El Gobierno presentó el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años
Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentaron este viernes el proyecto que enviarán al Congreso para bajar la edad de imputabilidad de los actuales 16 años a 13.
Se trata del proyecto de Ley Penal Juvenil, que establece además una serie de medidas de ordenamiento del Código Penal de acuerdo al delito cometido.
Los cambios que introduce el proyecto
Según publica Clarín, en el texto se espera que los adolescentes de entre 13 y 18 años que delinquen pueden ser privados de la libertad en “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo”.
Además, se expresa que se debe comunicar a sus padres de la imputación y los actos procesales.
“El juez y el Ministerio Público fiscal velarán en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas”, detalla el proyecto.
La iniciativa propone que a los adolescentes entre esas edades se les imponga una condena condicional, al tiempo que agrega la necesidad de aplicar conjuntamente medidas complementarias, como “asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes”.
Imputabilidad a los 13 años: las penas que pide el Gobierno
El proyecto indica que las penas serán de 3 a 6 años de prisión “siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no registrare otros procesos o condenas”.
También se detalla que fiscal podrá prescindir “total o parcialmente de la acción penal si el delito tuviere prevista una pena inferior a seis (6) años y no concurrieren otras circunstancias, como la muerte de la víctima, lesiones gravísimas, existencia de otros procesos”.
Sumado a ello, cuando la pena sea inferior a 6 años, podrá iniciarse un proceso de mediación penal con la víctima o sus representantes.
Y, cuando las penas no excedan de tres años, se podrá acceder a la probation
Propone como pena máxima los 20 años y aclara que al cumplir los 2/3 de la condena, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas. Si ellas se incumplen, se sustituirán por una más severa.
Además, propone que la pena pueda reemplazarse por amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, de concurrir a determinados lugares (como establecimientos de espectáculos o deportivos), prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad o monitoreo electrónico.
Agrega que el cumplimiento de las condenas deberá ser verificado por jueces o fiscales. “También por la víctima, si es su deseo”, se aclara.
Investigarán los casos
“En los casos de menores no imputables (quienes tienen menos de 13 años), el juez de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas. En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental, dar intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social”, indica el proyecto.
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