Declaraciones desafortunadas
Una vez más, Eugenio Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hizo declaraciones que tergiversan el funcionamiento del sistema judicial argentino.
Tras una larga y meritoria carrera, es vergonzoso que intente hacernos creer que toda la Justicia es facciosa o que la Corte Suprema atenta contra la estabilidad institucional del país.
En esta ocasión, calificó como “aberrante” que la Corte rechazara el recurso presentado por el exvicepresidente Amado Boudou para rever su condena en la causa Ciccone. Según Zaffaroni, esa causa se montó con un testigo comprado y la participación de los servicios de Inteligencia.
Los jueces que intervinieron en primera y segunda instancia entendieron otra cosa muy diferente: que Boudou operó ilegalmente para apropiarse de la imprenta. La Corte, al rechazar el recurso, avaló la actuación de esos jueces ya que dio por sentado que no hubo fallas en el proceso: la imputación estuvo bien formulada y el acusado ejerció con plenitud su derecho a la defensa. Boudou, entonces, no es un preso político; es un político que está preso.
Además, Zaffaroni manifestó que es necesario ampliar el número de miembros de la Corte Suprema porque “no hay ninguna república en que la estabilidad institucional quede en mano de tres personas”. Nuestro máximo tribunal de Justicia, como ocurre en muchos otros países, controla la constitucionalidad de las leyes que emite el Poder Legislativo, de las decisiones que toma el Poder Ejecutivo y de los propios procedimientos judiciales.
En un cuerpo colegiado de cinco miembros, tres es el número mínimo requerido para obtener una mayoría. Eso no implica que tres personas puedan decidir cualquier cosa en contra de lo que hayan expresado millones de argentinos o en contra de la Constitución. En cualquier caso, ¿esa proporción se modificaría sustantivamente si la Corte estuviera integrada por nueve o 15 jueces?
En realidad, el objetivo de Zaffaroni, como en anteriores ocasiones, ha sido defender políticamente a Cristina Fernández, aunque para ello tuviera que presionar al presidente Alberto Fernández.
El Presidente ratificó la intención del Gobierno de “meter mano” en la Justicia, aunque dijo que no habrá indultos. Según sus palabras, se deben “corregir cosas, institucionalmente hablando, cambiar procedimientos y formas”. Y se justificó indicando el asombro que le causó que la Corte rechazara el recurso de Boudou, así como que nunca haya respondido los 11 recursos similares que presentó Cristina Fernández.
Lo que dijo Zaffaroni es que “ninguna reforma judicial desarmará lo ya actuado por la Justicia”; por lo tanto, “sin indulto van a seguir los presos políticos”. Traducido, el kirchnerismo da por sentado que la Corte le responderá a Cristina Fernández como le respondió a Boudou. Conclusión, el indulto presidencial sería la única forma de salvarla.
¿Puede el Presidente afrontar semejante costo político? ¿Correría ese riesgo en un año electoral? ¿Y si se generara una crisis de gobernabilidad? La sociedad no está dispuesta a consentir la impunidad.
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