El embarazo adolescente requiere una fuerte presencia del Estado
En nuestro país, los embarazos adolescentes se redujeron en más del 50% en los últimos 10 años gracias a la implementación y el sostenimiento de leyes y políticas públicas específicas, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Donde más impactó la reducción del embarazo adolescente fue entre las jóvenes menores de 15 años. Unicef lo asocia a leyes y programas estatales “que promueven la educación sexual integral, la salud sexual y reproductiva, y habilitan el acceso autónomo de las adolescentes al sistema de salud, a métodos anticonceptivos y a decisiones libres e informadas”.
Unicef ha destacado la importancia de dos leyes –la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo– y ha ponderado el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia.
Desde que comenzó este siglo, Argentina discute la mejor manera de abordar este problema, para revertir las cifras. En 2003, por ejemplo, se instrumentó por ley un programa nacional para brindar asesoramiento a toda mujer mayor de 14 años. Tras una década de funcionamiento, aún no había logrado resultados positivos: si, a nivel nacional, en 2004 el 14,4% de los niños nacidos tuvieron una madre adolescente, en 2013 las jóvenes representaron el 15,5% de las parturientas.
El problema no era necesariamente el plan, sino que en diversas cuestiones sociales es imprescindible contar con varias políticas públicas concurrentes y que estas sean sostenidas en el largo plazo, para obtener los resultados deseados. El embarazo adolescente recién empezó a bajar hacia 2018, y esa caída ahora se muestra bastante consolidada.
Como es lógico, estamos hablando de políticas preventivas que deben tener en cuenta muchos aspectos en simultáneo. Por ejemplo, una educación sexual integral, lo que implica mucho más que brindar información sexual, y donde debe participar no sólo la familia, sino también la escuela. Pero la implementación de la ley correspondiente, sancionada en 2006, se ha visto periódicamente frenada por prejuicios de distinto tenor, cuando no ha sido directamente tergiversada.
Una educación sexual integral implica muchas más cosas que aportarles a los jóvenes conceptos biológicos y hacerlos reflexionar sobre ciertas nociones morales. De hecho, esa educación sexual integral, si de verdad queremos bajar el embarazo adolescente, debe ir acompañada de una política de accesibilidad a un servicio médico específico y a los anticonceptivos, y no se debe eludir el abordaje de cuestiones de género que atentan contra la igualdad entre mujeres y varones. Porque los varones jóvenes se resisten al uso del preservativo y suelen forzar por distintas vías las relaciones sexuales. En esos casos, las jóvenes quedan envueltas en situaciones que no han consentido y expuestas al riesgo no sólo del embarazo, sino también de una enfermedad de transmisión sexual.
Como hemos dicho en otras oportunidades, los derechos contemplados en las leyes requieren de partidas presupuestarias para la formación de los agentes públicos encargados de interactuar con la población y para las campañas de difusión que harán que la población conozca sus derechos. El Estado debe comprender que todo dinero destinado a este fin no es un gasto, sino una inversión.
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