El Gobierno debe ocuparse de la inflación
La incontrolable suba de precios es la principal preocupación de los argentinos, según lo revelan las encuestas de distintas consultoras. La inflación impacta también sobre otra de las principales inquietudes: la inseguridad, visible en el aumento de la delincuencia.
En relación con estos datos, las políticas de la administración de Alberto Fernández y del ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, debieran estar orientadas a combatir este problema.
La “guerra” declarada por el Presidente hace más de un año no tuvo ningún avance sobre un problema multicausal, que provoca serios daños en la organización social y económica.
La razón fundamental es la fuerte emisión que realiza el Gobierno para financiar múltiples proyectos, de fuerte contenido electoralista.
Las autoridades no informaron del costo real del “plan platita” que lanzó el ministro-candidato para intentar mejorar sus chances en la elección del 22 de octubre.
Análisis privados señalan que el costo fiscal para el Estado nacional supera los $ 3 billones, sin que exista, por contrapartida, una reducción de similar envergadura del gasto público.
En forma paralela, la suba de los distintos tipos de dólar provoca un alza de los costos de producción y de importación de insumos básicos.
Pese a la existencia del plan “dólar soja 4″, el Banco Central prácticamente no pudo acumular reservas durante el mes pasado, por sus intervenciones en los mercados al intentar bajar la cotización de la divisa norteamericana.
Los importadores calculan que el ente monetario postergó pagos por más de U$S 11 mil millones, cuya cancelación complicaría los planes de las autoridades que asumirán el 10 de diciembre próximo.
Estas urgencias, como son la caída en los ingresos y la escasez de reservas, son atendidas con parches por parte del ministro-candidato, con el único objetivo de llegar a los comicios y evitar un fogonazo inflacionario.
Otro sector del Gobierno, ligado al kirchnerismo, exhibe como única preocupación avanzar sobre la Justicia para aliviar la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner.
En un llamativo encolumnamiento, el oficialismo logró aprobar el pliego de una jueza que ya había sido apartada por la Corte Suprema de Justicia por llegar a la edad límite para el ejercicio de la magistratura y no contar antes de ese plazo con un nuevo acuerdo del Senado.
Además, ese mismo sector impulsará la semana próxima un dictamen en el juicio contra los miembros del alto cuerpo, con el objetivo de desplazarlos o de desprestigiar su autoridad.
El país está sumergido en una grave crisis socioeconómica, con riesgo de caer en una hiperinflación que afectaría aún más los degradados ingresos de asalariados y de jubilados.
No obstante esta situación, el oficialismo persiste –en el último tramo de la gestión– en atacar a los magistrados que juzgan los hechos de corrupción de las recientes administraciones.
Al mismo tiempo, se suceden notables hechos de desfalco y del mal uso del dinero público, que constituyen una exhibición obscena ante la pobreza, la cual expande su mancha social por la incontrolable suba de precios.
El Gobierno debería ocuparse, con seriedad y en profundidad, del principal problema que aflige a la sociedad.
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