El oficialismo y la UCR, en una pelea contrarreloj por el nombramiento en el cargo
El primer semestre legislativo de este año en la Unicameral cordobesa llegará a su fin este miércoles, en la sesión en la que se enfrentarán el oficialismo y la oposición en una discusión sobre el tratamiento en la Cuenta de Inversión de 2023, del último tramo de la gestión de Juan Schiaretti. Pero hay un tema a contrarreloj que se lleva la atención de los legisladores y los obligará intentar un consenso: el nombramiento del nuevo defensor del Pueblo. Hasta ahora no ingresó en el temario.
El oficialismo está decidido a que este miércoles el único tema principal de la sesión sea la aprobación por mayoría simple de la Cuenta de Inversión, pese a los cuestionamientos que recibirá de la oposición por el uso de los fondos en el último año de gestión de Schiaretti.
Aunque hay otra cuestión que lleva desde hace días largas negociaciones y que obligará a la Legislatura a contar para su aprobación los dos tercios de los legisladores, es decir 47 parlamentarios deberían votar de igual manera para que surja el nombre del próximo defensor del Pueblo de Córdoba. En este caso el sucesor de Mario Decara.
Algo extremadamente difícil para el oficialismo que tiene 33 legisladores propios, más algunas adhesiones; pero igual de dificultoso para la UCR, que buscará que nuevamente un opositor se quede con este cargo.
El 3 de julio se vence el plazo para que en Córdoba se nombre al reemplazante del radical Decara en la Defensoría del Pueblo, un lugar que ocupa desde hace tres períodos consecutivos y fue concebido en su momento en un acuerdo del delasotismo con UCR para que un hombre de este partido opositor estuviese al frente de este organismo.
Este plazo fatal es lo que pone a radicales y a justicialistas entre las cuerdas. Dentro del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba no hay coincidencias respecto de respectar este “uso y costumbre” para que el defensor del Pueblo sea un o una dirigente de la oposición.
La paridad en la Legislatura, una vicegobernadora radical, como Miryam Prunotto, y un Tribunal de Cuentas ocupado por una mayoría juecista hace que los justicialistas más duros no estén decididos a votar un nombre que salga nuevamente de las filas de la UCR.
“Se debe aprobar con 47 votos. En el bloque somos 33 legisladores, pero quién asegura que esta vez puedan acompañar a un radical. Además, necesitaríamos sumar a más opositores”, confió un legislador de Hacemos Unidos por Córdoba poco dispuesto a que el tema prospere en la Legislatura.
Otro oficialista del riñón del gobernador Martín Llaryora, en cambio, advirtió que el trabajo del Partido Cordobés que busca el oficialismo pasará también por buscar un radical que pueda ser “permeable” y no combativo con el Gobierno.
Los que esperan a Fortuna
Hay quienes dentro del justicialismo verían con buenos ojos que se rompa esta “tradición” y que esta silla sea ocupada por un oficialista. La mirada de este sector está puesta sobre Francisco Fortuna, el expresidente provisorio de la Legislatura e histórico titular de la bancada de legisladores del PJ.
“Son muchos los que no tienen ganas de votar a un radical. La mejor opción es Fortuna”, expresó un oficialista.
Algunos legisladores que participan de la negociación a contrarreloj dejaron entrever que la posible salida en las últimas horas de Hugo Pozzi, defensor adjunto, que no fue confirmada, le abriría la puerta a Decara para nombrar su segundo en el cargo. Y es ahí donde algunos justicialistas se esperanzaron con Fortuna.
“Sería entrar por la ventana, no creo que eso pueda ser posible”, desalentó otro peronista.
Los impulsores de Ochoa en la UCR
En la vereda de la UCR, hay un grupo de legisladores provinciales que buscará que este miércoles se trate en la Legislatura la designación del defensor y evitar así que este puesto quede acéfalo.
Un sector interno ya acordó que “el elegido” para esta postulación sea el radical Julio Ochoa, tribuno en la Municipalidad de Córdoba y exvocal en el Tribunal de Cuentas de la Provincia, con el apoyo de Rodrigo de Loredo y del intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer.
“Ochoa nunca se comportó como los actuales tribunos juecistas, los que se oponen a todo”, expresó un legislador oficialista.
Pero dentro de la UCR hay un grupo más moderado que prefiere esperar y no tensar el tema este miércoles. La idea es esperar hasta el miércoles 3 de julio. Algo imposible, por ahora, para el PJ que tiene proyectada para esa semana sólo el trabajo en comisión en la Legislatura y, luego, ingresar al receso de invierno.
“Estamos queriendo avanzar con un nombre propio, pero difícil saber si van a acompañarlo”, confió un legislador radical, al reconocer que el postulante será Ochoa, pero no confía que Hacemos lo avale.
“Ni nosotros ni ellos tienen la mayoría agravada de 47 votos. Es un cargo que le corresponde al radicalismo. Ochoa tendría el consenso, pero no sabemos si el PJ quiere respetar esto. No se nos va la vida, pero cambiarían ellos las condiciones. Algunas maniobras están haciendo, pero nos quieren arrebatar un lugar de la oposición”, sumó otro legislador de la UCR.
También hay un sector de la UCR dispuesto a bancar la postulación del exdiputado Marcos Carasso, aunque hay acuerdo en consensuar un nombre para ser presentado al PJ.
Y si queda acéfalo…
Por lo que, en medio de estas diferencias, hay quienes en la Legislatura apostaron a que finalmente el llaryorismo dejará el cargo acéfalo y evitaría así buscar un acuerdo en una Unicameral tan reñida.
Los más desconfiados hablan de una salida del defensor adjunto, por donde el PJ buscaría quedarse con el cargo. Aunque esto no termina de convencer a algunos justicialistas memoriosos.
Nelson Filippi fue quien ocupó la Defensoría del Pueblo de 1994 a 2005, cargo que luego quedó en manos de la adjunta de ese momento, Jessica Valentini (2006-2008) que, por falta de acuerdos parlamentarios en un nuevo nombramiento, ejerció la titularidad del organismo hasta la asunción de Decara.
En ese momento, hubo legisladores radicales que hicieron presentaciones en la Justicia, por lo que el PJ no está interesado esta vez en revivir ese capítulo.
La propuesta de Hernández Maqueda
En medio de esta pelea, el legislador Gregorio Hernández Maqueda sumó un proyecto de modificación en el que se busca evitar que el defensor del Pueblo tenga alguna afiliación política.
“El proyecto de ley que presenté es para para reformar el defensor del Pueblo de Córdoba. El tercer mandato consecutivo de Decara vence la semana que viene, el 3 de julio. Después de 15 años, debe abandonar ese mismo día el cargo. Con un presupuesto previsto para 2024 de $ 3.188.841.000 representa un gran costo que terminamos pagando todos los cordobeses”, expresó el legislador.
“Demasiado para los tiempos que corren -agregó-. En consecuencia, antes de designar al sucesor en el cargo, es necesario aprobar este proyecto para así tener un defensor que de verdad defienda al pueblo de los muchos abusos que los gobiernos y los prestadores de servicios públicos cometen a diario”.
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