Cuánto pesa la educación sobre el Presupuesto total: priorizar es el camino
El Gobierno de Córdoba garantiza para el sistema educativo provincial un porcentaje de recursos en cada ejercicio no inferior al 35% del presupuesto general. Esta frase no es una afirmación de la realidad, sino la incumplida manda legal dispuesta en el artículo 109 de la Ley de Educación de Córdoba.
Lamentablemente, según datos del Observatorio Argentinos por la Educación, en el período comprendido entre 2004 y 2021 Córdoba es una de las 12 provincias que redujeron la participación del gasto educativo en sus presupuestos totales.
El esfuerzo presupuestario cordobés en materia educativa, siempre siguiendo la fuente consultada, fue en el primer año de análisis de casi el 25%, llegó al punto más alto en 2011 con el 29% y al más bajo en 2021, con el 20%. Es decir, ni siquiera la obligación impuesta con la sanción de la ley 9.870 en 2010 logró revertir la situación.
Para este año se prometió apenas un 22% del Presupuesto general anual, que hasta el momento no llegó a ejecutarse por completo.
Para 2024, considerando las erogaciones por carácter económico y finalidad (esto significa sin importar qué ministerio ejecuta el presupuesto, sino si su finalidad es educación), el área de educación y cultura tiene asignado el 31% ($ 1,33 billones) del total de desembolsos ($ 4,21 billones).
Ante este dato, podemos tomar dos posturas: centrarnos en la mitad vacía del vaso e irritarnos porque nuevamente no se llega a lo preceptuado en la ley o apreciar la suba respecto del año en curso y entusiasmarnos a pensar que se acerca una gradual tendencia a potenciar la consideración del área educativa dentro de las prioridades gubernamentales.
Cualquiera sea la posición que asumamos, las interpretaciones que pretendamos de la letra de la norma o las operaciones matemáticas que realicemos para comprender el enjambrado presupuesto anual y ver qué tan lejos o cerca estamos de aquel 35% prescripto, lo cierto es que la realidad interpela la urgente necesidad de mayor inversión en educación.
La constante puja por los bajos salarios docentes (aun cuando el 90% del presupuesto se destina a salarios públicos y privados); la depreciada calidad educativa reflejada en las pruebas estandarizadas; la desactualizada y magra formación de los educadores; los escasos equipos interdisciplinarios para ocuparse de los problemas de convivencia; la insuficiente conectividad; las deplorables condiciones edilicias en más de un centenar de escuelas, y la falta de control en los recursos asignados por el Fodemeep, dan muestra del descuido, el abandono, la desidia o el simple desinterés con el que se ha venido gestionando la educación durante las últimas décadas.
Y podemos agregar las escuelas Proa que todavía funcionan en edificios prestados; la deserción escolar que no cesa; la carencia de herramientas, capacitación y profesionales para la enseñanza y contención de chicos con discapacidad; el déficit en la dotación de elementos informáticos y mobiliarios; la baja calidad nutricional del Paicor, la falta de nombramiento docente; el incumplimiento de la jornada extendida, entre otros factores.
Cuando se parte de una situación tan deteriorada en términos de asignación de recursos y de resultados académicos, con altos índices de pobreza y una profunda brecha educativa que deriva en enormes desigualdades de oportunidades, el tamaño del presupuesto educativo sí importa, porque refleja el lugar de la educación en las decisiones políticas y la voluntad del Gobierno de llevar a sus ciudadanos al progreso o al estancamiento.
Sin dudas, 2024 trae consigo no sólo el inicio de otro ciclo lectivo, sino el estreno de un nuevo gobierno provincial, del mismo signo político, pero con diferentes actores; y las familias –como parte de la comunidad educativa y evitando caer en la resignación– encendemos expectativas de que este debutante gobernador venga acompañado de un nuevo ministro y un nuevo secretario de Educación.
Esperamos que ellos, junto con un reestructurado equipo, asuman con la firme convicción y la voluntad política de priorizar la educación, aportando renovadas energías, aires frescos e innovadoras ideas que se vean plasmadas en un plan estratégico de políticas públicas que no sólo aumente y optimice la eficiencia de los recursos, sino que también mejore la gestión, sincere datos, participe a las familias y construya vías que permitan maximizar el rendimiento, la efectividad, la calidad y la equidad educativa.
* Abogada; presidenta de Familias por la Educación Córdoba
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