El Estado cada vez puede menos
La inflación les sigue ganando a los salarios, sobre todo en los sectores de menores ingresos. De ello se deriva no sólo que todos los argentinos nos empobrecemos un poco año tras año, sino que paralelamente la desigualdad se acelera.
Los estratos medios y altos pueden recortar algún gasto o financiarlo, recurrir a préstamos familiares, reducir lo que ahorran cada mes, cuando no usar sus ahorros.
Entre quienes menos ganan, por lo general nada de esto es posible. Porque no hay posibilidad de ahorro, porque no están bancarizados o porque ya entraron en mora y refinanciación con el banco, y porque el círculo familiar suele vivir las mismas penurias.
Lo llamativo es que el Estado es el que fija, de manera directa o indirecta, el nivel de ingresos de los sectores que menos ganan.
Un informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba señala que en los últimos cinco años, de noviembre de 2016 a noviembre de 2021, la actualización del salario mínimo, vital y móvil fue inferior al aumento que experimentaron tanto la canasta básica alimentaria como la canasta básica total.
Estas canastas, recordemos, parten de estimar una compra básica de alimentos y luego agregar bienes y servicios no alimentarios (ropa, transporte, educación, salud, etcétera). Quien no cuenta con dinero para solventar la canasta total se ubica por debajo de la línea de la pobreza; y quien sólo puede sobrellevar la canasta básica es considerado indigente.
Según el estudio avalado por la Defensoría del Pueblo cordobés, estas canastas subieron en los últimos cinco años un 463 por ciento (alimentaria) y un 446 por ciento (total), mientras que el salario mínimo aumentó un 323%.
Por lo tanto, un hogar conformado por cuatro personas con este nivel de ingresos, actualmente del orden de los 32 mil pesos, apenas supera la línea de indigencia, que orilla los 30 mil pesos, pero se encuentra muy por debajo de la línea de la pobreza, que está por encima de los 70 mil pesos. En otras palabras, se necesitan algo más de dos salarios mínimos para acceder a la canasta básica total.
El salario mínimo, vital y móvil lo fija el Consejo del Salario Mínimo, integrado por autoridades nacionales, por empresarios y por gremialistas. Sus decisiones afectan a millones de argentinos, de manera directa o indirecta. Por un lado, porque los haberes de muchos empleados, mensualizados o jornalizados, se determinan en función de este salario mínimo. Por el otro, porque tanto las jubilaciones como la mayoría de los planes asistenciales que dependen del Estado se ajustan de manera periódica con base en el aumento que haya experimentado el salario mínimo.
Entonces, si el salario mínimo se actualizara al ritmo de la inflación, el déficit del Estado aumentaría en forma considerable, lo que agravaría los problemas para financiarlo que están en la base de la alta inflación que padecemos.
La paradoja de este desequilibrio social y económico es que, por el empobrecimiento generalizado, el Estado tiene que asistir a más gente, pero la asistencia que ofrece va perdiendo calidad con el tiempo.
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