El delicado tema de las irregularidades en las pensiones por invalidez
La Agencia Nacional de Discapacidad tomó 3.000 casos al azar entre beneficiarios de pensiones por invalidez y descubrió que el 80% de ellos no reunía los requisitos exigidos por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
El dato fue publicado en las redes sociales por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto a un cuadro que muestra la evolución del número de beneficiarios entre 2003 y 2023. En esos 20 años, la población alcanzada aumentó 1.427 por ciento.
El funcionario dio por sentado que hubo una gran irregularidad en el otorgamiento de las pensiones durante los gobiernos kirchneristas, porque no se registró un aumento sospechoso durante los cuatro años de la presidencia de Mauricio Macri, que incluso quitó beneficios.
En concreto, en 2003 había apenas unas 79 mil pensiones por invalidez y en 2023 eran aproximadamente 1.215.000. En Córdoba, el incremento sería similar al nacional: si en 2003 había apenas 4.902 pensionados, a fines del año pasado eran 85.599.
La pensión no contributiva por invalidez es una asignación mensual que paga Anses y equivale al 70% de una jubilación mínima. En la actualidad, ronda los $ 145 mil. Puede tramitarla toda aquella persona que acredite una invalidez por la que su capacidad laboral se vea reducida en un 76% o más.
Como el cuadro que publicó Francos discrimina la situación por provincia, se puede observar que en algunas el aumento fue muy superior al promedio nacional. Por ejemplo, en Corrientes, el número de pensionados aumentó un 3.285%; y en Santiago del Estero y Chaco, que presentan registros parecidos, el incremento fue del orden del 2.000%.
No cabe duda de que las cifras son sospechosas de por sí. Pero el Gobierno se equivoca, de todas maneras, al difundirlas como si se tratara de algo novedoso, exclusivamente generado por su gestión, a partir de su presunta inclaudicable vocación por detectar casos de corrupción durante las pasadas administraciones.
Si bajo la gestión de Macri el número de beneficiarios no aumentó sino que disminuyó, aunque en una proporción muy pequeña, fue porque en aquellos años ya se había advertido el problema y se tomaron las medidas administrativas necesarias para identificar y dar de baja a quienes no merecían la pensión por invalidez.
Sin embargo, en los primeros meses de 2019, una sala de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad de 2018 que pretendía actualizar los datos de los beneficiarios en los que se sospecharan o se detectaran irregularidades.
Con todo, distintos juzgados federales investigaron la cuestión a partir de denuncias puntuales y detectaron en los últimos años diferentes tipos de organizaciones que lucraban con la gestión y el otorgamiento de este tipo de pensiones.
En Concordia, se descubrió una red que adulteraba certificados médicos, y en San Rafael, una asociación ilícita que elaboraba certificados médicos apócrifos. En este último caso, la operatoria podría haberse iniciado en 2011. En ambas causas, vale aclarar, no se corroboró la participación de partidos políticos, aun cuando fueran imputados profesionales de hospitales públicos.
En consecuencia, la manipulación de datos para deslegitimar a las fuerzas opositoras es otro error de las autoridades.
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