El día del cambio
En algo coinciden los candidatos del balotaje: hoy comenzará un cambio. Concluirá, en términos políticos y ultimado por los votos, el gobierno que encabezan Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Queda como herencia una crisis económica explosiva y una situación social de fragilidad extrema. Como en el derrumbe de la convertibilidad, a principios de siglo, los niveles de pobreza e indigencia se han disparado hasta deglutir a la mitad de la población.
Si alguien cree que esta noche concluyen los problemas, tal vez convenga sacudirle la modorra. Porque mañana recién van a comenzar. Con una inflación como la actual, todo lo que se verá en el horizonte será ajuste, restricción, más sacrificio impuesto por el choque inevitable con la realidad.
La reacción del oficialismo para mantenerse en pie le ha añadido a la crisis económica y social un componente político e institucional de primer orden: el Gobierno propone que lo sigan votando porque no estaría en juego esta vez sólo el resultado de su gestión, sino la estabilidad del sistema democrático por cuyas reglas cuatro veces llegó al poder durante los últimos 20 años.
De modo que el Gobierno, ante la carencia de una gestión aceptable para defender de cara a los votantes, resolvió convertir la elección sobre la continuidad o la alternancia política en algo parecido a un plebiscito general sobre el sistema de convivencia. Según su planteo, no se estaría votando hoy un cambio de gobierno sino una transformación del régimen político.
Con ese objetivo, alentó primero y fustigó después la aparición de una alternativa opositora cuyo discurso diera lugar a una extrapolación lo suficientemente drástica como para hacer creíble aquel planteo.
Todos quienes votaron al actual Gobierno y lo defendieron siempre -de manera más o menos silente- salieron en los tramos finales de la campaña a actuar, según sus términos, en defensa del sistema; violentando incluso, al amparo de tan elevado propósito, las normas más elementales de neutralidad del Estado. Porque, según la particular interpretación del oficialismo, las reglas de juego democráticas no admiten la competencia de actores “a la derecha” del gobierno actual. La narrativa utilizada es una que el oficialismo supo ensayar en su momento para justificar algunas derivas autoritarias propias.
Ese relato sostiene que está bajo amenaza, en una disyuntiva histórica irremediable, el consenso democrático de 1983. En verdad, ese consenso tuvo varias evoluciones (e involuciones) desde su formulación en tiempos de la transición de salida de la última dictadura militar.
Tuvo al menos dos acepciones bastante diferenciadas. Para un sector de la sociedad, ese consenso era el de la restauración del Estado de derecho: un acuerdo generalizado en torno del vigoroso contenido político que implicaba y proyectaba por sí mismo el respeto irrestricto de la Constitución nacional.
Para otro sector, ese mismo consenso significaba una cosa distinta: la reivindicación del proyecto de “democracia colectivista” impulsado en 1973 y abortado a poco de iniciar por el gobierno de Juan Perón (y todos quienes lo sucedieron desde entonces), hasta el triunfo electoral de Néstor Kirchner en 2003.
Esta narrativa que nació con el estigma de un antagonismo (más que admitido, provocado desde su lógica constitutiva) propone para la elección de hoy el arcoiris de la unanimidad, en una acción sistémica supuestamente autodefensiva. El mero hecho de que ese relato tenga que buscar los favores de una mayoría arrancando desde un tercio exhausto que arrojó la primera vuelta, debería controvertir su aspiración de unanimidad.
Coincidencias
Lo curioso del caso es que esa construcción discursiva se alimenta de los enunciados y gestos que durante su ascenso político tuvo quien es hoy el principal referente de oposición. Las fuerzas políticas opositoras que se presentan en sumatoria para el balotaje también coinciden sobre el riesgo de un paso transgresor, de la democracia hacia la autocracia. A su modo, también alimentan la argumentación sobre una degradación sistémica, un desliz en dirección a un cambio de régimen político.
La actitud opositora es particularmente objetable cuando se expresa como modo de revisión de algunos de los avances efectivos de la democracia existente. El más destacado: el juicio y condena a los culpables de delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura. Que la revisión judicial de los delitos cometidos por organizaciones armadas haya quedado trunca por indultos cuestionables no justifica la negación de lo que en buena hora se juzgó y condenó sobre el terrorismo de Estado.
En un sentido menos liminar, pero especialmente relevante, tampoco contribuye la promoción de retrocesos en la legislación correctamente sancionada sobre derechos igualitarios ante la diversidad de género.
En el último tramo de campaña, la advertencia opositora sobre riesgos para el funcionamiento democrático tomó la forma de alerta sobre conductas fraudulentas que podrían desvirtuar el sentido del voto. Es cierto que el oficialismo usó el Estado durante la campaña de una manera genéricamente facciosa. Lo que sucedió y no fue denunciado seguramente irá camino a la preclusión de instancia. Pero el fraude comicial es una conducta específica, cuyas manifestaciones están tipificadas en la normativa electoral de un balotaje que aún no sucedió.
La elección de hoy será, en efecto, un plebiscito. Para los votantes de Milei, a favor o en contra del Gobierno. Para los votantes de Sergio Massa, a favor o en contra de Javier Milei. Por sí o por no, será el plebiscito de un cambio que la sociedad no debería enfrentar con miedo. “El miedo, decía Manuel Belgrano, sólo sirve para perderlo todo”.
Una vez resuelto el pleito, comenzarán los problemas que impone la realidad. Se verá entonces si los dos bloques que hoy se enfrentan, en el momento extremo de la polarización, se mantienen consistentes. O si la unidad forzosa de ambos bandos para la segunda vuelta le abre el camino a la diversidad asordinada.
O a la simple y llana fragmentación.
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