El juicio contra Cristina Fernández debe realizarse
Un fiscal federal rechazó el pedido de sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández en las causas “Hotesur” y “Los Sauces”, donde se la investiga por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Por el contrario, sostuvo que el juicio debe realizarse.
El dictamen va en contra de las aspiraciones de la vicepresidenta, cuyos abogados vienen demandando su sobreseimiento en las distintas causas que tramita la Justicia en su contra.
Ha conseguido su objetivo en las causas del “dólar futuro” y del “pacto con Irán”. Se trata de cuestiones sensibles, como la delicada situación económica del final de su segundo mandato y la investigación sobre el atentado contra la sede de la Amia, pero que implicaban, en última instancia, decisiones políticas. Controvertidas, sobre materias opinables, pero al fin y al cabo decisiones políticas tomadas por quien se encontraba al frente del Poder Ejecutivo de la República. No es difícil iniciar una causa judicial con ese sustento. Pero es poco probable que la Justicia termine convalidando un juicio cuyo contenido sea singularmente político. Para eso está el Congreso. Es lo que ha ocurrido.
Las causas “Hotesur” y “Los Sauces” son muy diferentes. Son dos expedientes unidos por economía procesal una vez que se confirmaron sus vínculos con la defraudación en la obra pública. Para la Cámara Federal porteña, la corrupción sería el delito precedente de estas investigaciones por lavado: parte del dinero que Lázaro Báez percibió en las obras viales que se adjudicaron sus empresas habría engrosado el patrimonio de Néstor Kirchner y su esposa, a través de supuestos alquileres.
Los abogados de Fernández señalaron que para juzgarla por lavado de dinero se requiere una condena por el delito precedente, actualmente bajo investigación en la causa “Vialidad”. Omitieron que Báez ya fue condenado en la causa de “la ruta del dinero K” porque los contratos que recibió posibilitaron operaciones de lavado de dinero por unos 60 millones de dólares.
Esos contratos son los que se investigan en la causa “Vialidad”, donde se busca demostrar el dispositivo que privilegiaba a las empresas de Báez tanto en el proceso de adjudicación de la obra como a la hora de su pago.
En todas estas causas, el argumento defensivo de la vicepresidenta ha sido el mismo: calificar como absurdo que Báez lavara dinero que recibió del Estado. En el fallo de “la ruta del dinero K”, los jueces describieron la operatoria: Báez volvía informal parte del dinero que le ingresaba y más tarde lo blanqueaba; por ejemplo, cuando entregaba a sus socios lo que les correspondía a través de los alquileres simulados que se investigan en las causas “Hotesur” y “Los Sauces”.
El caso fue elevado a juicio hace un par de años. A la defensa de Fernández se le agotan las posibilidades de impedir su concreción. Como ha sostenido el fiscal, hay peritajes importantes que se incorporarán al expediente en los próximos meses. El juicio oral y público es inevitable.
https://www.lavoz.com.ar/opinion/editorial/el-juicio-contra-cristina-fernandez-debe-realizarse/
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://www.lavoz.com.ar/opinion/editorial/el-juicio-contra-cristina-fernandez-debe-realizarse/