El Ejecutivo incluyó cambios y la oposición dialoguista ya analiza la nueva versión
Once títulos, doce capítulos y 279 artículos: así es la nueva versión de la “ley bases” que en la noche de este martes llegó a manos de gobernadores y diputados de la oposición dialoguista. El Poder Ejecutivo incorporó algunos de los cambios solicitados por el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal, que ya analizan en detalle el nuevo texto de cara al debate en comisiones y la firma del dictamen.
La discusión, que promete ser “exprés”, comenzará la semana próxima en el plenario de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, las comisiones adonde fue devuelto el proyecto el pasado 6 de febrero. Paralelamente se trataría el paquete fiscal, cuyo borrador final también se difundió este martes. La intención del oficialismo, en principio, es votar ambos proyectos en el recinto el 24 de abril, para luego dar paso al Senado.
La “ley bases bis”, más acotada que la original, declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, y en ese marco delega una serie de facultades al presidente Javier Milei. En ese sentido, el Ejecutivo retocó a pedido de la oposición la redacción de uno de los artículos más polémicos, el 71 (ahora 70), por el que se apunta a profundizar la desregulación económica con la modificación y derogación de más normas.
En el marco de la reforma del Estado, se habilita al Ejecutivo a “modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”, un tema caliente que Milei vincula a la caída de la “ley ómnibus” original en febrero. A propuesta de la UCR, se respetarán las asignaciones específicas que tengan esos fondos, de modo de que los recursos vuelvan a la masa coparticipable.
El capítulo laboral será incorporado en el dictamen final por los bloques de la oposición colaborativa, que por estas horas intentan consensuar un texto común donde se contemplarán varios puntos del “mega” DNU 70/23. Más allá de esto, en la propuesta del Ejecutivo hay un apartado para regularizar relaciones laborales no registradas o mal registradas.
Las privatizaciones se votarán en dos artículos por separado, cada uno con un anexo de empresas. Aunque la separación de artículos obedeció a un pedido operativo de los radicales, en el bloque siguen viendo como un problema la votación en paquetes y hay resistencia a acompañar en el caso puntual del Banco Nación.
En el primer anexo figuran cuatro empresas sujetas a privatización total (Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo), y otras cinco sujetas a privatización o concesión (AySA, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales). El segundo anexo es el de las privatizaciones parciales, con control mayoritario estatal, e incluye al Banco Nación y cinco empresas del grupo, Nucleoeléctrica, Pellegrini S.A. y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
Por otra parte, el texto contiene capítulos dedicados a la defensa de la competencia, el régimen de hidrocarburos y otro de “incentivo para grandes inversiones” (RIGI) con el que el Gobierno busca captar el apoyo de gobernadores y potenciar sectores importantes de la economía.
Casi al final del proyecto, apareció un artículo que promete polémica, el 274, por el cual se deroga la moratoria previsional sancionada en 2023 durante la gestión de Alberto Fernández (Ley 27.705). “Política de la crueldad”, advirtió uno de los referentes económicos de Unión por la Patria en Diputados, Itai Hagman.
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