Denuncia contra Alberto Fernández: Fabiola Yañez habló con el fiscal y volverá a declarar
El día después de la conmocionante denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández estuvo lleno de versiones, declaraciones y una certeza legal: la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, a cargo de Carlos Rívolo, se comunicó con la ex primera dama y buscará profundizar, con nuevos aportes, la incipiente investigación sobre violencia de género que involucra a quien fue presidente de la Nación hasta 2023.
En la tarde-noche de este miércoles, la fiscalía informó que había recibido el caso, delegado por el Juzgado Federal N° 10, a cargo de Julián Ercolini, “en el que se investiga la comisión de delitos en ocasión de violencia de género en perjuicio de Fabiola Yañez”.
La fiscalía convocó a la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic) y a la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem) “para brindar inicialmente una acabada protección de la víctima y para el desarrollo de medidas y estrategias de investigación”. Y cerró: “En este orden, se ha tomado contacto con la víctima para interiorizarla del trámite del proceso y las facultades que le otorga la ley, y los pormenores que le serán solicitados en el futuro”.
Así, se confirmó que Rívolo habló con Yañez y que le tomará declaración para que dé precisiones sobre hechos, lugares y fechas. Por ahora, el fiscal no tiene previsto viajar a España, donde reside la mujer, sino que lo haría vía Zoom.
Milei
Este miércoles también hubo declaraciones y posicionamientos trascendentales. Uno fue el del presidente Javier Milei, quien eligió -como es habitual- la red social X para referirse al caso.
Sin mencionar a Fernández ni a Yañez, el libertario habló de “hipocresía progresista”.
Milei insistió en que “la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarles a todos los hombres una responsabilidad sólo por el hecho de ser hombres”.
Horas después, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno había decidido vender el edificio donde funcionaba el Ministerio de la Mujer. “Este tiene un valor aproximado de U$S 12,5 millones y se encuentra en virtual estado de abandono. En 2021 se iniciaron obras para su reparación: nunca se concluyeron”, explicó.
Denuncias
Alberto Fernández se mantuvo en silencio el miércoles, luego de que el martes emitió un breve comunicado (“Jamás ocurrió lo que me imputa”, dijo), lo que no pudo evitar que las versiones sobre su mal estado anímico circularan con fuerza.
A ese contexto se le sumó una nueva acusación judicial en su contra, esta vez por “incumplimiento de deberes públicos” por el rol de la custodia oficial que trabajó en la quinta de Olivos durante los años en los que ejerció la presidencia.
Básicamente, se busca establecer si el entorno de Fernández desprotegió a la ex primera dama.
“Todo habría ocurrido al amparo de un edificio público que había sido puesto al servicio del primer mandatario como vivienda, pero no como aguantadero para la comisión de ilícitos”, dice la denuncia que fue presentada por integrantes del equipo técnico del legislador Yamil Santoro, del partido Republicanos Unidos, agrupación en la que milita Roberto García Moritán, ministro de Desarrollo Económico porteño.
Y agregó que “la eventual agresión física a la entonces primera dama, por parte del primer mandatario, constituiría la vulneración de elementales normas de ética pública de carácter legal y reglamentario”.
La denuncia cayó en el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi.
Seguros
Los supuestos hechos de violencia de Fernández contra Yañez se conocieron a partir de la causa en la que se investiga la contratación de seguros en diferentes organismos del Estado.
En ese marco, el miércoles hubo otra mala noticia para Fernández: la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo del juez Gustavo Hornos, rechazó el pedido de apartamiento de la investigación del juez federal Julián Ercolini que había presentado la defensa del expresidente y dispuso que continuara en el caso.
Fernández había promovido la recusación alegando temor de “parcialidad” de Ercolini al describir que había mantenido una relación personal con el juez a partir de su desempeño común en el ámbito académico de la Universidad de Buenos Aires.
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