El maltrato institucional al adulto mayor, una realidad que preocupa
Cuando aludimos al abuso y maltrato en la vejez, podemos referirnos a un sinnúmero de situaciones en las que el Estado o los particulares son responsables, por acción u omisión.
Tomar conciencia significa empatizar (ponerse en el lugar del otro) con las situaciones que sufren las personas mayores, muchas de las cuáles no tienen sólo que ver con la cuantía de su haber jubilatorio. En la sociedad actual, en la que el individualismo no es un actor secundario, los adultos mayores se encuentran muchas veces solos y desprotegidos frente al Estado, que no les garantiza condiciones de vida dignas y que, en la actualidad, ha agravado la vulnerabilidad de esas personas por la exigencia de medios tecnológicos para acceder a los planes y programas a ellas dirigidos.
El control de las condiciones de encierro en los geriátricos, el acceso a medicamentos, la posibilidad de que los procesos judiciales en que se reclaman actualizaciones de haberes jubilatorios tengan tiempos “razonables” y la persona no fallezca esperando una sentencia que nunca llega, son cuestiones que evidencian una responsabilidad por parte del Estado.
El Estado no puede ser indiferente a esta situación y tiene herramientas a su alcance, que no generan aumento presupuestario alguno, para al menos morigerar el maltrato institucional que sufren las personas mayores.
La Convención Interamericana de sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que rige en nuestro país, establece un marco legal que debe ser tenido en cuenta por la Provincia a la hora de regular la relación entre esta y los adultos mayores.
La brecha digital existente no admite que se le exija a las personas mayores el uso de la tecnología para hacer trámites; por eso es necesaria una ley que les garantice la posibilidad de realizarlos en forma presencial y sin uso de la tecnología cuando lo crean más favorable a sus derechos.
El mal uso de la tecnología puede generar que la persona mayor, como cualquier otro ciudadano, se vea expuesta a fraudes virtuales que ponen en riesgo su seguridad y su propiedad.
Por otro lado, es fundamental una reforma de los códigos procesales vigentes, en la cual se provea despacho preferencial y expedito en aquellos casos en los que se encuentre en riesgo la vida o la salud de las personas mayores.
Esto ya se encuentra consagrado en la Convención Interamericana y tiene un estricto sentido de justicia.
Una indemnización o una actualización jubilatoria debe ser percibida por el damnificado directo y no por sus herederos, situación que muchas veces se verifica en la actualidad en virtud de los tiempos procesales ordinarios. Todo ordenamiento jurídico debe proteger a los sectores más débiles y esta reforma que se propone va en tal sentido.
Quienes trabajaron durante años agregando valor a la economía y quienes educaron y sostuvieron a las generaciones futuras en sus hogares merecen, por parte del Estado y de la ciudadanía, un trato preferencial y humanizado en los últimos años de su vida.
Lo que aquí se plantea no es algo que requiera presupuesto o mayor presencia del Estado, algo muy discutido en estos tiempos, sino que se refiere a tomar medidas muy concretas, que deben ser llevadas a cabo por legisladores y funcionarios que empaticen con lo que les pasa a otros, pero que también indefectiblemente les pasará a ellos.
La vejez nos llega a todos, y todos podemos hacer que sea transitada con dignidad.
* Miembro de Encuentro Vecinal Córdoba
https://www.lavoz.com.ar/opinion/el-maltrato-institucional-al-adulto-mayor-una-realidad-que-preocupa/
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://www.lavoz.com.ar/opinion/el-maltrato-institucional-al-adulto-mayor-una-realidad-que-preocupa/