La Voz del Interior @lavozcomar: El Iaraf advierte: sin la búsqueda de equilibrio fiscal, no hay salida

El Iaraf advierte: sin la búsqueda de equilibrio fiscal, no hay salida

En los últimos 62 años, el Estado nunca se ha dado la oportunidad de generar fondos de ahorro genuinos para enfrentar momentos de crisis y mantener constante la provisión de los bienes públicos que ofrece.

La advertencia proviene de un trabajo del economista Nadin Argañaraz quien remarcó que las bondades de no gastar más de lo que ingresa, “pueden entenderse a partir de los efectos negativos que genera sobre el funcionamiento de la economía la existencia de déficits fiscales permanentes”.

El titular del Instituto de Análisis de la Realidad Fiscal (Iaraf) apuntó que la emisión de moneda “es un impuesto no legislado, uno de los más regresivos de los impuestos, penalizando a las personas de menores ingresos de la sociedad”.

Infografía: resultado primario y resultado fiscal

Argañaraz puntualiza que uno de los objetivos de la participación del Estado en la economía es la provisión de estabilidad a variables macroeconómicas clave, especialmente los ingresos de la sociedad, los precios y el nivel de empleo.

Para alcanzar este desafío “se dispone de distintos instrumentos, como son la política tributaria y la de gasto público para la prestación de bienes y servicios”. Un Estado debe administrar sus instrumentos de modo tal de acotar las amplitudes de las mismas.

“Resulta conveniente que la provisión de bienes y servicios por parte del Estado se mantenga relativamente estable, aislada de la dinámica propia del ciclo económico”, explicó. Sólo por esa vía es posible “garantizar una prestación física de bienes y servicios públicos por parte del Estado” (salud, educación, seguridad, justicia), “independientemente de las contingencias económicas de corto plazo”, agregó.

Si no se aprovechan los períodos de auge para generar ahorros, los estados quedan sumamente expuestos cuando el ciclo se revierte, en cuyo caso deben acudir a los mercados de crédito bajo una condición fiscal débil, como ya es conocido en la historia argentina.

En este caso, cuando la solvencia fiscal se ha deteriorado más allá de lo razonable, “las administraciones corren el riesgo de llegar a una crisis sin capacidad de endeudamiento voluntario (cuando más lo necesitan), lo cual las obliga a reemplazar esta fuente de financiamiento por otras menos ortodoxas y deseables”, apuntó el economista.

En la historia reciente, “el desahorro signado por el déficit fiscal ha sido una constante. Considerando el periodo 1961-2022, en solo 6 de 62 años el sector público nacional no financiero ha obtenido mayores ingresos que gastos”.

Esto implica que esas seis décadas, “nunca se ha dado la oportunidad de generar fondos de ahorro genuinos para enfrentar momentos de crisis y mantener constante la provisión de bienes públicos”, agrega.

“Las bondades del equilibrio fiscal sostenible pueden entenderse a partir de los efectos negativos que genera sobre el funcionamiento de la economía la existencia de déficits fiscales permanentes”, contrapuso Argañaraz.

Nadin Argañaraz. Economista, presidente del Iaraf.

Política monetaria

Tener equilibrio fiscal promueve la autonomía de la política monetaria. “Es decir que el diseño de esta última no debe realizarse en función del financiamiento necesario que implica la existencia de déficit fiscal”, prioriza el estudio.

Una inflación baja y previsible “es vital para la toma de decisiones del conjunto de agentes económicos de una economía”. “Principalmente –explicó– para las decisiones de inversión de largo plazo, que constituyen el pilar de un proceso de desarrollo económico sostenido”.

El equilibrio fiscal “implica la eliminación del impuesto inflacionario que se genera cuando el déficit fiscal se financia con la emisión de moneda”, recordó. “Este impuesto no legislado es uno de los más regresivos de los impuestos, penalizando a las personas de menores ingresos de la sociedad”, sentencia el estudio.

Crédito sin presiones

El equilibrio fiscal libera al mercado financiero, explicó Argañaraz, que debe priorizar el financiamiento del sector privado, potenciando el desarrollo de la actividad económica y de la creación de empleo, cosa que en la actualidad no ocurre.

“Si los agentes que ahorran prestan cada vez en mayor medida al Estado, la financiación a privados se ve progresivamente desplazada y en consecuencia el costo del crédito aumenta”, señala. Por ende, las empresas (las Pyme), son las más perjudicadas.

Tanto los costos de capital de la deuda como de los fondos propios están influenciados por la rentabilidad que ofrece la deuda pública. “A mayor déficit habitualmente mayor es la rentabilidad ofrecida por el Estado, penalizando de esta manera a los proyectos de inversión y al consumo de bienes durables”, alerta.

Impuestos lógicos y previsibles

El equilibrio fiscal baja el riesgo que un Estado pueda tomar en el futuro decisiones que impliquen subas de impuestos y pérdidas de rentabilidad. En consecuencia, una carga tributaria previsible genera las bases para decisiones que implican hundir capital con horizonte de largo plazo.

“Un Estado deficitario aumenta la carga tributaria”, plantea el Iaraf. “Si se recurre a impuestos distorsivos se tienen dos efectos importantes: más nivel de impuestos y más distorsiones sobre las decisiones de los agentes económicos. Es decir que disminuye la rentabilidad privada y además se agudiza una ineficiente asignación de recursos”, agrega.

Si la carga tributaria se hace muy elevada, aparecen incentivos a la evasión tributaria, lo que termina generando una mayor ineficiencia en la asignación de los recursos, al tiempo que la informalidad crece progresivamente.

Endeudamiento público

El déficit público financiado con endeudamiento, es una fuente de incertidumbre para el funcionamiento futuro de la economía. Esta incertidumbre es significativa para los sectores productores de bienes comercializables internacionalmente. “Estos tienen mucha presión competitiva internacional y no pueden trasladar fácilmente las subas de impuestos a sus precios”, concluye Argañaraz.

Un elevado endeudamiento público puede poner en riesgo la capacidad de pago en tiempo y forma. Si un Estado debe declarar su incapacidad de pago de sus servicios de la deuda, y estos están concentrados en acreedores externos, puede generar un elevado daño al desarrollo de su economía.

“Una cesación de pagos genera altos costos de reputación, impactando negativamente en inversiones, contratos de compras de bienes y servicios, contratos de venta de bienes y servicios a agentes económicos del país, entre los más visibles”, finaliza.

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