Debates electorales, una deuda que nadie afronta
Los cordobeses nos quedaremos una vez más sin el derecho a escuchar, en un debate público, los proyectos que ofrecen los principales candidatos a la gobernación de la provincia. Se reiteran las viejas y gastadas argucias de la dirigencia política en tiempos electorales. Esta vez, rumbo a las elecciones del próximo 25 de junio.
En una campaña caracterizada hasta ahora por la medianía de los discursos y por la apatía ciudadana, una instancia de confrontación de ideas y de proyectos entre los contendientes que lideran las encuestas hubiera contribuido a despejar las dudas de muchos votantes que siguen indecisos. En definitiva, a eso apuntan los debates previos a una contienda electoral.
El intendente de Córdoba y candidato a gobernador por Hacemos Unidos por Córdoba, Martín Llaryora, declinó la convocatoria de La Voz para acordar un cruce con su oponente de Juntos por el Cambio, Luis Juez, y eventualmente sumar a dos o tres candidatos más, de las fuerzas con más respaldo electoral.
Como argumento central, Llaryora planteó que participar de un debate que no incluya a los 11 postulantes a la gobernación significaría una falta de respeto para los nueve aspirantes que completan la grilla. Una sutileza a la que echaron mano otros candidatos desde 2011, en la dudosa creencia de que quienes presuntamente lideran las encuestas no deben arriesgarse a un derrape televisivo que les pueda restar votos.
Juez, por su parte, se mostró predispuesto, pero planteó que el debate debe ser un cara a cara entre él y el postulante oficialista.
Una y otra respuesta revelan objetivos políticos y comiciales pasados de moda, lo que nos lleva a la necesidad de que Córdoba regule por ley la realización de estas instancias de confrontación de ideas y de proyectos, con mecanismos claros para determinar quiénes participan y con qué metodologías. La inscripción de 11 candidatos a la gobernación encierra ya un absurdo de la política vernácula. Y a nadie escapa que escenificar un debate de 11 candidatos es inviable y poco esclarecedor para los electores. Apenas es una exposición secuencial de propuestas, sin posibilidades ciertas de contrastarlas, de rebatir ideas, de precisar cómo llevar adelante un proyecto de provincia.
La cuestión no es lineal ni mucho menos selectiva. Desde 2007, La Voz organizó –junto a El Doce y en algunos casos otros medios radiales y televisivos– debates con hasta seis postulantes a gobernador, a intendente de Capital o a legisladores nacionales y provinciales. Y todos pudieron exponer sus ideas y discutir las de sus adversarios en forma ordenada y equitativa. Y con señal abierta para que todos los medios de la provincia lo retransmitieran.
La costumbre de no querer dirimir las controversias públicamente se salvará en Córdoba sólo con la sanción de un instrumento legal como el que existe a nivel nacional desde 2019, cuando se sancionó la ley 27.337, que declara la obligatoriedad de los debates de los principales postulantes a la presidencia.
En otras latitudes –Estados Unidos, por ejemplo–, al final de cada ciclo electoral los dos candidatos con mayores expectativas de triunfo se enfrentan en un debate público que, en algunos casos, llega a definir una elección. En estos ejercicios cívicos, Córdoba sigue atrasando.
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