerzos del intendente capitalino en materia de gestión municipal incidieron en el resultado.
La estrategia del oficialismo cordobés fracasó. Hay una única pregunta que reiteran los peronistas intentando relativizar esa evidencia: ¿Qué hubiera pasado si Schiaretti y Llaryora no salían a jugar de esa forma?
Estado deliberativo
El gran problema de Hacemos por Córdoba es que está obligado a intentar el mismo procedimiento en dos años, cuando le llegará la hora de transferir los liderazgos históricos que durante seis gestiones consecutivas mantuvieron al peronismo en el poder. El estado deliberativo que atraviesa el oficialismo no se vincula tanto con los resultados adversos del domingo pasado como con la incertidumbre sobre el futuro. El escaso 22 por ciento obtenido en la ciudad de Córdoba es el principal motivo de preocupación.
El hecho de que nadie sepa con certeza qué está pensando Schiaretti contribuye sobremanera a la ola de versiones que le siguió a la ola amarilla que arrasó en Córdoba.
Los propios peronistas especulan con inminentes cambios en los gabinetes de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba y con posibles cambios de nombre para la coalición oficialista. Además, despliegan inverosímiles planes de conquista y anexión: radicales marginados, heridos del PRO o algunos regresos significativos. El nombre de Gustavo Santos nunca deja de ser mencionado.
La figura de Martín Gill –no está claro si asumirá como diputado o regresará a la Intendencia de Villa María– integra ese menú, que también incluye hipótesis infinitas sobre la preocupación principal del oficialismo: qué harán Juez y De Loredo con el respaldo electoral que obtuvo Juntos por el Cambio.
La evidencia histórica de que los cordobeses votan con criterios diferentes en las elecciones legislativas nacionales y las provinciales o municipales no logra calmar a todos. La mayoría, además, no termina de dilucidar en qué podría traducirse la imprecisa apuesta de Schiaretti a una construcción nacional. Una sola directiva emanó con claridad de los despachos más importantes del Panal y el Palacio 6 de Julio: redoblar esfuerzos de gestión.
Marcha atrás
Otra evidencia de la semana aciaga del oficialismo: los márgenes de la discrecionalidad se achican luego de una derrota. El Panal decidió morigerar sobre la marcha la suba de impuestos que establecía el paquete económico que acababa de mandar a la Legislatura. Para las construcciones más costosas y los campos más grandes de la provincia, se habían planteado aumentos de hasta el 60 por ciento, que luego se limitaron al 49,5 por ciento.
El peronismo bajó la bandera de la progresividad para que ningún título periodístico señalara que los aumentos superarían a la inflación. También decidió posponer –a la espera de un acuerdo con la oposición– su decisión de dar marcha atrás con la ley que en 2016 prohibió las re-reelecciones de legisladores, intendentes y concejales.
El jueves próximo será Llaryora quien enfrente el trago amargo del Presupuesto 2022. Enviará al Concejo Deliberante de la ciudad de Cordoba un cálculo que incluiría el mismo tope que aplicó la Provincia para el aumento de las tasas, intentando esquivar el rótulo de “impuestazo” que invariablemente usa la oposición. En el Palacio 6 de Julio, en simultáneo, se discute la paritaria con los municipales, que además de aumento semestral por inflación incluye posibles pases a planta.
El Suoem hace rato que dejó de ser el principal actor político de la ciudad, pero hay una preocupación que crece en el llaryorismo: el impacto que el resurgimiento de Luis Juez tendrá en esas filas. Más de un tercio de los actuales agentes municipales ingresaron durante la gestión juecista.
La ciudad de Córdoba será el territorio de la gran batalla de 2023 y es la gestión municipal la principal apuesta del peronismo en defensa de sus chances de continuidad a nivel provincial. Lo que logre concretar Llaryora es la clave para el oficialismo. Y también para la oposición.
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