El debate por el juego “online” vuelve a copar la agenda en la Unicameral
Dos años y medio después del temblor político que suscitó el debate y la posterior aprobación de la legalización del juego online en Córdoba, la Unicameral cordobesa volverá a tener el tema en lo más alto de la agenda legislativa.
Será desde la semana que viene, cuando se retome la actividad tras el receso invernal, y en medio de una presión creciente de la Iglesia cordobesa para frenar la penetración del juego: el arzobispo Ángel Rossi afirmó días atrás que “Córdoba le puso un casino en el teléfono a cada chico”.
Tanto el oficialismo como la oposición presentaron proyectos sobre la problemática de las apuestas, un fenómeno que se propagó en los últimos años en el país con la legalización del juego “on line” en la mayoría de las provincias.
Los legisladores del Frente Cívico redactaron una iniciativa que plantea lisa y llanamente la derogación de la Ley 10.973. Cuando fue intendente, Luis Juez se opuso férreamente a la instalación de casinos o slots en la ciudad de Córdoba. Ahora, su bloque planteará voltear la legislación vigente.
El otro proyecto opositor es de autoría de la radical Alejandra Ferrero, titular del interbloque de Juntos por el Cambio, y de extrema confianza del diputado Rodrigo de Loredo. Ferrero plantea una serie de modificaciones a la ley actual que busca restringir el acceso a los menores a las plataformas de juego.
Encuentro Vecinal Córdoba también presentó iniciativas que buscan reducir las chances de apostar.
Desde el año pasado hay cuatro operadoras con licencias por 20 años otorgadas por Lotería de Córdoba para operar en la provincia.
CET, Boldt, Betsson y el Grupo Slots son las cuatro licenciatarias.
Posición oficial
Al tanto de las movidas opositoras y con la intención de no quedar relegado en el debate que se viene, el bloque oficial ingresó un proyecto que coincide con el espíritu restrictivo del de Ferrero. Esas reformas llevan la firma de la legisladora Rosario Acevedo, pero están bajo la supervisión del presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano. El gobernador Martín Llaryora ordenó a su bloque trabajar al respecto. Los dichos del cardenal Rossi calaron hondo en el Gobierno provincial.
Los llaryoristas buscan despegarse de los efectos que está produciendo la norma vigente, especialmente de la problemática que se extiende entre menores de edad y que genera preocupación en la comunidad educativa. Apuntan a que la ley fue una iniciativa que se impulsó en el tramo final de la última gestión de Juan Schiaretti.
Aquella movida fue promovida por el entonces presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Orlando Arduh, hoy funcionario provincial con despacho en el Ministerio de Gobierno.
Al margen de las aclaraciones que parten desde el Panal, lo concreto es que en el oficialismo hay preocupación por el volumen público que pueda tomar la discusión en las próximas semanas. El proyecto del oficialismo ya fue abordado en comisión. La idea de esa bancada es poder compatibilizar su iniciativa con la de Ferrero, algo que fortalecería la posición de avanzar en las reformas sobre la derogación que plantea el juecismo.
Cerca del gobernador creen que el planteo juecista de derogar la ley “no resuelve nada” y desafían al senador a presentar un proyecto en el mismo sentido a nivel nacional, mediante la representación que tiene en el Congreso.
“Si no hay una articulación nacional que fije reglas para todas las provincias, todo lo que se haga acá, sea la derogación o la restricción, se irá a jugar a portales de las otras provincias”, dice una fuente del bloque Hacemos Unidos.
En principio, el proyecto del Frente Cívico no cuenta con los votos suficientes para ser aprobado cuando sea llevado al recinto. De eso es consciente el Gobierno. Pero en el oficialismo preocupa que el mero debate exponga públicamente a quienes se opongan a tumbar la ley. “Vamos a trabajar para evitar el escenario de poner a unos del lado de los buenos y a los otros del lado de los malos”, dicen los Llaryoristas.
El oficialismo pretende generar una mesa de trabajo permanente de la que sean parte el Estado, la Iglesia y los colegios, bajo la idea de consensuar acciones y monitorear la evolución de la problemática.
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