El entramado que la Justicia federal no puede destrabar para juzgar a los Saillén y a los Catrambone
Desde hace años las autoridades del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) y varios de sus familiares están siendo procesados en el seno de la Justicia federal. Sin embargo, a pesar de que hay tramos de la investigación que están listos para ser llevados a juicio, esa instancia se demora. Hace más de un año y medio que una de las causas fue elevada a juicio y, a pesar de eso, las actuaciones están paralizadas.
Los distintos criterios entre el Tribunal Oral Federal N° 1 (TOF1) de Córdoba, el juez y el fiscal instructor hacen que el expediente salte de un lado a otro y no pueda avanzar. Mientras tanto, los involucrados continúan sin que ninguna de las causas que los tienen como imputados dé un paso decisivo.
Entre febrero y marzo de 2022, cuando todo parecía indicar que uno de los expedientes por defraudación por administración fraudulenta y otros delitos parecía encaminarse hacia el juicio, se desarrollaron una serie de entredichos entre el TOF 1 y el entonces juez instructor (ya retirado) Ricardo Bustos Fierro.
Los miembros del tribunal de juicio declararon la nulidad de actuaciones y se negaron a realizar un juicio que pretenden tenga unificadas las causas que involucran principalmente a las máximas autoridades del gremio, Mauricio Saillén, Pascual Catrambone y Franco Saillén, hijo del primero.
Luego, Bustos Fierro rechazó esa nulidad e insistió que ese tramo de la investigación tiene que ir a juicio porque ya fue confirmada por la Cámara Federal.
Pero desde el TOF1 volvieron a insistir que el juez instructor debe concluir todas las líneas investigativas, agruparlas y mandarlas a juicio para que ellos las ventilen en audiencia pública.
Bustos Fierro también estuvo en desacuerdo con el fiscal que instruye este caso, Enrique Senestrari, a quien le echó la culpa por las demoras al hacer “desgloses” que supuestamente complican la tramitación de los expedientes y dejan actuaciones abiertas que, dijo, demoran el final de (toda) la investigación.
Los 19 acusados de integrar una asociación ilícita que comete con los dineros del Surrbac presuntos delitos como lavado de dinero, defraudación y usura siguen sin llegar a juicio a pesar de abundante prueba reunida.
Se habla de un criterio puntilloso del tribunal que indica que el juicio debe realizarse con “todo listo”, que choca con la apertura frecuente de nuevas líneas de investigación que la misma dinámica de la pesquisa sigue descubriendo. Si esas dos tendencias siguen sin ponerse de acuerdo, difícilmente “el” juicio se realice.
Senestrari ha negado que él sea el responsable de las demoras y cargó contra quien era el juez, Bustos Fierro, quien no hizo prosperar -indicó- investigaciones de la recolección de basura contra funcionarios municipales.
El criterio del TOF1 parece difícil de dirimir porque su “superior” no es la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba sino la Cámara Federal de Casación Penal.
A su vez, hay actuaciones pendientes en la Cámara cordobesa que desde el año pasado debe resolver un recurso para avanzar en otros tramos de la investigación por corrupción en el Surrbac. Si eso se confirma, la unificación estaría más cercana.
Faltan jueces
A su vez, la realidad de los Tribunales federales hace más lentos algunos procesos.
Por un lado, ambas salas de la Cámara Federal están incompletas tras el fallecimiento del Luis Rueda y el reciente “alejamiento” de Ignacio María Vélez Funes.
Algo parecido sucede con los tribunales orales, ambos con necesidad de convocar a un vocal “foráneo” para integrarse. El TOF 1 perdió en esta causa a Carolina Prado por apartamiento, mientras que en el TOF2 no se cubrió la vacante que dejó el retiro de Carlos Julio Lascano. Por un lado, quedan Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci; por el otro, María Noel Costa y José Fabián Asís.
Son algunas de las razones por las que estos tribunales de juicio rechazan los “tramos” de investigaciones, además de asegurar una mayor garantía de los derechos de los acusados.
Si hubiera un tercer tribunal, como el ya creado y designado TOF3, las cosas se simplificarían bastante. Todo está listo, pero no funciona. El TOF3 tiene designados por concurso a sus jueces, Cristina Edith Giordano, Facundo Zapiola y Ángel Francisco Andreu.
También está lista la sede de este “flamante” tribunal, una propiedad que ya está alquilada en el coqueto y cómodo barrio Cofico, en el norte de la ciudad de Córdoba.
¿Qué falta entonces para que arranque?
Algunos lo aseguran, pero cuesta creer: el mobiliario para que los expedientes y el personal puedan desenvolverse. Para eso, afirman fuentes autorizadas, son necesarias varias decenas de millones de pesos, algo que hoy no se consigue con facilidad.
Mientras tanto, la situación de 19 involucrados en la causa Surrbac, particularmente las autoridades de este gremio, sigue sin resolverse. Acaso quieran defenderse en un juicio, pero no pueden hacerlo.
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